por *Por Thiago Leis
En los últimos años, hubo una fuerza política muy exitosa en declamar la libertad como centro de su concepción del mundo en detrimento de la igualdad, de la cual, sólo reconocen como válida, la igualdad ante la ley. Me refiero a los libertarios liderados por Javier Milei y su coalición de derecha. Para ellos, el axioma que le da sentido a la interacción entre las personas es el respeto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, de respeto a la propiedad privada y el derecho a la vida. Esto, que se ha repetido como un mantra, se materializa como un Estado que se aparte de la mayor cantidad de asuntos sociales, entre ellos, la discriminación, sobre la que quiero poner el foco.
Según Significados, la discriminación es la exclusión o el trato desigual hacia una persona o grupo de personas por sus características distintivas. Internet, pero sobre todo las redes sociales, ayudaron a que todos los grupos tengan una voz y puedan exponer sus historias de vida, acercando la realidad y los intereses de cada grupo social en una nueva “plaza pública”, donde pueden ver y sentir las realidades de otros. Si bien el catalizador fue el avance tecnológico, ya en los noventas, Francis Fukuyama, preveía que la lucha por el reconocimiento de distintos grupos sería uno de los conflictos en las sociedades occidentales “acabada la historia”. Entonces, nos encontramos con una sociedad que observa ya no monolíticamente su propia composición, sino ya como una pluralidad de identidades que buscan reconocimiento. Claro, esto no significa que todos tengan el mismo trato en la sociedad, y acá viene el conflicto ideológico.
La igualdad ante la ley, uno de los avances más significativos en términos de instituciones políticas, establece que cualquier persona puede solicitar que el árbitro de la vida pública, el Estado, proteja sus derechos. Esto se garantiza constitucionalmente a través del debido proceso, un juicio y la presunción de inocencia. Sin embargo, a pesar de esta igualdad legal, la discriminación persiste, ya que la ley no garantiza la igualdad de reconocimiento social. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la literatura.
En la novela “Matar a un ruiseñor” de Nelle Harper Lee, se ilustra cómo la discriminación puede ser tan arraigada que, incluso con todas las pruebas a favor de un acusado, este puede ser juzgado no por el crimen, sino por pertenecer a un grupo social distinto al de la mayoría. Tom Robinson, un hombre negro falsamente acusado por una mujer blanca, Mayella Ewell, es defendido por Atticus Finch, quien presenta pruebas y testimonios de su inocencia. A pesar de esto, el jurado, compuesto por hombres blancos, declara a Tom culpable de violación, perpetuando los prejuicios raciales de la época. Este ejemplo demuestra que la igualdad ante la ley no garantiza la igualdad de reconocimiento.
Entonces, ¿alcanza con dejar que las cosas estén como están, confiando en la igualdad ante la ley como único árbitro? La respuesta es no. La igualdad ante la ley, así, sin más, puede funcionar como un argumento para perpetuar las desigualdades sociales. Por eso precisamos desenmascarar estos discursos, aunque algunos estén bien intencionados. Debemos marcar que las fallas de reconocimiento en algunos grupos sociales los marginan, empobrecen y hasta a veces pueden quitarles la vida. Teniendo en cuenta esto, entendemos que es necesario que el Estado no sólo garantice formalmente la existencia de una ley para todos, sino una presencia activa para promover el respeto para todas las formas de vivir en sociedad que no dañen otros proyectos de vida, sin entrometerse en las opiniones, y por último una visión política que le proponga a la sociedad el diálogo entre la libertad y la igualdad, donde se ponga sobre la mesa las fallas de reconocimiento que produce una igualdad formal y la pérdida de libertad que esta conlleva. Ese es el rol que creo, y estoy convencido, debe tener el radicalismo argentino.
*Thiago Leis es militante de la UCR Comuna 13 y politólogo. Parte del equipo del Lebensohn.