Desde el Observatorio de Instituciones Políticas (OIP) del Instituto Lebensohn, elaboramos un informe sobre la institucionalidad ambiental en el Estado nacional y en las 24 jurisdicciones subnacionales de la Argentina.
El trabajo releva los organismos responsables de llevar adelante la política ambiental en cada jurisdicción, sus rangos institucionales y principales autoridades, a partir de información sistematizada durante abril de 2026.
Esperamos que esta publicación contribuya a reflexionar sobre el modo en que se organiza institucionalmente la política ambiental en los niveles nacional y subnacional, especialmente en un contexto de retracción de capacidades estatales y redefinición de responsabilidades entre la Nación y las provincias.
Agradecemos especialmente a los voluntarios del OIP, cuya dedicación y compromiso hicieron posible este trabajo y tantos otros aportes del Observatorio.
Los comentarios, sugerencias o críticas pueden enviarse a .
A continuación, presentamos los principales resultados de la investigación.
Prólogo
Lo ambiental estará allí, aunque lo nieguen.
Las instituciones políticas son, en gran medida, un reflejo de las prioridades de una sociedad en un momento determinado de su historia. Por eso, observar la jerarquía que los gobiernos asignan a determinadas áreas de gestión permite comprender no sólo cómo administran los asuntos públicos, sino también cuáles son los desafíos que consideran estratégicos para su desarrollo futuro.
Este informe, realizado por el equipo del Observatorio de Instituciones Políticas (OIP) del Instituto Moises Lebensohn, es una gran herramienta para poder analizar la realidad política desde ese orden de jerarquías que se manifiesta en el Estado como agente.
En los últimos años, Argentina ha atravesado una profunda reconfiguración de su agenda política. Temas que durante décadas parecían consolidados dentro del consenso democrático comenzaron a ser cuestionados en el marco de una nueva disputa cultural e ideológica. Las agendas de género, diversidad, derechos humanos e incluso la propia noción de desarrollo sostenible fueron objeto de críticas que buscaron asociarlas a una supuesta expansión excesiva del Estado o a corrientes identificadas como “comunistas” o “woke”.
Sin embargo, al analizar la estructura institucional de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emerge una realidad más compleja. A diferencia de otras áreas que han perdido centralidad política o presupuestaria, la cuestión ambiental mantiene, en la mayoría de las jurisdicciones, rangos institucionales elevados, expresados en ministerios, secretarías o agencias con competencias específicas. Esta permanencia no implica necesariamente que los funcionarios designados posean siempre la formación técnica o la trayectoria profesional que la complejidad de estos desafíos requiere. Difícilmente una sociedad aceptaría que la conducción de una cartera de Salud quedara en manos de alguien sin conocimientos específicos en la materia; sin embargo, esa exigencia parece todavía menos consolidada cuando se trata de la gestión ambiental. La situación resulta paradójica si se considera que Argentina cuenta con la Ley Yolanda (Ley N.º 27.592, sancionada en 2020), que establece la capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sostenible para quienes ejercen funciones en los distintos poderes del Estado. Aunque su implementación ha sido desigual y muchas veces limitada, la norma expresa un consenso creciente: la gestión ambiental ya no puede ser abordada únicamente desde la intuición política, sino que requiere capacidades técnicas e institucionales acordes a los desafíos del siglo XXI.
La explicación de esta aparente contradicción excede las dinámicas de la política doméstica. La agenda ambiental posee hoy una densidad institucional internacional que difícilmente pueda ser ignorada por cualquier gobierno. Acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París, los compromisos asociados a la biodiversidad, las exigencias de financiamiento de organismos internacionales y los estándares ambientales requeridos por los mercados globales constituyen marcos de referencia que trascienden los ciclos políticos nacionales. Incluso gobiernos que manifiestan una marcada desconfianza hacia las instituciones multilaterales encuentran límites concretos cuando deben interactuar con un sistema internacional que exige cada vez mayores garantías ambientales para el comercio, las inversiones y el acceso al financiamiento.
En el caso argentino, esta tensión resulta particularmente visible. Mientras desde algunos sectores del gobierno nacional se promueve una narrativa crítica respecto del cambio climático o de los organismos internacionales, el país continúa formando parte del Acuerdo de París y mantiene compromisos ambientales que resultan relevantes para su inserción económica global. El propio acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, así como las políticas de financiamiento impulsadas por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF, muestran que la variable ambiental ya no constituye un elemento accesorio, sino una condición creciente para el desarrollo económico y la competitividad internacional.
Pero la persistencia de la agenda ambiental no responde únicamente a presiones externas. También es consecuencia de una transformación profunda en la conciencia social. La ciudadanía comprende cada vez más que recursos como el agua, los bosques, los humedales, los glaciares o la biodiversidad forman parte de un patrimonio colectivo cuya conservación resulta indispensable para el bienestar presente y futuro. Las grandes movilizaciones sociales en defensa de los bienes comunes, desde los debates en torno a la Ley de Glaciares hasta numerosos conflictos socioambientales en distintas provincias, evidencian una demanda social que trasciende identidades partidarias y coyunturas electorales.
En definitiva, el ideal de un Estado completamente ausente encuentra límites concretos cuando se enfrenta a la gestión de los bienes comunes. La protección del ambiente, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la administración de recursos naturales son funciones que difícilmente puedan ser reemplazadas por mecanismos exclusivamente de mercado. La experiencia internacional demuestra que el desarrollo sostenible requiere instituciones capaces de equilibrar crecimiento económico, inclusión social y preservación ambiental.
Este informe ofrece una mirada valiosa sobre cómo las provincias argentinas han estructurado institucionalmente esa responsabilidad. Más allá de los debates ideológicos del presente, constituye una contribución para comprender de qué manera la política subnacional está respondiendo a uno de los grandes desafíos del siglo XXI: construir capacidades estatales que permitan gestionar los bienes comunes en un contexto de creciente complejidad ambiental, económica y social.
El tiempo dirá cómo evolucionan estas instituciones, pero resulta evidente que la demanda ciudadana, los compromisos internacionales y la propia realidad ecológica seguirán exigiendo respuestas a la altura de las circunstancias.
Saludo y felicito a mis colegas del equipo de OIP por este maravilloso trabajo; novedoso y necesario.
Javier J. Vazquez, Coordinador del Observatorio de Desarrollo Sostenible de Instituto Moisés Lebensohn, Junio 2026.
Introducción
El cambio de Gobierno nacional producido en diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión en la institucionalidad ambiental argentina. Durante la gestión de Alberto Fernández, las competencias nacionales en la materia estuvieron organizadas bajo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una estructura con rango ministerial y presencia específica dentro del gabinete nacional. Con la presidencia de Javier Milei, esa arquitectura fue desjerarquizada. El área perdió rango ministerial y quedó reducida a una subsecretaría, primero dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y, luego, dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente. Esta modificación excedió el plano administrativo y funcionó como una señal política sobre el lugar asignado al ambiente dentro de las prioridades del Estado nacional.
La desjerarquización institucional se produjo en paralelo a un proceso de fuerte ajuste fiscal, prórroga presupuestaria y retracción de capacidades estatales. En ese marco, el Gobierno nacional avanzó hacia una redefinición práctica de sus responsabilidades ambientales. Redujo partidas, subejecutó programas estratégicos, eliminó o debilitó instrumentos financieros específicos y desplazó hacia las provincias una parte creciente de la carga de gestión, control y respuesta frente a problemas socioambientales. Esta transferencia de hecho no fue acordada, planificada ni acompañada por recursos. Se produjo bajo la lógica de que determinadas funciones dejan de ser asumidas como competencia nacional y deben ser absorbidas por las jurisdicciones subnacionales.
Este desplazamiento tiene consecuencias institucionales relevantes. En un país federal, las provincias tienen un rol central en la gestión de los recursos naturales y en la implementación territorial de políticas ambientales. Esa responsabilidad convive con el papel del Estado nacional en materia de coordinación, financiamiento, regulación, planificación estratégica y cumplimiento de presupuestos mínimos. Cuando la Nación se retira sin acordar criterios comunes ni garantizar capacidades equivalentes, se debilita la coordinación federal y se profundiza la fragmentación institucional. Cada provincia queda obligada a responder con estructuras, presupuestos y capacidades desiguales frente a desafíos que, por su escala, exceden los límites administrativos provinciales.
El análisis presupuestario elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, (FARN), permite dimensionar este proceso. En 2024, la prórroga del Presupuesto 2023, en un contexto de alta inflación y ajuste fiscal, implicó una reducción real del 26,3 % del Presupuesto nacional, con recortes en partidas ambientales que oscilaron entre el 34 % y el 81 %. En 2025, la tendencia se profundizó. El presupuesto nacional registró una caída real del 28,8 % respecto de 2023 y algunas políticas ambientales tuvieron reducciones especialmente severas, como el Fondo Nacional para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos, con caídas reales cercanas al 95 %. Para 2026, FARN proyecta la continuidad del deterioro. La Subsecretaría de Ambiente tendría una caída real del 79,6 % respecto de 2023, mientras que la Administración de Parques Nacionales arrastra una reducción real del 39,3 % y subejecución presupuestaria en 2025.
Este cuadro muestra que la degradación de la política ambiental nacional tiene una dimensión institucional y una dimensión presupuestaria. En el plano institucional, el área perdió jerarquía dentro del organigrama estatal y capacidad de incidencia transversal sobre otras políticas públicas. En el plano presupuestario, la reducción de recursos afecta programas vinculados a bosques nativos, manejo del fuego, áreas protegidas, energías renovables, control ambiental, protección de áreas marinas y adaptación frente a la crisis climática. La combinación de menor jerarquía, menor presupuesto y mayor dispersión de responsabilidades reduce la capacidad estatal para anticipar, regular y gestionar conflictos socioambientales.
La primera titular del área ambiental durante la administración libertaria fue Ana Lamas, abogada de la Universidad de Buenos Aires, que, al momento de asumir, contaba con 4 (cuatro) antecedentes de gestión pública en el ejecutivo nacional y 1 (uno) en el ejecutivo subnacional. Según consignó La Nación, Lamas había ingresado al Gobierno nacional por intervención de Guillermo Francos, ex ministro del Interior y ex jefe de Gabinete de Javier Milei: “(Nos conocemos de) la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Él era concejal del Partido Federal y yo secretaria legislativa del bloque de la UCeDé”, recordó Lamas en declaraciones a la prensa.
Aduciendo razones personales, Lamas presentó su renuncia y fue nombrado Fernando Brom subsecretario de Ambiente. Brom es licenciado y doctorando en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina con un posgrado en marketing del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Dedicado siempre al sector privado, ingresó a la Administración Pública de la mano del gobierno libertario siendo nombrado vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), consignando 1 (un) antecedente en el ejecutivo nacional.
En este contexto, el presente informe analiza cómo se organizan las políticas ambientales en las 24 jurisdicciones argentinas. El objetivo consiste en observar la arquitectura institucional que sostiene esas políticas. Para ello, se releva si el área competente tiene rango ministerial, secretarial, subsecretarial o inferior, de dónde depende el área, si fue jerarquizada, degradada o mantuvo continuidad respecto del período anterior y qué perfil tiene la persona designada al frente del área.
La pregunta que ordena el informe es si, frente a la retracción del Estado nacional, las provincias cuentan con estructuras institucionales suficientes para absorber mayores responsabilidades ambientales. En otros términos, se busca identificar si la transferencia de hecho impulsada por el Gobierno nacional encuentra a las jurisdicciones subnacionales con áreas jerarquizadas, conducción especializada y capacidades políticas mínimas, o si se produce sobre un mapa federal heterogéneo, fragmentado y desigual. La hipótesis de partida sostiene que la señal política emanada desde el Gobierno nacional tendría un correlato institucional en el plano subnacional: si la desjerarquización ambiental a nivel federal expresaba una orientación deliberada, cabría esperar que las provincias exhibieran una tendencia análoga en sus propias estructuras, ya fuera por afinidad ideológica con el ciclo político nacional o por la legitimación simbólica que ese clima otorgaba a la reducción del aparato estatal.
REGIÓN CUYO
Mendoza
En la Provincia de Mendoza, durante el gobierno de Rodolfo Suárez (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. La Secretaría estuvo conducida por Humberto Mingorance (UCR), quien había asumido el área en 2015, durante la gestión de Alfredo Cornejo, y continuó en el cargo durante la administración siguiente.
Con el regreso de Alfredo Cornejo (UCR) a la gobernación en 2023, la cartera ambiental fue jerarquizada y pasó a denominarse Ministerio de Energía y Ambiente. La titular designada fue Jimena Latorre.
Latorre tenía 37 años al momento de asumir. Es abogada egresada de la Universidad de Mendoza, institución privada y laica; cuenta con una Diplomatura en Código Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), de carácter público y laico; y es maestranda en Gobierno y Administración Pública Latinoamericana en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, institución pública y laica.
En el plano profesional, se desempeñó en el sector público antes de asumir la conducción del Ministerio. Registra cuatro (4) antecedentes en la administración estatal: uno (1) de carácter técnico en el Poder Ejecutivo nacional, como asesora legal en el Ministerio de Transporte; dos (2) en el Poder Ejecutivo subnacional, como Jefa de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza y como presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico; y uno (1) en el ámbito legislativo nacional, como Diputada Nacional por Mendoza. Posee afiliación partidaria a la Unión Cívica Radical (UCR).
San Juan
En la Provincia de San Juan, durante la segunda gestión de Sergio Uñac (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de manera directa del Poder Ejecutivo provincial. En ese período, la Secretaría tuvo dos titulares: Raúl Tello, entre 2019 y 2021, y Francisco Guevara, entre 2021 y 2023.
Con el inicio de la gestión de Marcelo Orrego en 2023, el área ambiental conservó el rango de secretaría de Estado y su dependencia directa del gobernador. El titular designado fue Federico Ríos Yáñez.
Ríos Yáñez cuenta con formación académica correspondiente al nivel universitario. Es abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, institución privada y religiosa, y se desempeña como profesor universitario en esa misma casa de estudios.
En el plano profesional, registra antecedentes en el ámbito legislativo subnacional y municipal. Se desempeñó como secretario de bloque entre 2015 y 2017, fue secretario administrativo en el Concejo Deliberante de Rivadavia entre 2018 y 2019, y concejal de Rivadavia entre 2019 y 2023, período en el que también ejerció la vicepresidencia primera del cuerpo. Registra tres (3) antecedentes principales: Legislativo Subnacional: 1; Legislativo Municipal: 2.
No se pudo constatar afiliación partidaria formal; sin embargo, por su inserción en los equipos técnicos del gobernador Orrego, se lo puede consignar como vinculado políticamente al espacio Producción y Trabajo / Unidos por San Juan.
San Luis
En la Provincia de San Luis, durante el último mandato de Alberto Rodríguez Saá (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En ese período, la Secretaría estuvo conducida por Natalia Spinuzza hasta 2022. Para el tramo 2022-2023 no se encontró una comunicación oficial clara sobre el traspaso de mando; una fuente periodística provincial informó, a partir de una consulta a la propia Secretaría, que desde marzo de 2022 el área habría quedado a cargo de Fabián Filomena Baigorria, entonces ministro de Gobierno, Justicia y Culto. Por ese motivo, conviene consignar el dato como información secundaria y no como designación oficialmente constatada.
Con el inicio de la gestión de Claudio Poggi (2023-2027), la Secretaría conservó su rango dentro del organigrama provincial. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, el titular fue Federico Javier Cacace (UCR). Desde marzo de 2026, la Secretaría está a cargo de Daniel Federico Berro (UCR), quien venía desempeñándose como director de Biodiversidad dentro de la misma cartera.
Berro, de 35 años, cursó estudios en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), institución pública y laica. Según la información oficial disponible, al momento de su designación se encontraba finalizando la tesis para obtener el título de licenciado en Administración. Su formación académica corresponde al nivel universitario, aunque el título de grado debe consignarse como en curso o pendiente de finalización.
En el plano profesional, registra antecedentes en el sector público subnacional y en el ámbito universitario. Fue jefe del Departamento de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, sede Villa Mercedes, y luego director de Biodiversidad del Gobierno de la Provincia de San Luis. Registra un (1) antecedente principal: Ejecutivo Subnacional: 1. Posee pertenencia política a la Unión Cívica Radical (UCR).
REGIÓN NEA
Chaco
En la Provincia del Chaco, durante el último gobierno de Jorge Milton Capitanich (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales fueron jerarquizadas con la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible en 2022. La cartera estuvo conducida por Marta Elena Soneira (PJ) hasta el final de la gestión.
Con el inicio de la gestión de Leandro Zdero (UCR) en 2023, el área ambiental fue degradada de ministerio a subsecretaría y pasó a depender del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. La Subsecretaría de Ambiente está actualmente a cargo de Mariano Sebastián Moro, bajo la órbita del ministerio conducido por Oscar Pablo Dudik.
Moro, de 64 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), institución pública y laica. Su formación académica corresponde al nivel universitario. Además, registra formación de posgrado en gestión pública y derecho internacional, aunque la información disponible en la ficha original no permite reconstruir con precisión completa el carácter institucional de todos esos trayectos formativos.
En el plano profesional, registra antecedentes en el ámbito académico, estatal, judicial y técnico-ambiental. Fue docente por concurso en Derecho Privado II y III en la UNNE entre 1988 y 2010; se desempeñó como jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Delegación Resistencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura entre 1988 y 2019; fue conjuez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco; fundó y dirigió el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Resistencia; y fue co-redactor del Código Ambiental de Resistencia. Registra dos (2) antecedentes computables en la administración estatal: Ejecutivo Nacional: 1; Judicial Subnacional: 1.
En cuanto a su pertenencia política, existen antecedentes públicos de participación en espacios internos de la Unión Cívica Radical: en 2011 fue mencionado como precandidato a concejal por una línea interna radical y en 2021,, Encuentro Cívico, espacio interno de la UCR chaqueña, lo propuso para presidir el Comité Capital del partido. Por lo tanto, corresponde consignarlo como vinculado políticamente a la Unión Cívica Radical (UCR).
Formosa
En la Provincia de Formosa, durante el período 2019-2023, las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo del Ministerio de la Producción y Ambiente, dependiente de manera directa del Poder Ejecutivo provincial. Dentro de esa cartera, el área técnica específica fue la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental. En ese período, el ministerio tuvo dos titulares: Raúl Oscar Quintana, hasta 2022, y Osvaldo Alejandro García, entre 2022 y 2023. La subsecretaría ambiental estuvo conducida por Hugo Bay.
Durante la nueva gestión de Gildo Insfrán, iniciada en 2023, no se registran cambios relevantes en el rango institucional del área ambiental: el Ministerio de la Producción y Ambiente conservó su lugar en el organigrama y la agenda ambiental continuó radicada en la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental. Actualmente, el ministro es Lucas Federico Rodríguez y la titular del área técnica ambiental es Natalia Elizabeth Beatriz Lupia. El organigrama oficial la consigna como subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental.
Lupia es ingeniera forestal y profesora. Su formación académica corresponde al nivel universitario: obtuvo el título de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Formosa, institución pública y laica.
En el plano profesional, registra antecedentes en el ámbito educativo y en el Poder Ejecutivo subnacional. Se desempeñó como docente de Producción Vegetal en una escuela agrotécnica de Formosa, donde coordinó proyectos vinculados a producción sustentable y aprovechamiento de recursos forestales. Luego pasó a integrar la estructura del Ministerio de la Producción y Ambiente, donde actualmente conduce la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental. Registra un (1) antecedente computable en la administración estatal: Ejecutivo Subnacional: 1.
No se pudo constatar una afiliación partidaria formal en fuentes públicas disponibles. Por su continuidad dentro del esquema institucional del gobierno provincial, corresponde consignarla como funcionaria vinculada políticamente al oficialismo formoseño / Modelo Formoseño, sin registrar afiliación partidaria comprobada.
Misiones
En la Provincia de Misiones, durante el gobierno de Oscar Herrera Ahuad (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. En ese período, el ministerio tuvo dos titulares: Mario Vialey, entre 2019 y 2021, y Víctor Kreimer, entre 2021 y 2023.
Con el inicio de la gestión de Hugo Mario Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) en 2023, el área ambiental mantuvo rango ministerial y conservó su ubicación como cartera específica dentro del organigrama provincial. El titular designado fue Martín Antonio Recamán. El organigrama oficial vigente lo consigna como ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
Recamán, de 45 años, es arquitecto egresado de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), institución privada y religiosa. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, comenzó su trayectoria en el sector privado, con tareas vinculadas a su formación profesional. Luego ingresó al sector público, primero en equipos de planificación de la Municipalidad de Posadas y posteriormente en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, cartera en la que registra continuidad desde 2010. Allí ocupó cargos técnicos y ejecutivos, entre ellos director general de Sistema de Información Geográfica, técnico en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y subsecretario de Ordenamiento Territorial. Registra tres (3) antecedentes principales: uno (1) ejecutivo municipal, dos (2) ejecutivo subnacional.
En el plano político, fue candidato a intendente de Posadas en 2023 por el sublema Nativos Renovadores, dentro del Frente Renovador de la Concordia. La información pública disponible permite consignarlo como dirigente vinculado orgánicamente al partido por el que fue candidato la elección pasada.
Corrientes
En la Provincia de Corrientes, durante la segunda gestión de Gustavo Valdés (2021-2025), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), organismo autárquico del Estado provincial. El ICAA fue creado el 6 de diciembre de 2001 por el Decreto Ley N.º 212/01 y actúa como autoridad de aplicación en materia de recursos hídricos, gestión ambiental, tierras e islas fiscales y minería.
Durante ese período, el organismo tuvo dos titulares: Alejandra Eliciri, quien continuaba al frente del ICAA al menos hasta abril de 2022, y Mario Antonio Salvia, designado administrador general por Decreto N.º 1921/2022 a partir del 4 de julio de 2022.
Con el inicio de la gestión de Juan Pablo Valdés (UCR) en diciembre de 2025, el área ambiental conservó su ubicación institucional bajo la figura del ICAA. El titular designado fue Sebastián Perborell.
Perborell es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), institución pública y laica.
En el plano profesional, no se encontraron antecedentes comprobados en cargos previos de gestión pública. La información pública disponible muestra una trayectoria principalmente vinculada al sector privado: figura como referente comercial de Gleba para la región NEA.
En cuanto a su pertenencia política, la ficha de trabajo lo consigna como afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), aunque en esta revisión no se constató una fuente pública abierta que permita verificar formalmente esa afiliación. Corresponde dejarlo como vinculado políticamente al oficialismo radical correntino, con afiliación formal pendiente de constatación registral.
REGIÓN NOA
Tucumán
En la provincia de Tucumán, las políticas ambientales se encuentran institucionalizadas por debajo del rango ministerial. Durante el período 2019-2023, el área tuvo jerarquía de secretaría bajo la denominación Secretaría de Medio Ambiente y dependió del Ministerio de Desarrollo Productivo. En ese período, la conducción estuvo a cargo de Alfredo Montalván, quien ya registraba una trayectoria previa al frente del área, tras haber ocupado el cargo durante la gestión de José Alperovich y retomarlo nuevamente en 2015.
Con el inicio de la gestión de Osvaldo Jaldo en 2023, el área ambiental fue degradada de secretaría a subsecretaría. La actual Subsecretaría de Medio Ambiente pasó a depender de la Secretaría de Producción, dentro del Ministerio de Economía y Producción. Montalván continuó inicialmente en el cargo como subsecretario, pero en octubre de 2024 fue reemplazado por Facundo Gabriel Moreno Majnach, quien continúa al frente del área.
Moreno Majnach es abogado y procurador egresado de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), institución privada y confesional. Además, cuenta con formación de posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Tucumán y una Diplomatura Universitaria en Ciudades y Comunidades Sostenibles, Resilientes e Inclusivas por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ambas instituciones públicas y laicas. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
Su trayectoria profesional combina antecedentes en el sector público, el ejercicio privado y la docencia universitaria. Registra 1 antecedente en el ejecutivo provincial. No se pudo constatar afiliación partidaria formal en fuentes públicas abiertas, por lo que corresponde consignarlo como funcionario del gobierno provincial con afiliación partidaria no verificada.
Catamarca
En la Provincia de Catamarca, durante la primera gestión de Raúl Jalil (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. En ese período, la cartera mantuvo rango ministerial y no se registraron cambios estructurales relevantes en el organigrama del área. El titular fue Lucas Zampieri.
Con el inicio de la segunda gestión de Raúl Jalil en 2023, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente conservó su rango institucional. El titular designado fue Eduardo Niederle, quien asumió en reemplazo de Lucas Zampieri.
Niederle es ingeniero. No se encontró información pública suficiente para constatar la universidad en la que cursó sus estudios, ni estudios de posgrado. Por lo tanto, su formación académica corresponde al nivel universitario, con institución de egreso no disponible.
En el plano profesional, registra antecedentes en la administración estatal provincial. Fue secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Catamarca. Además, antes de asumir como ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, se desempeñó como ministro de Infraestructura y Obras Civiles de la Provincia de Catamarca. Registra dos (2) antecedentes en la administración estatal: uno (1) en el Poder Ejecutivo subnacional, uno (1) en el Poder Ejecutivo municipal. Registra afiliación al Partido Justicialista de Catamarca.
La Rioja
En la Provincia de La Rioja, durante la primera gestión de Ricardo Quintela (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente. En ese período, la Secretaría estuvo conducida por Santiago Azulay, quien es titular del área desde 2015.
Con el inicio de la segunda gestión de Ricardo Quintela en 2023, el área ambiental conservó el rango de secretaría y mantuvo su dependencia dentro del Ministerio de Producción y Ambiente. Se verifica continuidad institucional y continuidad en la titularidad del área, dado que Santiago Azulay permanece al frente de la Secretaría de Ambiente.
Azulay es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), institución pública y laica. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, ejerció la abogacía durante dieciocho (18) años antes de ingresar a la función pública ambiental provincial. Desde 2015 se desempeña como secretario de Ambiente de La Rioja y, en ese marco, también presidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Registra un (1) antecedente en el Poder Ejecutivo subnacional, Registra afiliación al Partido Justicialista de La Rioja.
Salta
En la Provincia de Salta, durante la primera gestión de Gustavo Sáenz (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. En ese período, la secretaría estuvo conducida por Alejandro Aldazábal.
Con el inicio de la segunda gestión de Gustavo Sáenz en 2023, el área ambiental mantuvo rango de secretaría. Actualmente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable depende del Ministerio de Producción y Minería y continúa bajo la conducción de Alejandro Aldazábal. El sitio oficial del Gobierno de Salta lo consigna como secretario del área.
Aldazábal, de 56 años, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), institución pública y laica. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, comenzó su carrera como docente en el Instituto Superior de Carreras de Las Lajitas. Luego se desempeñó en el sector público provincial, donde fue jefe del Programa de Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y coordinador de Habilitaciones en la misma cartera. Posteriormente, fue responsable técnico del Consorcio para la Conservación de Suelos del Río Dorado del Valle. Registra tres (3) antecedentes principales en el Poder Ejecutivo subnacional. No registra afiliación partidaria.
Jujuy
En la provincia de Jujuy, las políticas ambientales se encuentran institucionalizadas al más alto nivel, con rango ministerial desde 2015. Desde entonces, el área ha mantenido esa jerarquía durante las gestiones de Gerardo Morales y Carlos Sadir, ambas de la Unión Cívica Radical. A lo largo de este período, el ministerio adoptó distintas denominaciones, primero como Ministerio de Ambiente y luego como Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, nombre que se mantiene en la actualidad.
La cartera fue conducida por María Inés Zigarán, técnica en Comunicación Social y afiliada a la Unión Cívica Radical, desde 2015 hasta 2025. En ese año fue reemplazada por Leandro Álvarez.
Álvarez, de aproximadamente 60 años, es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, institución pública y laica. No se registran en fuentes públicas otros estudios formales, por lo que su nivel educativo alcanzado es universitario. En cuanto a su trayectoria profesional, no se ha podido constatar información detallada más allá de un (1) antecedente en el sector público, donde se desempeñó como presidente de la Empresa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Sociedad del Estado de la provincia de Jujuy, en el ámbito del poder ejecutivo provincial. No registra afiliación partidaria.
Santiago del Estero
En la Provincia de Santiago del Estero, durante el período 2019-2023, las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente. En ese período, la subsecretaría estuvo conducida por Carlos Salmoiraghi.
Con el inicio de la gestión de Elías Suárez en diciembre de 2025, el área ambiental conservó rango de subsecretaría y continuó bajo la órbita del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierra y Medio Ambiente, actualmente conducido por Néstor Machado. El titular designado fue Pablo Fuentes.
Fuentes es contador público. No se encontró información pública suficiente para constatar la universidad en la que cursó sus estudios, ni estudios de posgrado. Por lo tanto, su formación académica corresponde al nivel universitario, con institución de egreso no disponible.
En el plano profesional, registra antecedentes en la administración estatal provincial. Se desempeñó como contador general del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras; luego ocupó cargos de subsecretario en áreas productivas de la misma cartera, entre ellas la Subsecretaría de Producción; y desde diciembre de 2025 está a cargo de la Subsecretaría de Ambiente. Registra tres (3) antecedentes principales en el poder ejecutivo subnacional. No se pudo constatar afiliación partidaria formal en fuentes públicas disponibles.
REGIÓN CENTRO EXTENDIDA
CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante el segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente (Ambiente BA), dependiente de la Jefatura de Gobierno (AJG). En ese período, la Secretaría tuvo dos titulares: Eduardo Macchiavelli (PRO), entre 2019 y 2021, e Inés Gorbea (UCR), entre 2021 y 2023.
Con el inicio de la gestión de Jorge Macri (PRO) en 2023, Ambiente BA fue degradada de secretaría a subsecretaría y trasladada en el organigrama a la órbita de la Vicejefatura de Gobierno (AVJG). La titular designada fue Natalia Persini.
Persini, de 40 años, es licenciada en Gestión Ambiental por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), institución privada y laica, y cuenta además con una Diplomatura en Tecnología, Derecho y Ambiente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), también de carácter privado y laico. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, se desempeñó entre 2008 y 2010 en el sector privado y, desde 2010, de manera exclusiva en el sector público. Registra cinco antecedentes en la administración estatal: uno en el ámbito municipal, dos en el ámbito legislativo subnacional y dos en el ejecutivo subnacional. Posee afiliación partidaria a Propuesta Republicana (PRO).
PBA
En la Provincia de Buenos Aires, durante la primera gestión de Axel Kicillof (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales fueron jerarquizadas con la creación del Ministerio de Ambiente provincial en 2021. La cartera reemplazó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y quedó bajo la conducción de Daniela Vilar.
Con el inicio de la segunda gestión de Axel Kicillof en 2023, el área ambiental conservó rango ministerial y continuó bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial. La titular ratificada fue Daniela Vilar, quien permanece actualmente como ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. El sitio oficial del ministerio la consigna como autoridad máxima de la cartera.
Vilar es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución pública y laica, y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, institución privada y laica. Asimismo, realizó un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Su formación académica corresponde al nivel universitario y de posgrado.
En el plano profesional, se desempeñó como docente en escuelas secundarias del partido de Lomas de Zamora. En 2015, fue electa concejal por el Frente para la Victoria y, en 2019, diputada nacional por el Frente de Todos, cargo que ejerció hasta 2021. Desde ese año conduce el Ministerio de Ambiente bonaerense. Registra tres (3) antecedentes principales: uno (1) legislativo municipal, uno (1) legislativo nacional y uno (1) ejecutivo subnacional. Posee pertenencia partidaria al Partido Justicialista (PJ). Es presidenta del PJ de Lomas de Zamora.
Córdoba
En la Provincia de Córdoba, durante el segundo mandato de Juan Schiaretti (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación. En ese período, la secretaría estuvo conducida por Juan Carlos Scotto.
Con el inicio de la gestión de Martín Llaryora en 2023, el área ambiental fue jerarquizada y pasó a constituirse como Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial. La titular designada fue Victoria Flores. En diciembre de 2025, la cartera fue degradada a Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, conservando a Flores como titular del área.
Flores, de 48 años, es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), institución pública y laica, y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, institución privada y religiosa. Su formación académica corresponde al nivel universitario y de posgrado.
En el plano profesional, registra antecedentes en el ámbito legislativo municipal y en la administración estatal. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional de San Juan, candidata a senadora nacional suplente, concejal de la Ciudad de Córdoba entre 2015 y 2019 y presidenta del ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) desde 2019. Desde diciembre de 2023 conduce el área ambiental provincial. Registra cuatro (4) antecedentes principales: uno (1) legislativo municipal, uno (1) ejecutivo municipal y dos (2) ejecutivo subnacional. Posee afiliación partidaria al Partido Justicialista (PJ) de Córdoba.
Entre Ríos
En la Provincia de Entre Ríos, durante la gestión de Gustavo Bordet (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción. En agosto de 2022, dicho ministerio fue disuelto y el área ambiental pasó a depender directamente de la Secretaría General de la Gobernación, con rango ministerial. En ese período, la Secretaría tuvo dos titulares: Martín Barbieri (PJ), entre 2019 y 2021, y María Daniela García, entre 2021 y 2023.
Con el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio en 2023, el área ambiental mantuvo rango de secretaría y volvió a depender de la cartera productiva, actualmente denominada Ministerio de Desarrollo Económico. La titular designada fue Rosa Mirta Hojman. La Secretaría de Ambiente de la Nación la consigna como secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.
Hojman es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución pública y laica. Además, se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), cuenta con un posgrado en Educación Ambiental y formación como mediadora general, educativa, ambiental y comunitaria. Su formación académica corresponde al nivel universitario y de posgrado.
En el plano profesional, registra antecedentes en el ámbito municipal y legislativo. Trabajó en el Centro de Mediación Comunitaria de la Ciudad de Paraná, fue asesora en comisiones de Ambiente y Salud, y se desempeñó como subsecretaria de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná durante la gestión de Sergio Varisco, hasta diciembre de 2019. Registra tres (3) antecedentes principales: Ejecutivo Municipal: 2; Legislativo Municipal: 1.
En cuanto a su pertenencia política, se la consigna como dirigente vinculada a la Coalición Cívica. Fue parte de la gestión de Sergio Varisco y fue candidata de espacios relacionados con Elisa Carrió. No se posee afiliación formal en el Registro Nacional de Afiliados.
La Pampa
En la Provincia de La Pampa, durante la primera gestión de Sergio Ziliotto (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Ambiente. En ese período, el titular del área fue Fabián Tittarelli.
Con el inicio de la segunda gestión de Sergio Ziliotto en 2023, el área ambiental fue jerarquizada y pasó a constituirse como Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, autoridad máxima provincial en materia ambiental. La titular designada fue Vanina Basso.
Basso es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. El documento de trabajo la consigna como graduada por la Universidad Nacional de La Pampa, institución pública y laica. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, registra antecedentes en la administración estatal provincial. Antes de asumir la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se desempeñó en la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa. Desde diciembre de 2023 conduce el área ambiental provincial. Registra dos (2) antecedentes principales en el poder ejecutivo subnacional. Respecto de su afiliación partidaria, forma parte del Partido Justicialista.
Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, las políticas ambientales se encuentran institucionalizadas al más alto nivel, con rango ministerial desde 2007. Desde entonces, el área ha mantenido esa jerarquía a lo largo de las distintas gestiones provinciales, aunque con cambios en su denominación. Durante los gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz (Partido Socialista), así como en la gestión de Omar Perotti (Partido Justicialista) y la actual de Maximiliano Pullaro (Unión Cívica Radical), el área ambiental conservó su rango ministerial bajo distintas denominaciones: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Ministerio de Medio Ambiente; y Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Esta última denominación se mantiene desde 2019 hasta la actualidad.
Durante el período 2019-2023, la cartera estuvo a cargo de Erika Gonnet (Partido Justicialista). Desde 2023, en la gestión de Pullaro, el ministerio es conducido por Enrique Estévez.
Estévez, de 42 años, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, institución pública y laica. No consta en fuentes oficiales la finalización de sus estudios ni el ejercicio profesional en el ámbito privado. Su trayectoria se desarrolló íntegramente en el sector público, donde registra cuatro antecedentes: coordinador de Relaciones Parlamentarias de la Municipalidad de Rosario (ámbito ejecutivo municipal), concejal de la ciudad de Rosario (ámbito legislativo municipal) y diputado nacional (ámbito legislativo nacional). Está afiliado al Partido Socialista, del cual es secretario general en la provincia de Santa Fe.
REGIÓN PATAGÓNICA
Rio Negro
En la Provincia de Río Negro, durante la gestión de Arabela Carreras (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. En ese período, la secretaría estuvo conducida por Dina Migani, quien era titular del área desde 2014.
Con el inicio de la gestión de Alberto Weretilneck en 2023, el área ambiental conservó rango de secretaría. Inicialmente, Dina Migani continuó al frente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dentro de la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente. En febrero de 2024, la titular designada fue María Judith Jiménez. El sitio oficial del Gobierno de Río Negro la consigna actualmente como secretaria de Ambiente y Cambio Climático.
Jiménez es licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental por la Universidad Nacional del Comahue, institución pública y laica. Su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, registra una trayectoria desarrollada dentro del área ambiental provincial. Ingresó en 2012 a la Secretaría de Ambiente como técnica e inspectora; en 2016 asumió como coordinadora de la Delegación Alto Valle; en 2021 fue designada subsecretaria de Control y Fiscalización; y desde febrero de 2024 conduce la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Registra cuatro (4) antecedentes principales: Ejecutivo Subnacional: 4. No posee afiliación partidaria.
Neuquén
En la Provincia del Neuquén, durante el segundo mandato de Omar Gutiérrez (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de una estructura superior vinculada al desarrollo territorial y ambiental. En ese período, la subsecretaría estuvo conducida por Juan de Dios Lucchelli hasta abril de 2023.
Con el inicio de la gestión de Rolando Figueroa en 2023, el área ambiental fue jerarquizada. Primero pasó a funcionar como Secretaría de Ambiente; en julio de 2024 quedó bajo la órbita del Ministerio de Energía y Recursos Naturales y se incorporó la Subsecretaría de Cambio Climático. En noviembre de 2025, el esquema fue reorganizado dentro del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, con una Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. El titular designado para esa Secretaría fue Hipólito Leandro Salvatori.
Salvatori es ingeniero. No se encontró información pública suficiente para constatar la universidad en la que cursó sus estudios, ni estudios de posgrado. Por lo tanto, su formación académica corresponde al nivel universitario.
En el plano profesional, registra antecedentes en el sector público provincial. Antes de asumir como secretario de Ambiente y Recursos Naturales, se desempeñó como referente de programas y proyectos especiales en el área de Energías Renovables de la Agencia de Inversiones Neuquén y luego como subsecretario de Industria del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Registra tres (3) antecedentes principales: Ejecutivo Subnacional: 3.
En el Registro Nacional de Afiliaciones, figura como afiliado a un partido político. Sin embargo, no pudimos corroborar a cual.
Chubut
En la Provincia del Chubut, durante el segundo mandato de Mariano Arcioni (2019-2023), las competencias en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. En ese período, la cartera tuvo dos titulares: Eduardo Arzani, hasta 2022, y Roberto Jure, entre 2022 y 2023.
Con el inicio de la gestión de Ignacio Torres en 2023, el área ambiental fue degradada de ministerio a secretaría y pasó a denominarse Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. El titular designado fue Juan José Rivera, quien asumió el cargo en diciembre de 2023. El Decreto N.º 1716/2023 confirma que el anterior Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable fue convertido en Secretaría por la Ley I N.º 764.
Rivera es médico veterinario. No se encontró información pública suficiente para constatar la universidad en la que cursó sus estudios, ni estudios de posgrado. Por lo tanto, su formación académica corresponde al nivel universitario, con institución de egreso no disponible.
En el plano profesional, la información disponible permite constatar su actual desempeño como secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut. Además, en 2025 fue designado vicepresidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Registra únicamente un (1) antecedente como parte del ejecutivo subnacional, como titular de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. Posee pertenencia política a la Unión Cívica Radical (UCR)
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante la primera gestión de Gustavo Melella (2019-2023), las competencias específicas en materia de políticas ambientales estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente. Para esta ficha se toma como referencia la Secretaría de Ambiente, por tratarse de la autoridad ambiental específica de la provincia.
Con el inicio de la segunda gestión de Gustavo Melella en 2023, el área ambiental conservó rango de secretaría dentro del Ministerio de Producción y Ambiente. La Secretaría estuvo conducida por Andrea Bianchi hasta diciembre de 2025, cuando se informó su renuncia. Desde 2026, el titular del área es Martín Juárez.
Juárez es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, institución pública y laica. No se encontró información suficiente para constatar estudios de posgrado.
En el plano profesional, se desempeñó en la Municipalidad de Ushuaia como director de Higiene Urbana. Desde 2026 está a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego y encabezó la primera sesión del Consejo Provincial de Medio Ambiente correspondiente al ciclo de trabajo 2026. Registra dos (2) antecedentes en la administración estatal: (1) Ejecutivo Municipal y otro (1) en el Ejecutivo Subnacional. No se pudo constatar afiliación partidaria formal en fuentes públicas disponibles.
Santa Cruz
En la Provincia de Santa Cruz, durante la segunda gestión de Alicia Kirchner (2019-2023), las competencias específicas en materia ambiental estuvieron a cargo de la Secretaría de Estado de Ambiente, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente. En ese período, el titular del área fue Mariano Bertinat, quien se desempeñó como secretario de Estado de Ambiente hasta el cambio de gobierno.
Con el inicio de la gestión de Claudio Vidal en 2023, el área ambiental conservó rango de secretaría dentro del Ministerio de Salud y Ambiente. Desde entonces, la Secretaría tuvo tres titulares: Sebastián Giorgion, primer secretario de Ambiente de la gestión Vidal; Hugo René Núñez; y Diego Esteban Procopio.
Procopio, es magíster en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en Patagonia por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), institución pública y laica. No se pudo corroborar su carrera de grado ni la universidad de egreso correspondiente.
No se pudo registrar otro antecedente laboral más que el cargo como secretario en el Poder Ejecutivo subnacional (1). No figura en el registro nacional de afiliaciones partidarias.
Conclusión
La hipótesis de partida no se confirma. De las 24 jurisdicciones analizadas, solo cuatro registraron retrocesos formales (Chaco, Tucumán, CABA y Chubut) frente a tres que avanzaron en jerarquización (Mendoza, La Pampa y Neuquén) y diecisiete que conservaron el rango preexistente. La degradación neta fue escasa.
El resultado invita a una lectura alternativa. Lo que el mapa subnacional muestra no es contagio, sino resistencia estructural relativa. Una hipótesis plausible es que la transferencia de facto de competencias desde el nivel federal operó, paradójicamente, como un incentivo para mantener la capacidad institucional provincial: quien recibe más responsabilidades, aunque no las haya pedido ni cuente con recursos para afrontarlas, tiene razones para conservar el andamiaje que las gestiona. El problema central, en ese marco, no es la desjerarquización provincial, sino la asimetría entre las competencias transferidas y los medios disponibles para asumirlas.
EN NÚMEROS
- Provincias donde hubo retroceso institucional: 4 (Chaco, Tucumán, CABA y Chubut)
- Provincias donde hubo jerarquización institucional: 3 (Mendoza, La Pampa y Neuquén)
- Provincias donde se mantuvo el rango institucional: 17
- Provincias con ministerio: 6 (Mendoza, Misiones, Catamarca, Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe)
- Provincias con secretaría: 12 (San Juan, San Luis, La Rioja, Salta, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz)
- Provincias con subsecretaría: 5 (Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y CABA)
- Provincias con dirección: 0
- Provincias con consejo u organismo autárquico: 1 (Corrientes — ICAA)
- Profesión más frecuente: Ingeniería (en sus distintas especialidades) — 8 titulares
- Partido con más adhesiones: PJ — 5 (Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa) | Sin adhesiones o que no se ha podido corroborar afiliación partidaria: 13
ACLARACIÓN
Parte de la literatura define la afiliación partidaria como un vínculo formal entre un individuo y una organización política, expresado a través de su inscripción en el partido y la obtención de un carnet de afiliado. Este vínculo supone una adhesión activa y reconocible dentro de la estructura partidaria, estableciendo derechos y obligaciones que regulan la relación entre el afiliado y el partido. Siguiendo esta concepción, adoptamos un criterio que define la afiliación partidaria en función de su registro oficial, considerándola un compromiso institucionalizado que distingue a los miembros formalmente incorporados en el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos.