por Tras casi 6 meses, el gobierno de Javier Milei no logra encaminar todavía la gestión de las relaciones laborales en Argentina. Recambios permanentes, fricciones con el sindicalismo y cargos sin designación dificultan el avance de la administración libertaria.
Después de la euforia inicial por el triunfo electoral, Javier Milei tuvo que afrontar un complejo y multifacético desafío: gestionar el Estado argentino. Esta tarea se complica aún más al no contar con el respaldo de gobernadores ni intendentes que pudieran facilitar la implementación de su agenda. Además, Milei lidera el contingente legislativo más pequeño que ha tenido un oficialismo desde el retorno de la democracia, lo que limita su capacidad de maniobra en el Congreso y dificulta la aprobación de nuevas leyes y reformas necesarias para su programa de gobierno.
La situación se agrava por la falta de recursos humanos idóneos para cubrir los cargos de Alta Dirección Pública (ADP) en la Administración Pública Nacional (APN), puestos que son cruciales para el funcionamiento eficiente del gobierno y la implementación de políticas públicas. Sin embargo, debido a la carencia de personal capacitado y afín a su proyecto político, muchos de estos cargos todavía permanecen vacantes a cinco meses y medio de haber iniciado su administración. Esto llevó a una paralización parcial de algunas áreas del gobierno, afectando la eficacia y la rapidez con la que se podían tomar y ejecutar decisiones.
En este contexto, 1867 funcionarios que habían sido nombrados durante la gestión de Alberto Fernández continuaron en sus puestos. La permanencia de estos funcionarios no sólo implica una continuidad administrativa, sino también la posible resistencia a los cambios propuestos por la nueva administración libertaria. Además, varios espacios clave para la toma de decisiones en la política pública experimentan constantes recambios, lo que genera inestabilidad y dificulta la implementación y continuidad de las políticas. Un ejemplo notable de esto es la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), que, debido a estos cambios frecuentes, enfrenta desafíos adicionales en la implementación de nuevas iniciativas y en la gestión de las existentes.
Como se analizó en el primer documento del Observatorio de Instituciones Políticas, los presidentes en Argentina tienen fuertes poderes de designación y destitución de ministros, facultad que ejercen de manera unilateral y exclusiva. En el caso de Milei, bajo la lógica de la motosierra, la cartera laboral fue degradada de ministerio a secretaría y pasó a depender del Ministerio de Capital Humano.
Aunque sus funciones y competencias fueron escasamente modificadas por el DNU 8/2023, los objetivos de política pública de la cartera cambiaron de manera radical. Durante la campaña electoral, La Libertad Avanza (LLA) presentó una plataforma de gobierno que incluía un capítulo laboral enfocado en la reforma del marco normativo del empleo. Este apartado proponía una serie de medidas destinadas a transformar profundamente las relaciones laborales en el país.
Algunas de las medidas planteadas fueron la eliminación de las indemnizaciones sin causa y su reemplazo por un seguro de desempleo; la reducción de las cargas patronales, es decir, una disminución de los impuestos y contribuciones que los empleadores deben pagar por cada empleado; la limitación de los mandatos sindicales; la promoción de la libertad de afiliación sindical, y la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo con el puesto en la reducción de costos y burocracia desde el lado del empleador.
Con este lineamiento, en una primera instancia, la secretaría quedó en manos de Omar Yasín, un abogado laboralista del partido Propuesta Republicana (PRO). Yasín asumió el cargo luego de haber sido, entre 2015 y 2018, director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) durante el gobierno de Cambiemos1, donde fue responsable de mediar en conflictos laborales y de buscar soluciones que evitaran la judicialización, y de integrar los equipos técnicos de Patricia Bullrich, ex candidata presidencial y actual ministra de Seguridad de la administración libertaria.
Durante su gestión, que comenzó el 10 de diciembre de 2023 y culminó el 11 de marzo de 2024, el gobierno nacional intentó implementar una reforma laboral mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que terminó siendo suspendida por inconstitucionalidad. También, durante este período de tiempo, tuvo dos subsecretarios de Relaciones del Trabajo: Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo, ambos del PRO. Pitrau fue despedido después de intentar un acercamiento al secretario general del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, en un contexto de tensión con el sindicalismo el DNU 70/2023. Finalmente, Milei despidió a Yasín, haciéndolo responsable de un aumento de sueldo que el propio presidente se había otorgado
Tras unos días de acefalía, el gobierno designó a su segundo y actual secretario de Trabajo: Julio Cordero, un abogado laboralista que, si bien no cuenta con afiliación partidaria, su independencia es cuestionable debido a su estrecha relación con el sector empresarial. De hecho, es el primer titular de la cartera laboral, desde el retorno de la democracia, que proviene directamente del ámbito empresarial, marcando un cambio significativo en la designación de autoridades laborales.
Antes de asumir la función pública, Cordero se desempeñaba como titular del departamento jurídico laboral del grupo Techint, uno de los conglomerados industriales más importantes del país. Además, ocupó el cargo de vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), una de las principales entidades representativas del sector industrial del país. En este puesto, participó activamente en el diseño y promoción de políticas que buscaban favorecer los intereses del sector industrial, especialmente en lo que respecta a la flexibilización del mercado laboral y la reducción de cargas impositivas y burocráticas para las empresas. También vale la pena destacar que su influencia no se limitó al ámbito nacional, ya que Cordero también actuó como delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el grupo empleador de Argentina, representando los intereses del empresariado en foros internacionales.
Cordero, cuyas posturas respecto a la reducción de la jornada laboral generaron controversia el año pasado2, se encuentra ahora ante su primer gran reto al frente de la secretaría: completar el organigrama necesario para poner en funcionamiento la estructura de la política laboral nacional. Por caso, las subsecretarías de Empleo y Formación Laboral (SSEyFL) y de Relaciones del Trabajo (SSRT)3 se encuentran sin designación.
Asimismo, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá avanzar con la reforma laboral, la cual se encuentra actualmente en negociación en el Congreso Nacional como parte del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Además, la reforma también está sujeta a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resuelva la constitucionalidad del apartado relacionado con el mundo laboral del DNU 70/2023. Es importante señalar que, en algún momento, se especuló con la posibilidad de incluir la reforma laboral en las negociaciones con los gobernadores como parte del fallido Pacto de Mayo, el cual, finalmente, fue pospuesto para julio.
Lo cierto es que, mientras se organiza la cartera laboral, el gobierno de Milei no ofrece un panorama alentador de la situación del mercado laboral. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA)4³, el poder adquisitivo se ha desplomado casi un 15% durante la presidencia libertaria. Además, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), un informe elaborado por la SSTEySS que recopila información de empresas privadas formales de todos los sectores excepto el primario en 12 conglomerados urbanos desde 1998, muestra una caída del 0,9% en el empleo registrado entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, lo que representa una pérdida de más de 60 mil puestos de trabajo. Es importante destacar que febrero registró la mayor caída intermensual del empleo desde 2002. Por un lado, los sectores más afectados fueron la construcción (con una pérdida de 46.249 puestos), las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (con 4.488 puestos menos), y la industria (con 2.013 puestos menos). Por otro lado, más del 5,5% de las suspensiones de trabajadores se debieron a una «caída de la demanda».
Conciliar la urgencia de revertir este contexto para evitar un deterioro mayor en el mercado laboral con la expectativa del presidente en torno a la aprobación de la reforma laboral no es un desafío menor. Será interesante observar en los próximos meses si Cordero logra avanzar más que Yasín en la consecución de estos objetivos. De no ser así, la cartera laboral, ya devaluada, seguirá a la deriva en medio de cambios de autoridades constantes y una política laboral errática.
- Coalición política integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica – Afirmación para una República de Iguales (CC-ARI). Gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. Posteriormente, fue renombrada como Juntos por el Cambio (JxC), presentándose en las elecciones presidenciales de 2019 y 2023 sin ser electa. ↩︎
- https://www.lapatriadaweb.com.ar/julio-cordero-para-que-trabajar-menos ↩︎
- Según el Mapa del Estado, todavía figura María Liliana Acosta en la SSRT, quien renunció recientemente. ↩︎
- Instituto perteneciente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). ↩︎