Dos años después de la asunción de Javier Milei, aquel “salto al vacío” que describimos en el informe anterior dejó de ser una incógnita para convertirse en un modo de gobierno reconocible. En 2024 analizamos cómo un presidente sin partido estructurado, con débil anclaje territorial y armado sobre recursos ajenos, buscó construir poder en minoría: recurriendo a los DNU para sortear al Congreso, tensionando con los gobernadores y usando la política exterior como plataforma de identidad ideológica. Ese primer balance mostraba una experiencia riesgosa, pero todavía abierta en sus desenlaces.
El segundo año ordena parte de ese cuadro y, al mismo tiempo, abre otro problema. La apuesta económica logró algunos de sus objetivos declarados: ancla fiscal y monetaria dura, superávit primario, reducción de la inflación y control del tipo de cambio. Ese giro permitió al oficialismo presentarse a las elecciones legislativas de 2025 con un relato de “orden” frente al caos previo y revalidar en las urnas una base electoral nada desdeñable, suficiente para sostener un conglomerado competitivo y proyectar la continuidad del proyecto. Sin embargo, la estabilización se apoyó en un ajuste profundo sobre ingresos laborales, jubilaciones y gasto público, y dejó como saldo una economía de dos velocidades, con fuerte dinamismo en sectores extractivos y estancamiento en amplios segmentos productivos.
En el plano institucional, lo que en el primer año aparecía como construcción acelerada de poder presidencial ahora se consolida en un esquema más nítido de gobierno en minoría. Si en 2024 el uso intensivo de DNU fue el recurso central para avanzar en la agenda sin mayorías legislativas propias, en 2025 se suma un movimiento táctico: el veto presidencial y el “escudo legislativo” como herramientas para bloquear iniciativas del Congreso que amenacen el ancla fiscal. El resultado es un modelo de gobernabilidad apoyado en poderes unilaterales y alianzas parlamentarias selectivas, que reduce los márgenes de negociación y vuelve más estrecho el espacio de deliberación entre Ejecutivo, bloques opositores y gobernadores.
Al mismo tiempo, el segundo año introduce una novedad que no estaba presente en el informe anterior: el cambio en las reglas del juego electoral. La suspensión de las PASO y la implementación nacional de la Boleta Única de Papel modificaron la forma en que se organiza la competencia, se canaliza la oferta partidaria y se expresan las preferencias ciudadanas. La elección legislativa de 2025 funcionó así como banco de pruebas de un esquema sin instancia ordenadora previa y con un instrumento de votación distinto al utilizado desde 1983, con efectos específicos sobre fragmentación, coordinación electoral, voto en blanco y representación legislativa.
La forma de gobernar también se reflejó en la configuración del gabinete y en la relación con las provincias. El reparto de cargos entre funcionarios de confianza presidencial, cuadros provenientes del sector financiero y dirigentes de otras fuerzas políticas confirmó que el oficialismo sigue dependiendo de recursos externos para gestionar. Las tensiones con los gobernadores, atravesadas por la disputa por recursos fiscales y por la redefinición del rol del Estado nacional en las políticas territoriales, se combinaron con momentos de cooperación táctica en el Congreso y en la implementación de ajustes en las jurisdicciones.
En política exterior, el gobierno profundizó la línea que ya habíamos identificado: alineamiento explícito con la “nueva derecha” global, cercanía con Estados Unidos e Israel y retórica confrontativa hacia actores y organismos percibidos como parte del “globalismo”. Esta orientación convive con vínculos económicos pragmáticos con socios comerciales clave y con tensiones crecientes en el Mercosur, mientras los gestos presidenciales en foros internacionales refuerzan tanto la proyección externa de Milei como la polarización política interna.
Este nuevo informe retoma y actualiza los ejes del año pasado —la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso, los vínculos con los gobernadores y la orientación de la política exterior—, y suma dos dimensiones que solo pueden evaluarse con la perspectiva del bienio: el impacto del programa económico sobre la estructura productiva y social, y los efectos del cambio en las reglas electorales sobre el sistema de representación. El objetivo es ofrecer una radiografía del segundo año de gobierno que permita entender tanto cómo se consolidó el poder construido en la etapa inicial como qué condiciones se están creando para la disputa por la continuidad del proyecto libertario y para la calidad de la democracia argentina en los próximos años.
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