por El Observatorio de Instituciones Políticas (OIP) del Instituto Moisés Lebensohn publica hoy Ambiente en Alerta Federal: ¿Las provincias sostienen el ajuste de la Nación?, un relevamiento comparado de la arquitectura institucional ambiental en las 24 jurisdicciones argentinas. El trabajo contrasta el estado de esas áreas al cierre de los gobiernos que terminaban en diciembre de 2023 con la situación vigente en abril de 2026. «Las provincias no siguieron a la Nación en la desjerarquización ambiental, pero el problema real es otro: reciben más competencias sin los medios para gestionarlas. Esta asimetría es el verdadero desafío del federalismo ambiental argentino, y el informe busca contribuir a nombrarla con precisión», señaló Thiago Leis, coordinador del OIP.
El punto de partida es conocido: desde la asunción de Javier Milei, el área ambiental nacional pasó de ministerio a subsecretaría y sufrió recortes que, según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), llegaron al 81% en algunas partidas y proyectan para 2026 una caída real del 79,6% respecto de 2023. En ese contexto, la Nación desplazó hacia las provincias una parte creciente de la gestión ambiental sin que esa transferencia fuera acordada ni acompañada por recursos. La pregunta que ordena el informe es si ese movimiento tuvo correlato en las estructuras subnacionales.
La respuesta es, en parte, más tranquilizadora y, en parte, más preocupante de lo que sugería la hipótesis inicial. De las 24 jurisdicciones analizadas, 17 mantuvieron el rango de su área ambiental, 3 lo jerarquizaron —Mendoza, La Pampa y Neuquén— y solo 4 registraron retrocesos formales: Chaco, Tucumán, CABA y Chubut. La hipótesis de contagio ideológico no se sostiene: tres de esos cuatro casos ocurrieron bajo administraciones radicales o del PRO.
La lectura más relevante no es la de los números sino la del mecanismo que los explica. El OIP sostiene que las provincias conservaron sus estructuras no porque estén preparadas para asumir más responsabilidades, sino porque la Nación transfirió de hecho competencias sin recursos ni criterios acordados. El problema central no es la desjerarquización provincial, sino la asimetría entre lo que se transfiere y los medios disponibles para afrontarlo. Esa brecha, en un mapa federal heterogéneo, tiene consecuencias institucionales concretas.
El informe también relevó el perfil de los 24 titulares de áreas ambientales. La ingeniería es la formación más frecuente, con 8 responsables de área, seguida por la abogacía con 6. El PJ lidera el ranking de afiliaciones formales verificadas con 5 designados, mientras que 13 titulares no cuentan con afiliación partidaria constatada en el Registro Nacional de Afiliados.
Ambiente en Alerta Federal cuenta con un prólogo de Javier J. Vázquez, coordinador del Observatorio de Desarrollo Sostenible del Instituto Moisés Lebensohn, e incluye fichas individuales de las 24 jurisdicciones organizadas por región.
El informe completo está disponible en www.lebensohn.org.ar/alertaenambiente/