
Cada 22 de Julio se conmemora el Día Mundial del trabajo doméstico, que se declaró oficialmente en 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, para reconocer la contribución de las labores de las mujeres en los hogares.
En los inicios del periodo colonial y siglo XIX, el trabajo doméstico presenciaba raíces profundas en la estructura social, con roles predominantemente asignados a mujeres indígenas, afrodescendientes y más tarde a las mujeres inmigrantes. A medida que la economía argentina comenzaba a industrializarse y a urbanizarse, aumentaba la demanda de las trabajadoras del hogar, estas mujeres venían puntualmente de áreas rurales, donde trabajaban en condiciones informales y sin derechos laborales.
Comienzan los avances legislativos e implementación de leyes laborales, sin embargo, el trabajo doméstico seguía encontrándose no amparado en el ordenamiento jurídico. En los años 50, surgieron las primeras organizaciones de trabajadoras domésticas que empezaron a luchar por su reconocimiento, sus derechos y sus mejoras laborales. Lo hacían de manera informal, pero estas iniciativas sentaron las bases para la futura creación de organizaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar en las décadas posteriores. A partir de los años 80, comenzaron los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y la formalización del sector, y este momento es que se crearon las organizaciones y sindicatos en defensa de las trabajadoras del hogar, en donde comenzaron abordar los problemas, algunas de ellas eran Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, el Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Desocupados, entre otras.
En el año 2013, se promulgó la Ley 26.844 (Régimen especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares), marcando un hito en la protección de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Esta ley establece jornada laboral máxima, descansos, vacaciones pagadas, licencias por maternidad y enfermedad y acceso a la seguridad social, permitiendo así sacar a muchas mujeres de la marginalidad e informalidad laboral. Dicha ley, impone la necesidad de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fije un salario mínimo, entre otras funciones. El decreto 326/1956 daba al Poder Ejecutivo la obligación de fijarlo distinguiendo por zonas geográficas, teniendo en consideración las distintas condiciones de vida en cada una de ellas y las modalidades de trabajo. Se sigue utilizando un criterio de ese estilo ya que el mínimo establecido para las zonas consideradas en condiciones desfavorables es mayor al resto.
Sin embargo, a pesar de la legislación, la informalidad sigue siendo una barrera para lograr la igualdad de oportunidades laborales, quedando un gran número de mujeres trabajadoras del hogar sin registrar. Por otro lado, la pandemia exacerbo las condiciones precarias, con muchas trabajadoras perdiendo sus empleos o enfrentando reducciones de salario. Este problema se convirtió en una emergencia con mayor protección social y de políticas públicas que aseguren la inclusión y el bienestar de las trabajadoras del hogar.
En el esquema podemos observar la estadística donde muestra que en el segundo semestre del año 2019 el servicio aumentó, llegando así al 95 % de mujeres que se dedicaban al trabajo del hogar.

| Cantidad de personas que se dedican al servicio doméstico (Datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 4to trimestre de 2023.) |
Porcentaje de mujeres y de varones en el sector
| Sexo | Porcentaje |
| Mujeres | 98,2 |
| Varones | 1,8 |
Porcentaje de la ocupación dentro de las ocupadas mujeres
| ¿Se dedica al servicio doméstico? | Porcentaje |
| No | 86,2 |
| Sí | 13,8 |
Porcentaje de la ocupación dentro de las asalariadas mujeres
| ¿Se dedica al servicio doméstico? | Porcentaje |
| No | 82,0 |
| Sí | 18,0 |
Las realidades del trabajo del hogar son complejas, estructurales y multifacéticas. La primera realidad que identificamos es el perfil de las trabajadoras. La mayoría son mujeres migrantes o extranjeras, provenientes de sectores socioeconómicos vulnerables. Esta realidad refuerza su exposición a condiciones laborales de discriminacion.
La segunda realidad, es que enfrentan largas jornadas laborales, de baja remuneración y falta de beneficios como vacaciones pagas, licencia por enfermedad y maternidad. Una gran parte del trabajo doméstico se lleva a cabo en la informalidad, lo que significa que muchas trabajadoras no están registradas, ni protegidas por la ley laboral, a pesar de contar con una ley que las protegen. Existen numerosos casos de violencia tanto físicos, verbales y psicológicos. La falta de protección legal y de mecanismo efectivos de denuncia agravan la situación.
El trabajo de hogar, es esencial para el funcionamiento de muchas familias y la economía general, pero sigue ocurriendo que es un trabajo no reconocido, no registrado. Encontramos avances, pero queda mucho por hacer.
Las propuestas que presentamos desde el Observatorio de Género del Instituto Moisés Lebensohn son:
- Formalización del sector: La formalización del trabajo del hogar es esencial, esto incluye acceder al registro de seguridad social, lo cual les proporciona acceso a la jubilación y a tener una obra social.
- Fortalecimiento de la legislación: Implementación efectiva de la Ley 26.844, con mayor fiscalización y cumplimiento por parte de los empleadores. Esto implicaría mayor acceso a los derechos laborales.
- Mayor conciencia y educación: Aumentar programas de educación y sensibilización entre los empleadores y la sociedad. Creación de programas de apoyo financiero, acceso a la vivienda y servicios de salud que pueden mejorar sus condiciones de vida.
- Tecnología y digitalización: El uso de plataformas digitales para la contratación y gestión del trabajo podría facilitar la formalización y la transparencia en las relaciones laborales.
Creemos desde el Observatorio de Género y Diversidad que el futuro del trabajo del hogar en Argentina dependen de un esfuerzo en conjunto con el Gobierno, la sociedad civil, los empleadores y las trabajadoras del hogar con el fin de crear un entorno más justo y equitativo para todas.
*La nota fue escrita por Magdalena Iribarne, estudiante de abogacía e integrante del Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Moisés Lebensohn.
