por Por Silvia Stuchlik y Hernán Rossi
Hace décadas que en nuestro país las políticas sociales muestran grandes deficiencias en muchos aspectos. Las mismas se caracterizaron por lo general en atender emergencias a fenómenos estructurales como la exclusión y la pobreza, careciendo de criterios de integralidad y de coordinación.
La política social, lejos de modernizarse, desarrolló un nuevo y sofisticado sistema tutelar y clientelar que reforzó una lógica histórica. La excepción a la regla fue la AUH, que finalmente contribuyó a disminuir los niveles de indigencia, a pesar de que las últimas mediciones que muestran un crecimiento[1] de la población que vive sin cubrir la canasta básica de alimentos.
En los últimos años, muchas leyes legitimaron derechos, pero pocas políticas pudieron hacerlos efectivos. Eso contribuyó a la pérdida de ciudadanía, de libertades, y por ende de autonomía; pero también significó la pérdida del acceso en condiciones de igualdad a todos los derechos. Un sistema lleno de excepciones, condicionalidades, discrecionalidades que reforzaron las brechas tanto en el acceso como el goce a los derechos, generando estándares diferenciados de ciudadanía.
El Estado caracterizado por una desorganización estructural y por mostrar una gran incapacidad para la definición de políticas sociales, como para la administración de todo tipo de recursos, habilitó a nuevos actores sociales emergentes de la situación de pobreza y de exclusión, tercerizando la gestión de las políticas, en aquellos que estaban sumergidos en esa situación. A eso se lo llamó gerenciamiento.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se utilizaron mecanismos de delación premiadas para incrementar el poder de organizaciones sociales “adherentes” al proyecto, que más que poner el foco en la población buscaron ocupar lugares en el loteo ministerial.
El impacto en la cadena de la distribución se extendió descarnadamente al territorio, de manera tal que, el canal de la intermediación resultó ser el ganador de los escasos recursos que finalmente llegaban a las personas. El uso indiscriminado del poder, el acceso a privilegios, contribuyó a generar un entramado de la administración de la política social que fortaleció a las organizaciones sociales “amigas” al proyecto de turno, en detrimento de las personas que debían recibir verdaderamente asistencia, ante una situación de pobreza sostenida y de inestabilidad para los sectores medios.
Lo que la políticas económicas y sociales no pudieron resolver por años y por una multicausalidad de problemas, no se puede resolver en un día, con un protocolo, a través de la política de seguridad y ni con el Código Penal en la mano ni con la aplicación de inteligencia interior ( filmaciones y requisas en los transportes públicos) que está prohibido tanto para los adultos como para los chicos.
En el marco de esta inminente crisis del sistema político, económico y social, el desafío del nuevo gobierno es dar una respuesta integral a la demanda de todos los actores. Y esa respuesta, en primer lugar, debe estar enmarcada en nuevas reglas de juego institucionales en el marco del sistema democrático. Para la aplicación de las mismas, el gobierno debe previamente presentar a la sociedad un programa que explicite cuáles serán las nuevas políticas sociales y los criterios de su instrumentación, lo que habilita insertar con claridad las reformas específicas y urgentes en el DNU ( que no las incluye) Esto último permitiría resolver las condiciones mínimas iniciales para que la población soporte el impacto del ajuste inicial anunciado por el nuevo gobierno. De allí que la emergencia no puede generar solamente desregulaciones económicas, sino también atender a las regulaciones sociales.
Una política seria y diseñada anticipadamente a la asunción de un gobierno, no puede definirse y tampoco puede comunicarse como consecuencia sólo de la participación en una marcha, cualquiera sea los motivos que movilicen a la población y a los actores convocantes.
En ese sentido, llama la atención, que durante la campaña se sugirió que se brindaría información a la población sobre el estado de situación del país y de las políticas. Esta tarea, sin embargo, no se realizó en el plano social. La primer medida para estas políticas deberían estar orientadas a establecer un plan transparencia y de regularización de los planes sociales.
El estado debería dar a conocer cuáles son las organizaciones sociales que participan de estas políticas, los mecanismos de selección de los proyectos que se desarrollan, su ubicación territorial, los recursos implicados, el impacto que producen y el padrón de sus beneficiarios; no en el afán de ejercer un control sobre éstos últimos, si no para asegurar que sean ellos sean los que perciben los beneficios sociales en función de las posiciones que desempeñan, separándolos de las tareas de gerenciamiento.
Un sistema social que está entre opacado y colapsado, merece transparentarse, establecer redefiniciones de sus políticas y que fundamentalmente orientarse a establecer una relación directa y un diálogo fluido entre los ciudadanos y los estados en todos sus niveles. Un sistema social, debe garantizar relaciones democráticas entre los actores, donde la gran cantidad de técnicos y profesionales que cuentan las áreas sociales deben recuperar un rol central. Su misión principal es contribuir integralmente a apuntalar los beneficios sociales con acciones de fortalecimiento de la autonomía de las personas y de sus decisiones en favor de su desarrollo humano.
Un gobierno elegido democráticamente debe valerse de las reglas que le ofrece el sistema para resolver sus problemas y ofrecer respuestas que aumenten paulatinamente y con niveles de calidad el bienestar general que debe retomarse como preámbulo de una nueva constitución del sistema social.
[1] Según las últimas mediciones del INDEC la indigencia se elevó al 13,6%, es decir 0,9 puntos más que hace un año.