por Escrito por el equipo del Observatorio de Instituciones Políticas*
Introducción
Brasil llega a las elecciones presidenciales de 2026 con una disputa ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Las encuestas muestran que ambos concentran buena parte del apoyo electoral y que una eventual segunda vuelta sigue abierta. Detrás de esa competencia hay propuestas diferentes sobre el papel del Estado y bases de apoyo que se distinguen por sus ingresos, su región y su religión.
Este informe analiza las candidaturas, las preocupaciones del electorado y el peso de las decisiones judiciales sobre la competencia política. También explora qué podrían significar los resultados para la Argentina, en combinación con sus elecciones de 2027.
El recorrido se completa con una explicación del sistema electoral brasileño, desde la elección presidencial y legislativa hasta las cuotas de género y el uso de la urna electrónica. Las encuestas se presentan con sus períodos de referencia y los escenarios bilaterales como hipótesis, para distinguir la información disponible de las interpretaciones sobre lo que podría ocurrir.
Lula y Bolsonaro se disputan los votos en la calle, en los medios y también en las redes sociales – La Gaceta
Contexto y candidatos
Las elecciones de Brasil llegan en medio del debate sobre un nuevo giro a la derecha en América Latina. El avance de fuerzas conservadoras en distintos países convive con trayectorias diferentes, como las de Brasil y Uruguay. Por eso, el resultado brasileño también será leído como una señal sobre el rumbo político de la región.
En ese marco, las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollan en un clima de marcada polarización y tensión institucional. La primera vuelta será el 4 de octubre y una eventual segunda vuelta, el 25 del mismo mes. La disputa vuelve a enfrentar al petismo, el espacio del Partido de los Trabajadores, con el bolsonarismo. Como en un partido disputado en el Maracaná, la contienda llega abierta a los últimos minutos.
¿Cómo van las encuestas?
La disputa presidencial está polarizada entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores, PT), quien busca la reelección, y el senador federal Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL), exponente del espacio liderado por el expresidente Jair Bolsonaro.
En el corte del agregador de encuestas de UOL del 24 de septiembre, Lula reúne un 39,1% de intención de voto, seguido por Flávio Bolsonaro con un 34,9%. Más atrás aparecen Augusto Cury (6,8%), Ronaldo Caiado (3,7%) y Renan Santos (3,5%). El agregador combina encuestas registradas ante el Tribunal Superior Electoral; sus cifras resumen distintos relevamientos y no corresponden a una única encuesta.
Las mediciones apuntan a una definición en segunda vuelta. En esa simulación, la distancia se estrecha: Lula registra un 44,8% frente al 44,5% de Flávio Bolsonaro. Son porcentajes de intención de voto, que no deben confundirse con el porcentaje de votos válidos necesario para ganar la elección.
24 de septiembre de 2026: Intención de voto para la segunda vuelta – UOL
Otros sondeos de septiembre también muestran una disputa ajustada. El relevamiento de Datafolha difundido el 21 de septiembre ubica a Lula con un 39% y a Flávio con un 36% en primera vuelta; en el balotaje, con un 46% y un 44%, respectivamente. El margen de error general es de dos puntos porcentuales. A pocos días de la votación, la campaña puede influir sobre los indecisos y sobre quienes todavía consideran cambiar su voto.
Principales problemas para los ciudadanos y propuestas
En el relevamiento de Datafolha de julio de 2026, las preocupaciones más citadas sobre las áreas de responsabilidad del gobierno federal son salud (21%), seguridad y violencia (17%) y economía e inflación (14%). Entre quienes declaran votar por Lula, salud (24%) y seguridad (19%) encabezan las prioridades; entre los votantes de Flávio, tienen mayor peso salud (20%) y economía e inflación (21%).
El PT propone fortalecer la salud pública ampliando la atención, digitalizando el sistema y reduciendo las listas de espera. En seguridad, plantea una mayor coordinación estatal, con la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, la modernización de los sistemas de inteligencia y la integración de las fuerzas policiales para combatir el crimen organizado. En economía, propone preservar el marco fiscal vigente e impulsar la inversión pública, especialmente en infraestructura, industria y vivienda, junto con la política de valorización del salario mínimo.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, saluda a su llegada al lanzamiento de campaña para su reelección realizado el 16 de agosto en el Estadio Primero de Mayo en São Bernardo do Campo – EFE/ Sebastiao Moreira
Flávio Bolsonaro propone una política de seguridad centrada en el endurecimiento de penas, la ampliación del sistema penitenciario y el combate a las organizaciones criminales. En economía, plantea reducir el tamaño y la intervención del Estado mediante la eliminación de ministerios, el recorte de gastos administrativos, un nuevo límite al gasto público y el avance de privatizaciones y concesiones. En salud, combina la digitalización con una mayor participación del sector privado para ampliar la atención y reducir las listas de espera.
El candidato presidencial de la oposición, Flavio Bolsonaro, sostiene unas tijeras simbólicas en las que se lee «Tijeras grandes» durante un acto con motivo del Día de la Independencia – Andre Penner
Las propuestas muestran diferencias sobre el papel del Estado. Lula busca responder a estas demandas ampliando su capacidad de intervención; Flávio combina una estructura estatal más reducida con una política de seguridad más punitiva.
¿Quiénes son sus votantes?
La disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro también refleja diferencias sociales, territoriales, religiosas y de género dentro del electorado brasileño.
Lula conserva una base fuerte entre los sectores de menores ingresos y en el Nordeste. En el relevamiento de Datafolha difundido en septiembre, alcanza un 46% frente al 29% de Flávio entre quienes tienen ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos, y un 56% contra el 26% en el Nordeste. También mantiene ventaja entre los electores con educación fundamental, equivalente al nivel básico (47% frente al 30%), entre los mayores de 60 años (43% a 33%) y entre los católicos (43% a 32%). Entre quienes reciben Bolsa Familia o viven en un hogar con beneficiarios del programa, Lula registra un 53% frente al 28% de su contrincante. Estos datos describen asociaciones entre características del electorado y preferencias; por sí solos no permiten explicar las causas del voto.
El presidente Lula con una virgen de Aparecida en un mitin en Fortaleza – EFE/ Jarbas Oliveira
Flávio Bolsonaro tiene mayor apoyo en los sectores de ingresos medios y altos. En el mismo relevamiento, obtiene un 41% entre quienes perciben entre dos y cinco salarios mínimos y un 44% entre quienes superan ese umbral, frente al 33% y al 28% de Lula, respectivamente. También presenta ventaja entre los evangélicos (48% contra el 26%) y en la región Sur (45% contra el 27%).
El senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) en un encuentro con líderes de la Assembleia de Deus Ministério do Belém en São Paulo – Assembleia de Deus Ministério Belém
El género introduce otra diferencia. En el relevamiento de Datafolha de agosto, Lula obtiene un 41% entre las mujeres frente al 29% de Flávio, mientras que entre los hombres ambos aparecen mucho más cerca. Este recorte corresponde a una medición anterior a la utilizada para los otros segmentos.
Las diferencias permiten reconocer las bases de apoyo de cada candidatura. Lula tiene más fuerza entre los sectores de menores recursos, en el Nordeste, entre los católicos y entre las mujeres. Flávio Bolsonaro reúne mayor apoyo en los sectores de ingresos medios y altos, en el Sur y entre los evangélicos. Estas características se superponen y no determinan el voto de manera automática; ayudan a entender cómo se organiza una contienda que sigue abierta.
Judicialización de la política en Brasil
Las presidencias recientes de Brasil han estado condicionadas por decisiones judiciales. Desde la transición democrática, los tribunales ganaron espacio como ámbito para resolver demandas sociales y conflictos políticos. Cuando sus decisiones afectan candidaturas, modifican también las opciones disponibles para el electorado. En ese debate aparece el concepto de lawfare. Surgido para describir el uso de la ley como instrumento en conflictos militares, hoy se utiliza para denunciar procedimientos judiciales irregulares orientados a neutralizar adversarios políticos. Su aplicación es discutida: que una decisión tenga consecuencias electorales no demuestra, por sí mismo, que exista una persecución política.
En Brasil, el concepto ganó presencia con la Operación Lava Jato, en la que tuvo un papel central el juez federal Sergio Moro. El proceso se desarrolló durante una crisis política que incluyó la destitución de Dilma Rousseff. Su salida de la Presidencia se resolvió mediante un juicio político en el Congreso, un procedimiento distinto de las causas penales contra Lula.
Dilma Rousseff, durante la sesión del senado el 29 de agosto de 2016 – Reuters/ Ueslei Marcelino
La condena y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva impidieron su participación en las elecciones de 2018, cuando encabezaba las encuestas. Su defensa denunció que la investigación por corrupción y lavado de dinero estaba orientada a excluirlo de la competencia. La cobertura mediática también formó parte de la discusión sobre el proceso y sus efectos políticos.
Lula da Silva llega a la sede de la Policía Federal en Curitiba para cumplir su condena de 12 años de prisión, el 7 de abril de 2018 – AFP via Getty Images
Lula fue excarcelado en 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas por falta de competencia del juzgado de Curitiba y, en una decisión distinta, reconoció la parcialidad de Moro en la causa del tríplex. Estas decisiones le permitieron recuperar sus derechos políticos y competir en 2022. El proceso previo había alterado la oferta electoral de 2018 y favorecido el escenario en el que Jair Bolsonaro llegó a la Presidencia.
Al salir de prisión, Lula fue recibido por dirigentes y militantes de su partido que se habían congregado para recibirle – BBC
La intervención judicial sobre dirigentes políticos no se limita a la izquierda. Un relevamiento de Catalina Smulovitz sobre expresidentes de la región entre 2000 y 2022 señala que 16 de los 23 formalmente impedidos de competir tenían afinidades con posiciones de derecha. El dato corresponde a Sudamérica y no debe leerse como una estadística exclusiva de Brasil.
En 2023, el Tribunal Superior Electoral declaró a Jair Bolsonaro inelegible por ocho años por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante una reunión con embajadores en 2022. Su defensa denunció persecución política. La sanción limitó sus posibilidades de competir y contribuyó a la reorganización del bolsonarismo, que llega a las elecciones de 2026 con la candidatura de su hijo Flávio.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil – Bloomberg/ Arthur Menescal
Los casos de Lula y Jair Bolsonaro muestran cuánto pueden incidir los tribunales sobre la competencia electoral, aunque sus antecedentes y fundamentos jurídicos sean diferentes. La discusión democrática exige evaluar si se respetaron las garantías procesales, si las decisiones están debidamente fundadas y si la ley se aplica con criterios consistentes.
La cobertura de los procesos y el momento en que se dictan los fallos pueden amplificar sus efectos políticos. El problema aparece cuando una intervención judicial pierde imparcialidad o sustituye la competencia política por procedimientos irregulares; el control judicial de los abusos de poder, en cambio, también forma parte del funcionamiento democrático.
Elecciones en Brasil y Argentina
Las elecciones brasileñas importan para la Argentina por el peso económico de Brasil, su papel en la región y el vínculo entre ambos países. Las diferencias políticas entre Javier Milei y Lula da Silva introdujeron tensiones diplomáticas, pero la relación también depende del comercio, del Mercosur y de intereses que exceden a los gobiernos de turno.
El resultado de octubre de 2026 se combinará con el de las elecciones argentinas de 2027. Para explorar sus posibles efectos, se plantean cuatro escenarios según quién gane en Brasil y si Milei consigue o no la reelección. El ejercicio considera una victoria de Lula o de Flávio Bolsonaro en Brasil y, en la Argentina, una continuidad de Milei o una alternativa peronista/kirchnerista. Esta última es una hipótesis de trabajo, no una previsión sobre la candidatura o el resultado de 2027. Quedan fuera del análisis otras alternativas electorales.
Escenario 1: Reeligen Lula y Milei
Si ambos presidentes consiguen la reelección, podría continuar una relación de distancia política acompañada por la necesidad de sostener el vínculo económico. Las diferencias entre sus orientaciones internacionales seguirían presentes: Milei busca una relación estrecha con Estados Unidos, mientras que Brasil mantiene vínculos importantes tanto con China como con Estados Unidos.
La competencia entre estas potencias podría generar presiones sobre la relación bilateral, aunque no obliga a la Argentina y a Brasil a integrar bloques enfrentados. Sus intereses comerciales y la necesidad de cooperación regional ofrecen motivos para evitar una escalada. Desde la perspectiva del gobierno argentino, una continuidad de Lula también podría mantener el valor que Washington atribuye a Milei como aliado regional; se trata de una posibilidad que depende de las prioridades estadounidenses.
El presidente argentino Javier Milei y su par, Inácio Lula da Silva – AFP
Escenario 2: Gana Flávio Bolsonaro y reelige Milei
Una victoria de Flávio Bolsonaro podría reducir las tensiones políticas entre Brasil y la Argentina por la afinidad entre ambos gobiernos. Esa cercanía facilitaría el diálogo, aunque no resolvería por sí sola las diferencias comerciales ni las negociaciones dentro del Mercosur. También cabe considerar una hipótesis menos evidente: si Brasil se acercara a Estados Unidos, Washington podría darle mayor prioridad por su peso regional. En ese caso, la Argentina podría perder parte de su importancia relativa como aliado. Esto no implica necesariamente una reducción del apoyo económico o diplomático a Milei, que también responde a otros intereses estadounidenses.
Por eso, el efecto más inmediato podría darse en el trato entre los gobiernos. El alcance de los cambios en el comercio, en el Mercosur o en asuntos como Malvinas dependería de decisiones concretas. La afinidad ideológica puede facilitar acuerdos, pero no garantiza que ambos países tengan los mismos intereses en todos esos temas.
El presidente argentino, Javier Milei, fue el invitado estelar del acto de Flávio Bolsonaro – AFP
Escenario 3: Reelige Lula y pierde Milei
Si Lula es reelegido y Milei pierde frente a una alternativa peronista, podría producirse un acercamiento diplomático entre ambos países. Una mayor afinidad política facilitaría la coordinación, aunque su alcance dependería de la composición y del programa del nuevo gobierno argentino. La experiencia de gobiernos con orientaciones diferentes permite pensar que el vínculo económico tiene capacidad de sostenerse aun cuando existe tensión política. También pueden persistir desacuerdos entre gobiernos afines, como los relacionados con la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un cambio de tono no asegura una coincidencia en toda la agenda bilateral.
El antecedente más cercano de la relación entre Lula y el kirchnerismo – Ricardo Stuckert (Twitter @LulaOficial)
Escenario 4: Gana Flávio Bolsonaro y pierde Milei
Una victoria de Flávio Bolsonaro y una derrota de Milei dejarían, bajo la hipótesis utilizada, gobiernos con orientaciones políticas distintas. El apoyo del candidato brasileño al mandatario argentino podría dificultar el acercamiento inicial, pero no permite anticipar cómo sería la relación con una nueva administración. Brasil y la Argentina seguirían teniendo razones económicas y diplomáticas para cooperar. Flávio podría priorizar esos intereses y buscar una relación pragmática, aunque su conducta dependería de las decisiones de ambos gobiernos. Como en los otros escenarios, conviene distinguir la retórica de campaña de las políticas que se adopten una vez en el poder.
El antecedente más cercano entre un Bolsonaro (Jair) y el kirchnerismo – La Nación
Cómo se vota en Brasil
Este domingo, Brasil votará para elegir presidente y vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores y vicegobernadores, y representantes de las asambleas legislativas de los estados y del Distrito Federal. Los cargos municipales se eligen en otro turno electoral. Si ninguna fórmula presidencial o de gobernador supera la mitad de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.
El voto es universal, directo, secreto e igualitario. Es obligatorio para las personas alfabetizadas de 18 a 70 años, y optativo para quienes tienen 16 o 17 años, para los mayores de 70 y para las personas analfabetas. Según el padrón divulgado por el TSE en julio, están habilitadas 158.745.463 personas. El electorado en el exterior reúne 918.876 personas, un aumento cercano al 32% respecto de 2022. Quienes votan fuera del país participan únicamente en la elección de presidente y vicepresidente.
Elecciones en Brasil 2022 – AFP
La elección presidencial
Para ser presidente o vicepresidente se requiere ser brasileño nato, tener al menos 35 años, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, contar con domicilio electoral en el país y estar afiliado a un partido. La Constitución reserva estos cargos a brasileños natos, por lo que una persona naturalizada no puede ocuparlos. La suspensión de derechos políticos por una condena penal firme y la inelegibilidad electoral son situaciones jurídicas distintas.
La fórmula presidencial se elige por mayoría absoluta de votos válidos, es decir, más de la mitad, sin contar los votos en blanco y nulos. Si ninguna fórmula alcanza ese umbral en la primera vuelta, las dos más votadas compiten en el balotaje. El mandato dura cuatro años y se permite una reelección consecutiva. Tras dejar pasar al menos un mandato, una persona puede volver a presentarse, como ocurrió con Lula.
La elección legislativa nacional
El poder legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado Federal.
La elección de diputados renueva las 513 bancas de la Cámara mediante un sistema proporcional de listas abiertas. Los 26 estados y el Distrito Federal constituyen los 27 distritos electorales. La cantidad de representantes varía según la población de cada distrito, dentro de los límites constitucionales de ocho a 70 bancas.
Primero se determina cuántas bancas corresponden a cada partido o federación mediante los cocientes electoral y partidario. Las bancas restantes se reparten mediante cálculos de mayores promedios, con requisitos de votación que varían según la etapa de distribución. Dentro de cada partido o federación, la votación personal de las candidaturas incide en quiénes resultan electos. Los mandatos duran cuatro años y no tienen un límite de reelecciones.
El Senado Federal se elige por un sistema mayoritario. En 2026 se renuevan dos tercios de la cámara: 54 de sus 81 bancas. Cada estado y el Distrito Federal cuentan con tres senadores y eligen dos en este turno; el tercero fue elegido en 2022. Los mandatos duran ocho años y la renovación alterna entre un tercio y dos tercios cada cuatro años.
Congreso Nacional de Brasil – Mario Roberto Duran Ortiz
Cuotas de género y representación de las mujeres
Desde 2009, los partidos deben cumplir efectivamente con un mínimo del 30% y un máximo del 70% de candidaturas de cada sexo en las elecciones proporcionales. La reforma sustituyó la reserva de lugares de la norma de 1997 por una obligación de llenar las candidaturas respetando esos porcentajes. El sistema de listas abiertas impide traducir esa cuota en un orden obligatorio de elección. La regla se aplica a diputados federales, estaduales o distritales y concejales; no establece una cuota equivalente para el Senado ni para las fórmulas presidenciales o de gobernador.
Las medidas complementarias distinguen varios instrumentos. Al menos un 5% del Fondo Partidario se destina a programas de promoción de la participación política femenina, y al menos un 30% del tiempo de propaganda partidaria debe utilizarse con ese fin. Para las campañas de candidatas, rige una reserva mínima del 30% de los recursos del Fondo Electoral y del tiempo de propaganda electoral gratuita, que aumenta si la proporción de candidaturas femeninas supera ese piso.
La presencia de mujeres en la Cámara creció de manera paulatina. En 2010 ocuparon el 8,8% de las bancas; en 2014, el 9,9%; en 2018, alrededor del 15%; y en 2022, el 17,7%, con 91 diputadas sobre 513. El crecimiento no elimina la subrepresentación: la cuota de candidaturas no garantiza una proporción equivalente de bancas. Esta diferencia sigue siendo parte del debate sobre la reforma política brasileña.
Senadoras brasileras celebran la aprobación de nueva ley de igualdad salarial en Brasil en 2023 – Diario Hoy
Instituciones electorales y normativa
La Justicia Electoral organiza las elecciones y resuelve los conflictos vinculados con ellas. Está integrada por el Tribunal Superior Electoral, los Tribunales Regionales Electorales, los jueces y las juntas electorales. El TSE fue creado en 1932 y está compuesto por siete ministros. Sus decisiones son, en general, definitivas dentro de la Justicia Electoral, aunque la Constitución contempla excepciones que permiten recurrir ante el Supremo Tribunal Federal. El marco normativo incluye la Constitución, el Código Electoral, la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos. Esta última regula la creación, el funcionamiento y el financiamiento de los partidos.
Después de seleccionar a sus candidatos, los partidos solicitan su registro ante la autoridad electoral competente: el TSE interviene en las candidaturas presidenciales y los tribunales regionales en las de su jurisdicción. Se verifica la edad mínima, la afiliación partidaria, los derechos políticos y las posibles causas de inelegibilidad, además de la documentación y la declaración patrimonial.
La Ley de Ficha Limpia contempla supuestos que pueden impedir una candidatura, entre ellos determinadas condenas dictadas por órganos judiciales colegiados y renuncias para evitar procesos de pérdida del cargo. La inelegibilidad depende de la causal y de sus reglas específicas; no se desprende automáticamente de cualquier antecedente penal. Para 2026, el TSE mantuvo los límites de gasto de 2022. En la elección presidencial, el tope es de R$ 88.944.030,80 (más de 17 millones de dólares) para la primera vuelta, con un adicional de R$ 44.472.015,40 para una eventual segunda vuelta. Los valores están expresados en reales, la moneda en la que se fijan los límites.
El voto electrónico
Brasil comenzó a implementar la urna electrónica de forma gradual en 1996 y extendió su uso a todo el país en 2000. El elector registra su voto en el equipo y el conteo se realiza digitalmente, sin una boleta de papel. Durante la votación, la urna funciona sin conexión a internet; la transmisión de los resultados se realiza después, mediante los sistemas de la Justicia Electoral.
La urna es una computadora diseñada específicamente para las elecciones, transportable y con batería propia. Cuenta con dos terminales: una para la autoridad de mesa, que identifica al elector y habilita la votación, y otra para el votante, que registra su elección con un teclado numérico. La identificación puede incluir verificación biométrica. La terminal de la autoridad permite comprobar el nombre del elector, si pertenece a esa mesa y si está habilitado para votar. El sistema separa la identificación del elector del registro de su voto para preservar el secreto. La autoridad de mesa puede saber si la terminal está disponible, si el elector terminó de votar y si el equipo utiliza la red eléctrica o su batería, pero no accede a la opción elegida.
Urna electrónica utilizada para demostración en el año 2000 – Agência Brasil/ Antonio Cruz
La Justicia Electoral contempla atención prioritaria para personas con discapacidad o movilidad reducida, mayores de 60 años y embarazadas, entre otros grupos. También prevé medidas de asistencia y accesibilidad, incluido el acompañamiento de una persona de confianza cuando corresponde. Las urnas cuentan con identificación en braille en el teclado y recursos de audio.
Cómo se registra el voto y cómo funciona la lista abierta
El elector ingresa el número de la candidatura en el teclado de la urna. La cantidad de dígitos cambia según el cargo: dos para presidente y gobernador, tres para senador, cuatro para diputado federal y cinco para diputado estadual o distrital. Antes de confirmar, la pantalla muestra el nombre, la foto y el partido de la candidatura seleccionada, y permite corregir la elección. En 2026, cada elector vota por dos candidaturas diferentes al Senado.
En las elecciones de diputados, el voto por una candidatura también suma al total de su partido o federación y contribuye a determinar cuántas bancas le corresponden. A su vez, los votos personales ayudan a ordenar quiénes ocuparán esas bancas. El elector puede votar sólo por la leyenda partidaria, sin elegir una candidatura, o emitir un voto en blanco o nulo.
Demostración de voto en la urna electrónica – Agência Brasil/ Valter Campanato
Autores*
Thiago Leis – Lic. en Ciencia Política (UBA). Maestrando en Políticas Públicas (UTDT) y coordinador del Observatorio de Instituciones Políticas del Instituto Lebensohn.
Santiago Forrester – Lic. en Ciencia Política (UCEMA) y miembro del Observatorio de Instituciones Políticas.
Gabriel Burga – Estudiante de Ciencia Política (UBA).
Luana Ziemann – Estudiante de Kinesiología (UNAU) y consejera superior.
Delfina Valdez Martínez – Lic. en Ciencia Política (UBA).
Ignacio José Bestani – Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política (UCEMA).
Bruno Filippi – Estudiante de Ciencia Política (UNC).
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