por Por Araceli Gómez Montenegro.1
Los últimos femicidios ocurridos en Santiago del Estero vuelven a dejar al descubierto una realidad incómoda: la violencia contra las mujeres sigue creciendo mientras las respuestas institucionales parecen moverse siempre un paso detrás de la tragedia.
En los últimos días, la provincia volvió a conmocionarse con nuevos casos, que vuelven a generar conmoción y preocupación.
No son hechos aislados. Son casos que vuelven a poner en evidencia un patrón que se repite con demasiada frecuencia en la provincia: mujeres asesinadas en contextos de violencia que muchas veces ya era conocida por su entorno.
Sin embargo, cada vez que ocurre un crimen, la reacción vuelve a ser la misma: comunicados, declaraciones y promesas de trabajar más en la prevención que nunca se cumplen.
La Mesa Interinstitucional Extraordinaria difundió un documento que habla de “compromiso”, “trabajo articulado” y “fortalecimiento de políticas públicas”. Pero al leerlo queda una sensación clara: muchas palabras, pocas respuestas concretas. En otras palabras: un comunicado que dice mucho, pero explica poco y no cambia nada.
Una provincia con una de las tasas más altas
Los números muestran que el problema no es menor, es una realidad que (como están acostumbrados) no pueden tapar.
Según registros nacionales, Santiago del Estero se encuentra entre las provincias con mayor tasa de femicidios en relación con su población femenina, con alrededor de 1,37 víctimas cada 100.000 mujeres, por encima del promedio nacional.
Y sabemos que la violencia rara vez aparece de manera repentina. Generalmente existe una historia previa de agresiones, amenazas, control o aislamiento.
El interior: el rostro más crudo del abandono
En el interior de Santiago del Estero, la distancia no es solo geográfica: también es la distancia entre el discurso de las políticas públicas y la realidad que viven muchas mujeres.
La violencia de género no se vive de la misma manera en la capital que en el interior profundo de Santiago del Estero. Porque si a veces es difícil que se haga justicia viviendo en la Capital, ¿Qué podemos esperar en un interior provincial tirado al abandono desde hace más de 20 años?
En muchas localidades rurales o pueblos alejados, la presencia del Estado es directamente inexistente. Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia enfrentan obstáculos que van mucho más allá de la decisión de denunciar.
El interior revela con crudeza y dolor esa realidad: mujeres que viven aisladas, sin equipos interdisciplinarios cercanos, sin oficinas especializadas, con transporte irregular o inexistente y con enormes dificultades para acceder a asistencia jurídica, psicológica o social.
En muchos casos, pedir ayuda implica recorrer kilómetros, depender de otros o enfrentar entornos comunitarios donde la violencia se minimiza o se silencia.
Cuando las políticas públicas no llegan a esos territorios, la prevención deja de ser una estrategia estatal y se convierte en una imposibilidad.
El ritual de los comunicados
Frente a cada femicidio se repite una escena conocida: conmoción pública, cobertura mediática, declaraciones institucionales, donde se habla de compromiso, de trabajo conjunto, de seguir fortaleciendo las políticas públicas.
Pero evita abordar preguntas incómodas: ¿cuántos equipos territoriales existen realmente en el interior? ¿cuántos refugios o dispositivos de emergencia funcionan en la provincia? ¿cuántas mujeres que denuncian reciben protección efectiva? ¿cuántas alertas se pierden en el camino antes de que ocurra un femicidio?
El problema no es solo lo que el comunicado dice. El problema es todo lo que decide no decir y hacer.
La violencia que el sistema no logra (¿no le interesa?) frenar
Cada femicidio revela una falla del estado. No alcanza con la indignación momentánea ni con los comunicados que aparecen cuando el caso ya está en los medios, porque detrás de la mayoría de estos crímenes suele existir un historial previo.
Prevenir implica llegar antes. Implica que una mujer que necesita ayuda pueda encontrar respuestas cerca, rápido y sin tener que atravesar un laberinto institucional y mientras eso no pase, cada femicidio va a seguir dejando la misma sensación: un sistema que aparece cuando ya no hay nada que reparar y la política pública deja de ser prevención y pasa a ser simplemente reacción. Y en violencia de género, reaccionar no sirve de mucho.
Más que indignación
Los femicidios recientes deberían abrir una discusión profunda sobre cómo funciona realmente el sistema en materia de Genero en Santiago del Estero, porque problema no se resuelve con declaraciones institucionales ni con comunicados que se publican cuando el femicidio ya ocurrió.
Se resuelve con presencia territorial real, con recursos sostenidos y con un sistema capaz de actuar antes de que la violencia escale hasta su forma más extrema, pero mientras eso no ocurra, cada nuevo femicidio seguirá siendo presentado como una tragedia individual.
Cuando en realidad es el resultado de algo mucho más grave: un sistema que sigue llegando tarde, o que nunca llega.
Hoy, somos muchas las mujeres santiagueñas que leemos estas noticias con indignación, preocupación, tristeza y bronca, porque sabemos, vemos y convivimos con la violencia y un estado que no alcanza, que no llega, que no resuelve, ¿Qué le interesa?
Solo nos queda una pregunta muy clara y no es solo qué ocurrió, sino qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir. No queremos seguir ‘’sobreviviendo’’ frente a una realidad dolorosa e incómoda: un sistema que no funciona, un estado que no resuelve y una justicia que solo favorece a los hijos del poder.
- Araceli Gómez Montenegro es de Santiago del Estero, miembro del Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Lebensohn. ↩︎