por Escrito por el equipo del Observatorio de Instituciones Políticas*
Introducción
Las elecciones de 2026 encuentran a Perú en un escenario de fragmentación extrema, debilidad partidaria y fuerte desconfianza hacia la dirigencia. En ese marco, la contienda presidencial no solo pone en juego nombres y candidaturas, sino también la capacidad del sistema político para recuperar estabilidad. Entender quiénes compiten, cómo funciona la remoción presidencial y qué cambia con la nueva arquitectura legislativa resulta clave para leer una elección atravesada por la crisis.
¿Quiénes son los principales candidatos?
El proceso electoral peruano de 2026 se desarrolla en un contexto de alta fragmentación política, debilidad de los partidos y fuerte desconfianza ciudadana, rasgos que se consolidaron tras la crisis institucional iniciada con la destitución de Pedro Castillo en el año 2021. Actualmente, el país es gobernado por José María Balcázar desde el 18 de febrero del presente año, en un clima generalizado de rechazo hacia la dirigencia política.
No se registra un candidato con ventaja clara. Los niveles de intención de voto son bajos y el porcentaje de indecisos sigue siendo alto. En este escenario, con 35 candidatos inscriptos para ocupar el Sillón de Pizarro —un récord en la región—, quienes aparecen con más chances de avanzar, según encuestas recientes, son Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez Loayza.
Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sigue siendo una figura central de la política peruana contemporánea. Fue primera dama entre 1994 y 2000 durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y congresista entre 2006 y 2011. Además, fue candidata presidencial en 2011, 2016 y 2021, alcanzando la segunda vuelta en las tres ocasiones. Ideológicamente se ubica en la derecha conservadora, dentro del fujimorismo, con énfasis en el libre mercado y en políticas de seguridad de “mano dura”. Su principal fortaleza radica en una estructura territorial consolidada y en la persistencia de un voto fiel. Su principal debilidad, en cambio, sigue siendo su altísimo nivel de rechazo, que actualmente alcanza el 77,4% y que ya fue determinante en derrotas previas.
Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, es el actual alcalde de Lima y uno de los principales referentes de la derecha conservadora. Empresario del sector hotelero y ferroviario, construyó su perfil público combinando discurso religioso, defensa de valores tradicionales y oposición a la agenda de género. Entre sus fortalezas se destacan una imagen de gestor y un discurso firme en temas de seguridad y anticorrupción. Sin embargo, su estilo confrontativo podría limitar su capacidad de crecimiento electoral por fuera de su núcleo más duro.
Carlos Álvarez Loayza, de País para Todos, aparece como un outsider que busca capitalizar el descontento social. Actor y humorista político reconocido, no tiene experiencia en cargos públicos, pero sí un alto nivel de conocimiento entre el electorado. Su discurso combina pragmatismo con rasgos demagógicos, especialmente en materia penal. Su principal fortaleza es la conexión con sectores desencantados y su proyección de crecimiento en la campaña. Su principal debilidad, en cambio, es doble: la falta de experiencia de gestión y la debilidad estructural de su espacio partidario, de reciente formación.
La definición dependerá, en gran medida, de la capacidad de cada candidatura para ampliar su base electoral y reducir sus niveles de rechazo, en un contexto donde la desconfianza ciudadana sigue siendo un factor central del comportamiento político. Sobre todo, en miras de un posible balotaje.
10 presidentes en 10 años: ¿por qué es tan fácil destituirlos?
Parece lejano el momento en que Ollanta Humala (2011-2016) entregó el poder a Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio. Kuczynski inició su mandato con una abrumadora mayoría legislativa opositora: 73 de los 130 congresistas pertenecían a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que perdía por segunda vez consecutiva la oportunidad de llegar a la presidencia. Pese a la afinidad programática entre ambos espacios, el fujimorismo se colocó en una oposición frontal, inaugurando una etapa de confrontación sistemática entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En diciembre de 2017 se activó el mecanismo que profundizaría esa inestabilidad: la vacancia por incapacidad moral permanente, prevista en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución de 1993. Esta figura tiene antecedentes en la Carta de 1839, cuando el término “moral” remitía mucho más a una incapacidad mental que al uso político actual. Recién en el año 2000 reapareció con fuerza en la etapa democrática reciente, ya no como una categoría ligada a esa lectura histórica, sino como una herramienta de remoción presidencial de enorme elasticidad.
En aquel entonces, Alberto Fujimori aprovechó una gira oficial a la cumbre de APEC en Brunéi para desviarse hacia Tokio. En medio del escándalo de los “Vladivideos”, que registraban a su asesor Vladimiro Montesinos sobornando a funcionarios, intentó renunciar enviando su dimisión por fax desde Japón, donde se había refugiado. El Congreso, sin embargo, decidió rechazar la renuncia y avanzar directamente con su destitución.
En los hechos, la vacancia se utilizó ante la imposibilidad de aplicar un juicio político convencional por corrupción o crímenes de lesa humanidad durante el mandato, ya que el artículo 117 restringe las causales de acusación presidencial a cuatro supuestos específicos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente o impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Al no encuadrar en esos casos, la “incapacidad moral” se convirtió en el gran comodín constitucional del sistema peruano.
En la sesión del 21 de noviembre de 2000 se alcanzaron 62 votos a favor de la vacancia en un Congreso que entonces contaba con 120 escaños. Ese antecedente dejó un vacío interpretativo que el Tribunal Constitucional nunca terminó de cerrar. Años más tarde, para limitar el uso arbitrario de esta herramienta, el Reglamento del Congreso pasó a exigir una mayoría calificada no menor a los dos tercios del número legal de sus miembros: hoy, 87 de 130 votos. Sin embargo, el concepto de “incapacidad moral” siguió quedando sujeto a la interpretación política de los legisladores.
Aunque la figura tenía antecedentes históricos, pasó décadas sin ocupar un lugar central y solo reapareció con fuerza en 2000. Luego, en menos de dos décadas, su utilización se volvió recurrente. La explicación parece estar en la bajísima institucionalización del sistema de partidos, en los términos de Mainwaring y Scully (1995). Sin estructuras sólidas ni raíces sociales estables, los partidos operan como vehículos electorales personalistas.
Desde el colapso del sistema de partidos, los outsiders ganaron centralidad en la escena peruana. La desconfianza ciudadana es tan profunda que la aprobación presidencial llegó al 3% bajo el gobierno de Dina Boluarte, mientras que el Congreso también se movió en niveles de un dígito. En las elecciones de 2021, Pedro Castillo y Keiko Fujimori sumaron apenas algo más del 32% de los votos válidos en primera vuelta; es decir, cerca de dos tercios del electorado no se sintieron representados por quienes terminaron disputando el balotaje.
En ese marco, quien ocupe el Sillón de Pizarro queda condenado a una lógica de supervivencia diaria. En un sistema de partidos atomizado, si las bancadas logran ponerse de acuerdo —incluso sin una causa objetivamente acotada—, les alcanza con activar el procedimiento y reunir los votos necesarios para precipitar una remoción prematura.
Cómo se vota en Perú: sistema electoral
El sistema electoral peruano combina un régimen presidencialista con un Congreso actualmente unicameral, aunque una reforma constitucional aprobada en 2024 restablece la bicameralidad a partir de estas elecciones. En ese sentido, se trata de un sistema atravesado por altos niveles de fragmentación partidaria y por conflictos recurrentes entre poderes.
Poder Ejecutivo
El presidente de la República es elegido mediante un sistema de doble vuelta electoral. La fórmula presidencial está compuesta por un presidente y dos vicepresidentes, elegidos conjuntamente. A diferencia de otros sistemas, las vicepresidencias no tienen funciones predeterminadas y quienes las ocupan pueden desempeñarse, por ejemplo, como congresistas o ministros.
Una fórmula puede imponerse en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos. De no ocurrir eso, se realiza una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. El mandato es de cinco años, sin reelección inmediata, y el presidente concentra las funciones de jefe de Estado y de gobierno, incluida la designación del gabinete.
Ese gabinete debe obtener el voto de confianza del Congreso y puede ser censurado. Esto refuerza el control legislativo sobre el Ejecutivo, pero también fue una fuente recurrente de inestabilidad, en tanto facilitó la caída de gabinetes y profundizó la conflictividad entre poderes.
Poder Legislativo
Los congresistas son elegidos por cinco años en simultáneo con la elección presidencial. El sistema legislativo se basa en la representación proporcional en distritos plurinominales, es decir, circunscripciones que eligen varios representantes según el peso electoral de cada partido. Para la asignación de escaños se utiliza el método D’Hondt, que distribuye los cargos de manera proporcional, aunque con cierta ventaja para las fuerzas más votadas.
A eso se suma el voto preferencial, ejercido mediante listas cerradas pero no bloqueadas, lo que permite a los electores alterar el orden de los candidatos dentro de una misma lista. Además, existe una barrera electoral del 5% de los votos válidos a nivel nacional o la obtención de al menos 7 escaños, con el objetivo de limitar la fragmentación del sistema de partidos.
En cuanto al mecanismo de votación, el sufragio es presencial y en papel. Los electores utilizan una cédula única —equivalente a lo que en Argentina llamamos “boleta”— en la que seleccionan una lista partidaria y pueden emitir votos preferenciales por candidatos específicos. El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. En estas elecciones, debido al «récord de candidaturas», la cédula va a ser más grande que una caja de pizza.
La vuelta a la bicameralidad
De cara a 2026, la implementación del nuevo sistema marcará un antes y un después en la política peruana, ya que por primera vez en más de tres décadas se elegirán diputados y senadores. En 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se eliminó el Senado y se instauró el sistema unicameral con el argumento de agilizar la toma de decisiones. La bicameralidad no solo redefine el funcionamiento del Congreso, sino también la forma en que se construyen las mayorías y se ejerce el poder.
En el actual contexto de profunda crisis política e institucional, la desconfianza hacia el Congreso es muy alta, con niveles de desaprobación que superan ampliamente a otros poderes del Estado. Frente a este escenario, la vuelta al sistema bicameral aparece como una posible vía para mejorar la calidad institucional, al menos en términos de diseño.
El nuevo esquema divide al Poder Legislativo en dos cámaras con funciones diferenciadas. Por un lado, la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros, tendrá a su cargo la iniciativa legislativa y el control político sobre el Ejecutivo. Por otro, el Senado, compuesto por 60 integrantes, funcionará como cámara revisora. Ambas cámaras serán elegidas por voto popular, aunque mediante mecanismos distintos: los diputados por circunscripciones y los senadores a nivel nacional.
La lógica detrás de este rediseño es la de un “doble control”, orientado a evitar decisiones apresuradas o concentraciones excesivas de poder en una sola cámara, como ocurrió en años anteriores.
Sin embargo, la reforma también arrastra cuestionamientos importantes. En 2018, la población peruana rechazó la bicameralidad en un referéndum. A pesar de eso, el Congreso aprobó su reintroducción años después. El cambio se concretó mediante una reforma constitucional sancionada en 2024, impulsada por el propio Congreso, que además habilitó la reelección parlamentaria y reorganizó funciones legislativas. Para los sectores críticos, la medida no responde tanto a una demanda social como a una decisión de la propia clase política.
*Recopilación y edición del informe:
Thiago Leis – Lic. en Ciencia Política (UBA). Maestrando en Políticas Públicas (UTDT) y coordinador del Observatorio de Instituciones Políticas del Instituto Lebensohn.
Santiago Forrester – Lic. en Ciencia Política (UCEMA) y miembro del Observatorio de Instituciones Políticas.
Voluntarios:
Juan Pablo Carmona Quinteros – Profesor en educación tecnológica y asesor legislativo.
Gabriel Burga – Estudiante de Ciencia Política (UBA).
Cristian Moreno Colon – Lic. en Ciencia Política (UBA). Integrante de grupos de investigación en la UBA especializados en política colombiana, energía y desarrollo sustentable.
Luana Ziemann – Estudiante de Kinesiología (UNAU) y consejera superior.