por Escrito por TOMÁS S. MARCHETTA, Periodista (TEA) y Lic. en Comunicación Social (UNQ). Maestrando en Ciencia Política (UTDT). Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos.
Introducción
El año 2015 marcó un hito en la historia política argentina con la irrupción al poder, mediante elecciones libres, de una fuerza de centro-derecha. Esta trascendental coyuntura representó un quiebre en la tradicional fragilidad de los partidos adheridos a esa perspectiva ideológica en Argentina, modificando el panorama político que hasta entonces se había mantenido inalterado (Vommaro et al, 2015). El ascenso de la coalición Cambiemos, conformada por la Unión Cívica Radical (UCR); la Coalición Cívica (CC); otros partidos de menor envergadura, y Propuesta Republicana (PRO) como la fuerza preponderante en esta coalición, no sólo implicó la culminación del giro a la izquierda en Argentina, sino también simbolizó un cambio sustancial en la dinámica política del país.
La unificación de los principales actores de la oposición no peronista detrás de la candidatura a presidente de Mauricio Macri, que culminó en una victoria frente al postulante oficialista, Daniel Scioli, por un 51,3% a 48,7% en un ajustado balotaje, marcó un precedente en la historia democrática moderna de Argentina. Por un lado, se trató de la primera vez que un candidato proveniente de un partido distinto al peronismo y el radicalismo lograba ganar unas elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia en 1983. Por el otro, también fue la primera vez que una fuerza electoral de centro-derecha se hacía con el poder por la vía electoral. De acuerdo a Fernández Milmanda (2019), Cambiemos también surgió como una opción política que canalizó el descontento y la demanda del campo por una mayor autonomía y participación en la distribución de los recursos a través de la participación política electoral y no electoral. Dicho de otro modo, fue la primera vez que las élites agrarias organizaron su representación electoral para proteger sus intereses.
En otro orden, Cantamutto et al. (2018) sostienen que, si bien se tomaron medidas que favorecieron al campo durante el gobierno de Macri, también fue un sector perjudicado por decisiones como la rebaja del Ministerio de Agroindustria a secretaría, el freno a la quita gradual de las retenciones a las exportaciones de los productos primarios o la ausencia de créditos y obras. En palabras de Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA): “(Hubo) una marcada tendencia de gobernar favoreciendo la joda financiera por encima de un modelo de producción (agrario)».
Este ensayo se enfoca en la economía política de la agricultura en Argentina y está organizado de la siguiente manera: primero, se describe la historia del sector agrario argentino. Luego, se explican las razones que llevaron a que Cambiemos fuera el principal representante político-electoral del campo. Después, se analizan posibles explicaciones alternativas. También, se expone que, a pesar de las tensiones surgidas con el sector agrario debido al ajuste de 2018, el apoyo del agro al gobierno de Macri se mantuvo, aunque se vislumbraron riesgos respecto al fracaso del programa económico y su impacto en la cohesión de la coalición social de apoyo. Por último, se plantea el interrogante sobre la lealtad política del campo con la irrupción de La Libertad Avanza (LLA).
Una caracterización histórica del campo argentino
A principios del siglo XX, la agricultura en Argentina se caracterizaba por la gran concentración de tierras y riquezas, otorgando un poder sin precedentes a los terratenientes. Estos tenían control absoluto sobre el comercio y las finanzas, mientras que la presencia de pequeños productores era subordinada. Además, sectores clave como el comercio exterior estaban en manos de empresas extranjeras, estableciendo un modelo de capitalismo agrario dependiente. En cuanto al poder político de las élites rurales, se veía influenciado por su dificultad para acceder de manera unificada al escenario político. Aunque estaban arraigados en el esquema agroexportador, esto desincentivaba la formación de identidades partidarias fuertes. A diferencia de otros contextos, la estructura social en la pampa argentina complicaba la movilización de los terratenientes, y su acceso al Estado no se basaba en ganar elecciones, sino en ocupar cargos claves, lo que desalentó la formación de organizaciones partidarias. Además, los clivajes regionales prevalecían sobre los rurales-urbanos, generando enclaves regionales en lugar de alineamientos partidarios claros en Argentina (Hora, 2012).
No obstante, el modelo agroexportador culminaría su auge hacia 1930, cuando comenzaría la transición hacia la industrialización por sustitución de importación (ISI), implicando esto significativos cambios a nivel institucional como estructural que se profundizarían durante los gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955). Vale la pena mencionar en este sentido la Ley de Arrendamientos de 1943, que incrementó la proporción de propietarios en comparación con los arrendatarios y redujo el tamaño promedio de las explotaciones. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, el peronismo no llevó a cabo reformas para reestructurar las relaciones de propiedad en la agricultura. En un dilema entre avanzar con una reforma agraria y garantizar una producción mínima de cereales, Perón optó por priorizar la producción y la planificación centralizada, temiendo posibles actos de sabotaje por parte de la élite oligárquica (Girbal, 2016).
Durante el período siguiente, se pueden identificar una serie de políticas adversas al campo. Sin embargo, estas eran contrarrestadas temporalmente de manera pendular en momentos de golpes de estado, cuando regímenes autoritarios afines y permeables asumían el gobierno. Según Portantiero (1977), este período que abarca desde el golpe de Estado a Perón hasta la dictadura cívico-militar de 1976 se lo conoce como empate hegemónico. En estos años, O’Donnell (1977) identificó dos grupos en conflicto: por un lado, una alianza ofensiva compuesta por una burguesía agraria pampeana con dificultades para tener su propia voz política, que atraía a la gran burguesía industrial internacionalizada como aliados en ciclos políticos regresivos. Por el otro, una alianza defensiva que contenía a las clases populares con capacidad de presión, vinculadas mayormente al peronismo, que tenían dificultades para formar un proyecto económico sólido, siendo apoyadas principalmente por las fracciones más débiles de la burguesía que dependían del mercado local. Durante este período, las élites agrarias tenían un poder dual: por un lado, podían protegerse bloqueando cambios y, por el otro, podían aprovechar la crisis en la balanza de pagos para asegurar, de manera periódica, considerables transferencias de ingresos en su favor. Su poder provenía de la gran influencia de la agricultura en las exportaciones totales del país. Cualquier intento de cambiar esto con impuestos afectaba directamente la economía nacional, dándoles a estas élites una posición privilegiada para mantener sus intereses.
Durante la década siguiente, el campo estuvo decididamente en la vereda opuesta a Raúl Alfonsín. El gobierno de la restauración democrática consideraba al campo como un sector rezagado y esquematizó un sistema de retenciones con el fin de utilizar las divisas que el campo ingresaba para favorecer el crecimiento industrial. Si bien el campo aprovechó el fracaso económico de los radicales para colocar a Ernesto Figueras en la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería, la relación entre las partes no pudo ser encauzada (Acuña y Golbert, 1990). Posteriormente, en el menemismo, se eliminaron impuestos a muchos productos agrícolas, pero la rentabilidad del campo se vio afectada por la sobrevaluación del peso, que encarecía los insumos y reducía la competitividad de las exportaciones (Cherny, 2009).
El campo del siglo XXI
De acuerdo a Etchemendy (2023), el campo argentino entró al siglo XXI con dos grandes transformaciones. Por un lado, una cadena de producción más compleja en cuanto a lo económico (nuevos eslabonamientos) y a lo político (una serie diversa de actores con base de poder propias). Por el otro, el pasaje al agribusiness intensivo en capital y tecnología en un contexto apalancado por el boom de los commodities y la llegada de nuevos cultivos, en especial la soja, que se exportaban a gran escala, desafiando la lógica del bien salario propuesta por O’Donnell (1977). Según esta lógica, el consumo interno de productos exportables como carne y trigo determinaba una dinámica de suma cero entre la burguesía agraria y el sector popular. Por tanto, la burguesía agraria pampeana se benefició de la política de tipo de cambio alto, que favorecía las exportaciones en un contexto de demanda internacional de productos agrícolas, especialmente los derivados de las oleaginosas. Además, dada la transformación en un sector competitivo a nivel internacional, podía dar respuesta a la demanda de los mercados, terminando con el supuesto de una demanda inelástica de materias primas (Etchemendy, 2023). Según Gerchunoff y Kacef (2018), es sobre estas condiciones y, fundamentalmente, apalancado en el boom de las commodities que la burguesía agraria pampeana integró la coalición de desarrollismo popular que caracterizó al gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), que brindó estabilidad económica al país luego de la Crisis del año 2001 y la salida al Plan de Convertibilidad. La contribución puntal del campo vino por parte de la apropiación por parte del Estado de parte del excedente extraordinario producido por el auge de las commodities (Richardson, 2009; Lapegna, 2017).
Sin embargo, desde el punto de vista político, las élites agrarias aún presentaban una debilidad considerable en las asociaciones de representación sectorial, lo que facilitó a Kirchner implementar tácticas de división y conquista mediante compensaciones y castigos selectivos, aprovechando la fragmentación tanto a nivel regional como económico. Además, la diversidad de asociaciones con preferencias políticas a veces contrapuestas redujo la capacidad de estas élites para llevar a cabo acciones de lobby, financiar campañas electorales o influir mediante campañas mediáticas para promover sus agendas. Es importante destacar también que las élites agrarias no priorizaron en esta etapa una estrategia electoral directa dado que la agricultura concentrada en provincias urbanas compitió políticamente con los intereses urbanos, que, en un sistema de listas cerradas, limitó la inclusión de representantes agrarios. Dada esta situación, el campo continuó careciendo de recursos institucionalizados para bloquear políticas contrarias a sus intereses, prefiriendo influir a través de canales informales (Fernández Milmanda, 2019).
De acuerdo a Vommaro (2019), esta dinámica fue beneficiosa para el gobierno del Frente para la Victoria (FpV), que, favorecido por el efecto marginal de los altos precios agrícolas, ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales del año 2007 con el binomio Cristina Fernández de Kirchner – Julio Cleto Cobos. Sin embargo, este modelo entraría en crisis por el paro agropecuario patronal del año 2008. El conflicto con el campo tuvo origen en la Resolución N° 125 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, que imponía un esquema de retenciones móviles a los productos agrícolas. Puntualmente, se establecía una tasa variable de impuesto que, por un error técnico, sostenía la retención del 90% del valor exportable de la soja cuando este commodity superase los 600 dólares de precio, frustrando las expectativas de ganancias futuras del sector. Rápidamente, el campo comenzó una serie de protestas y cese de comercialización, reflejando la carencia de recursos institucionales para negociar, que obligó al gobierno a enviar la 125 (presentada como Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social) al Congreso de la Nación para que fuera ratificada. Durante el conflicto con el campo, se cuestionó la legitimidad del sector en la sociedad y su contribución al modelo de desarrollo. A lo largo de las décadas, la percepción de una élite agraria ausentista y rentista había prevalecido, aunque emergió la idea de un sector dinámico, fortaleciendo su capacidad de organización y movilización, ganando presencia no sólo en las rutas, sino también en las grandes ciudades (Mangonnet, Murillo y Rubio, 2015; Fernández Milmanda, 2019). Finalmente, en la madrugada del 17 de julio de 2008, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley sobre retenciones. Según Aronskind y Vommaro (2010), el conflicto entre el gobierno y las entidades agropecuarias en 2008 expresó los límites de la legitimidad de la lógica redistributiva del kirchnerismo.
El fracaso de los agrodiputados
En vista de la carencia de recursos institucionales y la falta de representación política, la burguesía agraria pampeana tomó acciones concretas y presentó candidatos del sector en las listas del Acuerdo Cívico y Social y de Unión-PRO de cara a las elecciones legislativas de 2009 (Mangonnet, Murillo y Rubio, 2015; Fernández Milmanda, 2019). En dichos comicios, que se celebraron tras el conflicto por las retenciones móviles, se eligieron 11 diputados de extracción rural. Si bien ingresaron con el ímpetu de la victoria de las agrupaciones que los promovían, la realidad es que no pudieron cumplir con sus objetivos. No pudieron aprobar los proyectos centrales que se habían propuesto cuando llegaron al cuerpo en diciembre de 2009, tales como la eliminación de retenciones, la ley de arrendamiento y reformas impositivas para el sector. De hecho, en el caso de la baja o la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos, tema por el cual llegaron al Congreso casi como caballito de batalla, los agrodiputados no pudieron consensuar una iniciativa ni entre ellos ni entre sus propias bancadas. Además, a pesar de presidir la Comisión de Agricultura en la Cámara Baja, tampoco lograron avanzar con la sanción de las leyes. Y ya para 2013, sólo quedaban dos diputados y un senador del ámbito rural.
Nace el vehículo político del campo
Durante los años 2013 y 2015, el precio internacional de las commodities entró en declive. En paralelo, los últimos dos años del tercer kirchnerismo se caracterizaron por la reticencia a ajustar el gasto público; la restricción a la compra de dólares para reducir la fuga de capitales; la persistencia de la inflación, y la implementación de medidas para controlar los precios de los productos básicos (Kulfas, 2019; Gerchunoff y Kacef, 2018). Si bien se pusieron en marcha medidas para corregir el rumbo de la economía, tales como una devaluación y aumento de tarifas durante el año 2014, no eran sostenibles en el largo plazo, sino que tenían una lógica de que la coalición gobernante llegue competitiva a las elecciones presidenciales de 2015. No obstante, el fin del ciclo político inaugurado en 2003 estuvo signado por una fuerte crisis en la balanza de pagos, presión sobre el tipo de cambio y agotamiento del modelo de crecimiento económico (Etchemendy, 2023).
Según Vommaro et al (2015), el resultado de las elecciones presidenciales del año 2015 presentó una innovación significativa: por primera vez en casi cien años, una fuerza política de centro-derecha emergió victoriosa en elecciones libres y sin exclusiones, accediendo al poder a través de medios institucionales. En 2015, el partido Propuesta Republicana (PRO), como componente principal de la coalición Cambiemos, logró alcanzar el gobierno mediante procesos electorales. Inicialmente establecido en 2001 como un centro de pensamiento, fundado por Mauricio Macri, el heredero de Grupo SOCMA, uno de los principales conglomerados económicos argentinos, el PRO se caracterizó por su enfoque pragmático, una creciente capacidad competitiva y su independencia de los partidos mayoritarios que históricamente facilitaban el acceso al poder de grupos de derecha durante el ciclo democrático actual. Su compromiso de instaurar un cambio cultural en el país después de vencer a Daniel Scioli, candidato presidencial peronista, puede considerarse, en cierta medida, como parte de la novedad (Degiustti y Scherlis, 2020). Al mismo tiempo, la victoria de Cambiemos introdujo como novedad, en los términos desarrollados por O’Donnell (1977), el triunfo de una alianza ofensiva (gran burguesía industrial internacionalizada + gran burguesía agraria pampeana) por sobre una alianza defensiva (sectores populares + burguesía urbana) en terreno electoral (Vommaro, 2019). En otras palabras, la innovación radica en que la coalición aperturista, que durante el siglo XX accedía al poder mediante golpes de Estado, contó en 2015 con un medio electoral para expresarse, transformando la dinámica partidaria del campo fundamentalmente: como se mencionó anteriormente, la burguesía pampeana carecía de fuerza político-partidaria institucionalizada y, aún más, de una base electoral sólida. Su dificultad para encontrar una expresión política, así como para construir apoyos sociales y políticos más amplios que los de su propio sector, fue evidente a lo largo del siglo XX y a comienzo del siglo XXI. No obstante, la modernización productiva del sector agropecuario hacia Empresas de Producción Agropecuaria (EPA) sumado al proceso de participación política comenzado en 2008 viabilizaron a Cambiemos como el vehículo electoral del campo (Mangonnet, Murillo y Rubio, 2018; Fernández Milmanda, 2019; Bissang, 2022) .
En las elecciones presidenciales de 2015, Cambiemos se destacó como la principal receptora del voto opositor en la zona núcleo de producción agraria. Gran parte de su capacidad para atraer el voto agrario se atribuye a la decisión del PRO de adoptar sin cambios el programa elaborado por las entidades destacadas del sector (Mangonnet, Murillo y Rubio, 2018; Fernández Milmanda, 2019). Este programa implicaba beneficios directos para el campo, como la eliminación de las retenciones, anunciada por Macri cuatro días después de asumir la presidencia. En ese momento, el mandatario eliminó los impuestos a la exportación para el trigo (20%) y el maíz (23%), mientras reducía las alícuotas de retenciones sobre la soja del 35% al 30%. También prometió a los ruralistas reducir la alícuota de la soja en un 5% cada año hasta su eliminación definitiva. Según Vommaro (2019), esta medida, al responder a las demandas del sector, permitió enviar señales pro-mercado sin afectar directamente otros intereses.
Para Camerlo y Coutinho (2019), la afiliación de los ministros en los gabinetes de gobierno es una dimensión analítica clave para dilucidar bases de apoyo. En esta línea, Macri nombró a ex altos funcionarios de organizaciones agrícolas en la estructura del Ministerio de Agroindustria. Puntualmente, 12 de los 29 funcionarios designados bajo la gestión de Cambiemos habían ocupado previamente puestos importantes en al menos una organización agraria. Lo más notable fue la designación de Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y agrodiputado, como ministro, y de Ricardo Negri, de Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), como secretario de Agricultura, virtual número dos de la cartera (Canelo, 2019). De acuerdo a Mangonnet, Murillo y Rubio (2018), estas designaciones fueron, por un lado, una devolución al campo del área de gobierno encargada de los asuntos agrícolas y, por el otro, significaron un claro contrapunto respecto de la composición que el ministerio había tenido durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner: sólo 1 de los 28 funcionarios designados durante los mandatos de la expresidenta tenía experiencia previa en organizaciones rurales, mientras que la mayoría tenían antecedentes profesionales principalmente políticos (sin conexiones con el sector) o técnicos.
De acuerdo a Vommaro y Gené (2017), las elecciones legislativas de 2017 marcaron un hito para Cambiemos al consolidar su poder electoral y expandir su influencia territorial, subrayando la conexión con el campo. La fortaleza de la coalición se evidenció aún más en los epicentros de actividad agraria, reforzando el establecimiento de la burguesía agraria pampeana como su principal base electoral. Seguidamente a la elección, Macri decidió reestructurar su gabinete y sustituyó a Buryaile por Luis Miguel Etchevehere, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), intensificando la tendencia de designar funcionarios a representantes de organizaciones agrícolas. Según Canelo y Castellani (2017), el Ministerio de Agroindustria fue la cartera del gobierno de Cambiemos con el mayor número de altos funcionarios provenientes de organizaciones empresariales y del sector privado.
¿Son los campos amarillos?
Durante el año 2018, Argentina sufrió un episodio de inestabilidad económica y financiera. De acuerdo a Cantamutto et al (2018), la crisis fue atribuible al programa económico de Cambiemos y estuvo caracterizada por una fuerte devaluación del peso y consecuente suba brusca de la inflación con recesión. La necesidad de financiamiento del Estado llevó al gobierno a cerrar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.000 millones de dólares para evitar la fuga de capitales y la profundización de la sangría económica. En este contexto, los radicales solicitaron a Macri la vuelta de las retenciones, sugerencia que fue rechazada en una primera instancia. Sin embargo, el fuerte endeudamiento, la especulación financiera, la parálisis productiva, la escalada inflacionaria y el freno al consumo al interno obligaron al primer mandatario a implementar el pedido de sus socios políticos. No obstante, para evitar una confrontación con su base electoral, en lugar de establecer una tasa, se definió una alícuota de $4 por dólar exportado para las exportaciones primarias y de $3 a las que tienen valor agregado. El resultado fue el establecimiento de retenciones de entre 10% y 11% al trigo y al maíz, y del 28,5% en el caso de la soja. En su anuncio, Macri afirmó: “Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les tengo que pedir que entiendan, que es una emergencia y necesitamos su aporte”. Además, en medio de la crisis, el presidente también tomó la determinación de degradar el Ministerio de Agroindustria a secretaría de Estado, haciéndola depender del Ministerio de Producción, que también había absorbido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Cantamutto et al (2018) sostienen que, si bien el campo fue un sector ganador del gobierno de Cambiemos, no lo fue en todo momento, dado que fue perjudicado por las medidas que Macri tomó durante la crisis. Si bien el sector agropecuario experimentó al principio del gobierno un cambio favorable, ya para 2018 había retrocedido hasta el punto inicial de 2015. Además, al ser reemplazado por los sectores financieros como el principal generador de divisas, perdió centralidad dentro de la coalición política, tanto como actor institucional y como base de apoyo. En contraste, sectores como las mencionadas finanzas, el suministro de servicios públicos y la actividad inmobiliaria claramente adquirieron una importancia significativa como proveedores de dólares, alimentando la lógica de la especulación a corto plazo impulsada por el intenso proceso de endeudamiento. Adicionalmente, ciertos elementos como el aumento de tarifas, que mejoró la posición de los servicios, y el mantenimiento de un tipo de cambio apreciado, favoreciendo la remisión de utilidades y la adquisición de importaciones, plantean interrogantes sobre una interpretación que sugiere grandes medidas en favor del sector agropecuario en particular. Para los autores (2018), la emergencia del capital transnacional como un beneficiario particular de la coyuntura económica cambiemita en detrimento de otros sectores, tales como el campo, es más plausible.
Sin embargo, según Mangonnet, Murillo y Rubio (2018), las medidas tomadas por Macri durante la crisis de 2018 generó tensiones con el sector agrario. Los autores documentaron que en las asociaciones agrícolas hubo un consenso de no recurrir a protestas que pudieran perjudicar al gobierno. Los productores hicieron hincapié en la necesidad de ser cautelosos, sin descuidar las demandas e incomodidad del sector con la vuelta de las retenciones, dada su reciente adquisición de participación en la formulación de políticas públicas. Tras el descontento, el apoyo al gobierno se mantuvo, pero se vieron los riesgos del fracaso del programa económico sobre la cohesión de la coalición social de apoyo.
El fin del gobierno y post-Cambiemos
Durante 2019, Macri, ya en búsqueda por la reelección, decidió devolverle a la Secretaría de Agroindustria el rango de ministerio y renombrarlo como Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería. El anunció fue realizado en la apertura de la exposición de la SRA en medio de un discurso proselitista mientras los productores rurales gritaban “Sí, se puede” desde las tribunas. Pese a los elementos mencionados por Cantamutto et al (2018), el campo renovó su afiliación con Cambiemos: la coalición terminó imponiéndose en el corredor productivo de la burguesía agraria, formando una franja amarilla en mitad del país, que fue denominada en redes sociales Chetoslovaquia. El resultado reafirmó al campo como principal base electoral de la coalición amarilla, pero no bastó para ganar la elección: resultó elegido presidente de la Nación en primera vuelta Alberto Fernández, del Frente de Todos, venciendo a Macri, quien se constituyó como el único presidente argentino que buscó su reelección inmediata y no la obtuvo.
Para las elecciones legislativas de 2021, Juntos por el Cambio revalidó sus credenciales como vehículo político del campo al pintar de amarillo nuevamente las provincias con mayor producción agraria e incluso con productores rurales y agrícolas como candidatos y cabeza de lista, tales como Juan Carlos Polini en Chaco y Pablo Cervi en Neuquén. No obstante, en las elecciones presidenciales de 2023, Juntos por el Cambio ni ganó ni pudo retener su caudal de votos en las provincias que, gracias al apoyo del campo, se habían pintado de amarillas desde 2015, sino que La Libertad Avanza (LLA), una alianza política de derecha libertaria, fue la fuerza más elegida allí, poniendo serios interrogantes sobre la lealtad del campo como base electoral de la coalición que gobernó el país entre 2015 y 2019.
Conclusiones
Para cerrar este ensayo, es importante remarcar que, así como las condiciones económicas locales, impulsadas en gran medida por el rol de la agricultura de exportación en el período posterior a la salida de la convertibilidad, promovieron el rendimiento electoral del FpV durante los años 2003 a 2015, también es cierto que jugaron un papel crucial en favorecer la victoria de Cambiemos con la burguesía agraria pampeana como base de apoyo. Macri supo capitalizar estas condiciones locales para asegurar el apoyo en las áreas ricas en agricultura durante las elecciones de 2015. Este contexto económico local no solo influyó en los resultados electorales, sino que, además, contribuyó significativamente a la construcción y fortalecimiento de la coalición.
Una vez en el cargo, Macri consolidó la relación con las regiones agrícolas tradicionales. La interconexión entre los intereses económicos y las organizaciones políticas en Argentina facilitó la construcción exitosa de una coalición de centro-derecha, que, por primera vez en Argentina, accedía al poder mediante elecciones libres con el campo como gran aliado. A cambio, Macri cumplió con sus promesas de campaña, revocando las restricciones a las exportaciones y designando representantes que abogaban por los intereses agrícolas. Incluso cuando enfrentó dificultades para sostener las medidas en favor del campo dada la crisis del año 2018, Macri logró mantener el apoyo del sector. De acuerdo a Canelo y Castellani (2017), los líderes de las organizaciones agrícolas fueron pacientes con Cambiemos dado que la influencia en la formulación de políticas públicas disminuyó sus incentivos para protestar, en marcado contraste con lo ocurrido en 2008. Además, como sostiene Fernández Milmanda (2019), Cambiemos se consolidó como el vehículo político del sector agrario en Argentina durante su período al frente del gobierno: el campo aportó funcionarios, programas de política pública y votos.
Sin embargo, de cara a las elecciones de 2023, la franja agroproductiva que anteriormente se pintó de amarillo parece haber cambiado su respaldo político, abandonando a JxC en favor de otra fuerza política. LLA abogó durante la campaña por medidas orientadas a seducir el voto del campo, tales como la eliminación de la brecha cambiaria al momento de liquidar, la supresión de todas las retenciones y derechos de exportación sin excepciones, la negociación para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos, y la eliminación de todas las restricciones al comercio internacional, incluyendo cuotas, cupos, permisos y autorizaciones. Además, algunos líderes de la burguesía agraria se han aventurado electoralmente con la fuerza libertaria, tales como Francisco Paoltroni, senador nacional y productor agropecuario; Beltrán Benedit, diputado nacional ex-director de la SRA distrito Entre Ríos, y Sebastián Etchevehere, productor agropecuario, hermano del ex ministro macrista y candidato en 2023 a gobernador de Entre Ríos, o incluso coqueteado, con la fuerza libertaria, tales como Carlos Ianizotto, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). Si bien es posible argumentar que JxC fue el vehículo político-electoral del campo en el pasado, no se puede afirmar con certeza que esta relación se mantendrá en el futuro.
No obstante, tampoco es claro que los libertarios tomen al campo por base electoral. Durante los seis meses de gobierno de Javier Milei, se propuso un aumento de las retenciones, el tipo de cambio no ha favorecido la liquidación de la cosecha y persiste la falta de crédito productivo, pero también se eliminaron volúmenes de equilibrio en granos, y cupos y restricciones a la exportación en carnes. En cualquier caso, sólo el transcurso del tiempo revelará cómo evoluciona la dinámica entre el sector agropecuario y la política, y cuál será su impacto en el panorama electoral.
Bibliografía
- Acuña Carlos y Laura Golbert “Los empresarios y sus organizaciones: ¿Que pasó con el Plan Austral?”. 1990. Boletín Informativo Techint Mayo-Agosto.
- Cantamutto, Francisco; Constantino, Agostina, y Schorr, Martín. El gobierno de Cambiemos en la Argentina: una propuesta de caracterización desde la economía política. Revista electrónica de estudios latinoamericanos. 2018.
- Degiustti, Danilo y Gerardo Scherlis. 2020. “Desandando caminos. Reequilibrio de fuerzas y alternancia en el sistema partidario argentino, 2015-2019”. Colombia Internacional 103: 139-169
- Fernández Milmanda. B. (2019). “Agrarian Elites and Democracy in Latin America after the Third Wave.” In Oxford Research Encyclopedia of Latin American Politics. Oxford University Press.
- Girbal, Noemí María. Estrategias agrarias en tiempos de la Argentina peronista (1943-1955). Imago Mundi. 2016.
- Guillermo O’Donnell “Estado y Alianzas en Argentina” Desarrollo Económico, n 64 Enero-Marzo, 1977.
- Hora, R. (2012). La evolución del sector agroexportador argentino en el largo plazo, 1880-2010.
- Juan Carlos Portantiero “Economía y Política de la Crisis Argentina” Revista Mexicana de Sociología vol 38 Abril-Junio 1977.
- Lapegna, P. (2017) The political economy of the agro‐export boom under the Kirchners: Hegemony and passive revolution in Argentina, Journal of Agrarian Change, 17(2), April 2017.
- Mangonnet, J., Murillo, M., & Rubio, J. (2018). Local Economic Voting and the Agricultural Boom in Argentina, 2007–2015. Latin American Politics and Society, 60(3), 27-53. doi:10.1017/lap.2018.23.
- Pablo Gerchunoff y Osvaldo Kacef: “¿Y ahora qué hacemos? La economía política del kirchnerismo” Desarrollo Económico, vol 57, Abril 2018.
- Richardson, Neal P. (2009). “Export-Oriented Populism: Commodities and Coalitions in Argentina”. St. Comp. Int. Dev. 44: 228-255.
- Sebastián Etchemendy (2003). “40 años de Democracia: Lo viejo y lo Nuevo en la Política de los Ciclos Económicos Argentinos” en prensa en Desarrollo Económico.
- Vommaro, G. (2019). De la construcción partidaria al gobierno: PRO-Cambiemos y los límites del “giro a la derecha” en Argentina. Colombia Internacional, (99), 91-120. 4.
- Vommaro, Gabriel y Mariana Gené. 2017. “Argentina: el año de Cambiemos”. Revista Ciencia Política 37 (2): 231-253.
- Vommaro, G.; S. Morresi y A. Bellotti (2015). Mundo pro. Buenos Aires: Planeta