por * Por Magdalena Iribarne, **Florencia Fernández y ***Julieta Carbajal.
Se acerca un nuevo 8 de marzo en Argentina, fecha en la que miles de mujeres de todos los puntos del país se encuentran para alzar la voz y poner en la agenda pública las desigualdades que aún persisten en materia de representación política, de acceso al mercado laboral, de feminización de las tareas de cuidado, de las violencias por razones de género cuya consecuencia más trágica la vemos reflejada en los femicidios, entre tantas otras que nos afectan día a día.
En este sentido, desde el Observatorio de Género y Diversidad, nos proponemos reflexionar sobre los logros surgidos desde el movimiento feminista para conquistar nuevos derechos y lograr la representación política de las mujeres en toda la Argentina.
Es así que, a 40 años de la recuperación de la democracia, la paridad vino a establecer una representación política igualitaria para que tanto las mujeres y las disidencias contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso democrático, tal como propone la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero esto todavía sigue siendo un desafío.
En 1991, nuestro país fue el primero en el mundo en sancionar una Ley de Cupo. Casi 25 años después de la adopción de aquella medida, en el 2015, las elecciones legislativas pusieron de manifiesto que la igualdad real en la participación política de las mujeres seguía siendo un objetivo lejano, ya que en la práctica representan menos del 40% de los cargos en el Congreso de la Nación.
De esta forma, lo que hace tres décadas se concibió como una herramienta para terminar con la subrepresentación de las mujeres en política ha mostrado ser insuficiente: lo que se pensó como un piso, se transformó en un techo.
En sus inicios, el principio paritario se convirtió en un hecho en la provincia de Buenos Aires, Salta y Chubut, sumándose de este modo a las experiencias pioneras de Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro hacia el año 2002. En la actualidad, nos encontramos con que durante el año 2020, las provincias de La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Jujuy y San Juan avanzaron en la sanción de leyes de paridad. Sin embargo, las provincias de Tucuman y Tierra del Fuego, quedaron postergadas.
Como decíamos al comienzo, las mujeres y disidencias atravesamos violencias en los distintos ámbitos en donde nos relacionamos. Según información oficial del Observatorio “Ahora si que nos ven”, en lo que va del año 2023, ocurre 1 femicidio cada 35 horas, escenario al que se suma los numerosos crímenes de odio por identidad de género, lo que deja un panorama crítico y alarmante.
Sin perjuicio de las políticas que se han adoptado hasta la actualidad, nos encontramos con un sistema de protección que no es integral como establecen nuestras normas y a las mujeres nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. A la falta de protección por parte del Estado, y su consiguiente escasez de recursos que sirvan como herramientas de salida a las violencias, se le suma la necesidad de más políticas para mejorar la vida de las personas de la comunidad LGBTI.
Es importante para achicar la brecha de género, en todos los ámbitos, el compromiso del Estado y el trabajo en conjunto con las organizaciones, instituciones públicas y privadas, y la sociedad en general.
En definitiva, desde el Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Moisés Lebensohn, reconocemos los avances que se han hecho durante las últimas décadas, que hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, sin embargo hace falta avanzar en acciones que tiendan a generar campañas de sensibilización para prevenir la violencia de género, la revisión de las legislaciones actuales para una real aplicación de la paridad y una representación equitativa, así como en la generación de una política que derive en un sistema integral de las tareas de cuidado.
* Magdalena Irirbarne es estudiante de Abogacía y miembro del Observatorio de Género y Diversidad.
** Florencia Fernández es abogada sobre temas de género y miembro del Observatorio de Género y Diversidad.
*** Julieta Carbajal es miembro de los equipos del Instituto M. Lebensohn, estudiante de Antropología Social-UBA y se desempeña como Gerente de Control de Gestión en el GCBA.