La reforma electoral de la Libertad Avanza

Introducción

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se han instalado como un punto clave en la política argentina desde 2011. Aunque fueron creadas para mejorar la selección de candidatos y ordenar el proceso electoral, su existencia ha sido cuestionada repetidamente, sobre todo en momentos de crisis política y económica. Desde entonces, distintos gobiernos han propuesto modificarlas o eliminarlas, citando su alto costo y dudosa efectividad.

En este informe, analizaremos el impacto real de las PASO en la política argentina, revisando datos y literatura académica sobre su uso y los efectos que han tenido en la organización de las elecciones. También exploraremos las distintas posturas dentro del Congreso y las posibles reformas que se están discutiendo, para entender mejor qué futuro les espera a las PASO y cómo podrían evolucionar.

Las PASO, ese eterno enemigo de los oficialismos en crisis

En el año 2009, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral que, entre otras cosas, modificó la forma en que los argentinos seleccionamos candidatos, instaurando primarias, algo que no es nuevo para la región, ni para la Argentina (Santoro, 2020). Esta normativa incluyó una regla inédita: la doble obligatoriedad del proceso de selección, tanto por parte de los partidos/alianzas, como para los ciudadanos (Casullo, 2013). Así, quienes quieran competir por cargos electivos deben presentar al menos una lista, que quedaría confirmada para competir en elecciones generales una vez que los ciudadanos, también obligados a votar, las elijan con al menos 1,5% de los votos válidos del distrito en cuestión. La inclusión de esta regla buscaba establecer un mayor orden en la competencia electoral nacional y una mayor democratización de las estructuras partidarias (Santoro, 2020).

Inútiles y caras, algunas de sus críticas

Desde 2019, distintos oficialismos en crisis buscan derogarlas. En ese mismo año, sectores del oficialismo encarnados en la coalición Cambiemos¹ pidieron la derogación de las PASO viendo que la economía no podría recuperarse lo suficiente para las elecciones que fijaba dicha regla.

Nuevamente, en 2021, distintos sectores del gobierno nacional pertenecientes al Frente de Todos, también en un contexto de crisis, propusieron  su derogación, a partir de la idea de que el gobierno podría sufrir una derrota contundente como consecuencia de las medidas tomadas en el marco de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, sólo lograron una postergación de las elecciones.

Actualmente, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno buscará su derogación:

«Las PASO no han servido para nada, se implantaron solamente como un gasto más. En las últimas se gastaron 52 millones de dólares, calculo, en una PASO que no sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio (JxC), donde debatían dos propuestas diferentes, pero para el resto de las fuerzas no significaban nada»²

Los argumentos de Francos no son nuevos. Se suman a los vertidos por otros oficialismos que, como mostramos, alegaron lo mismo a pesar de pertenecer a signos partidarios diferentes. Ahora, ¿son inútiles? Para averiguarlo, tenemos que pensar en sus efectos y sus objetivos. Como ya hemos dicho, las primarias instauradas en 2011 fueron creadas para democratizar la selección de los candidatos y reconstruir los vínculos entre los partidos y la sociedad (Page y Straface, 2009). Por eso, vamos a tomar algunos trabajos realizados por la academia y exponer sus resultados para tratar de indagar al respecto.

Las PASO no se usan, ¿o sí?

Aguerre, Cruz y Magnasco (2023), analizan las primarias en las categorías de diputados y senadores desde su implementación en 2011 y utilizan un indicador para comparar la competición de dos o más listas en estas categorías. La denominaron tasa de uso³. En su trabajo, hecho hasta las elecciones nacionales del 2021, dieron como resultado un incremento sostenido del uso de la herramienta, con un promedio de 21,77% para la categoría de diputados nacionales, mientras que del 21,32% para la categoría senadores nacionales. Tomando este indicador, vamos a actualizar la tabla propuesta por ellos para averiguar si se mantiene la tendencia.

Como pudimos apreciar en las tablas 1 y 2, los promedios de uso anual decayeron durante el año 2o23. Tal vez el caso más notable es Corrientes, cuya tasa de uso se redujo de 75% a 12,50% en la categoría diputados nacionales. Sin embargo, también es destacable para la misma categoría cómo en La Rioja, que había hecho el menor uso de la herramienta hasta 2021, ahora tuvo un incremento notable, utilizando la competencia interna de las PASO en 42,85% de sus listas para las últimas elecciones. Por otro lado, sobre la categoría de los senadores, también se destaca La Rioja, quien había sido el único distrito que no utilizó las PASO para dirimir candidaturas. No sólo las usó, sino que fue la segunda provincia que más utilizó la herramienta en 2023.

Otra forma de ver si se usan o no se usan las PASO es poder comparar su uso promedio interanual con los usos promedios anuales, de manera que podamos visualizar cuál es la pendiente, es decir, la tendencia de uso,

Datos de Aguerre, Cruz y Magnasco (2023), actualizado a 2024 sobre la base de la CNE y el hack electoral de Andy Tow.

Datos de Aguerre, Cruz y Magnasco (2023), actualizado a 2024 sobre la base de la CNE y el hack electoral de Andy Tow.

En el gráfico 1 y 2, podemos ver la evolución del uso de las PASO año a año y su promedio. Esto clarifica la tendencia de uso y, tanto en la categoría diputados nacionales, como en la categoría senadores nacionales, podemos notar que si bien existe un descenso en el uso de la herramienta desde las últimas elecciones, más marcadamente en la categoría senadores nacionales que en diputados, la pendiente es positiva. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta sobre si son “inútiles”, como podemos ver: son cada vez más usadas, todas las provincias las usaron, y hay casos de aquellas donde nunca se usaron, las usan cada vez más (Santa Cruz para la disputa por las bancas del Senado; Jujuy en ambas categorías).

Adicionalmente, y como dijimos más arriba, es importante analizar la herramienta a partir de los objetivos que se propuso resolver. En este sentido, sobre la democratización de los partidos políticos, creemos que no ha podido hacer mucho al respecto. Primero, porque es difícil que una herramienta que no se mete directamente en la dinámica interna pueda promover un cambio en las estructuras. Pero si lo vemos como un incentivo externo para la competencia interna, aún así encontramos problemas. Para poder exponerlos, hacemos nuestros los argumentos de Page y Straface (2009), que retomando el debate sobre la responsabilidad de garantizar la oferta electoral en el marco de las PASO, asegura que el sistema está diseñado para favorecer a los sectores que controlan el aparato partidario porque dan la responsabilidad de repartir la boleta a las autoridades. Además, como no se modificó el tipo de boleta de votación, la necesidad de fiscales se acrecienta en caso de vencer y pasar a las generales. Momento donde contarían con menos recursos. También hay que decir que las PASO, por su doble obligatoriedad, son una invitación a la competencia, y que, a pesar de los muchos incentivos existentes para que no ocurra, la mera posibilidad de hacerlo genera una acción nueva de disputa dentro de las estructuras partidarias y alianzas. Las posibilidades están sobre la mesa.

Sin embargo, las PASO no fueron creadas únicamente a tales fines, sino que, en el marco de la fragmentación electoral ocurrida desde 2001, los legisladores pensaron que sería útil una forma de detener la proliferación de partidos políticos, así como la proliferación de partidos unipersonales. Por eso, el umbral de exclusión para la competencia general de 1,5% de los votos válidos del distrito en cuestión sirvió como incentivo coalicional para alianzas como el Frente de Izquierda, que desde 2011 sobrevive como oferta electoral. Además, como podemos apreciar en el gráfico 3, el promedio de listas en competencia en la categoría de diputados nacionales a niveles de 1997, tal como expone el trabajo ya citado de Aguerre, Cruz y Magnasco hasta 2021. Para la categoría senadores nacionales, que podemos apreciar en el gráfico 4, ocurre un efecto reductor similar

Por último, sobre este apartado, y para finalizar la argumentación que concierne retomamos los argumentos que vierten los autores Aguerre, Cruz y Magnasco, quienes consideran que si las PASO funcionan como un filtro para un sistema partidos políticos más fragmentado, eliminar este filtro podría complicar la coordinación legislativa y dificultar los mecanismos representativos, por lo que se vuelve imprescindible que los cuartos oscuros donde se seleccionan estos cargos estén más ordenados, simplificados y más fáciles de entender para los ciudadanos tengan una mejor información electoral.

Por eso, creemos que las PASO jugaron un papel fundamental para que la dinámica política tenga más consensos, que se traducen en escaños, así como bloques e interbloques en el Congreso que faciliten la toma de decisiones en las instituciones políticas y transparenten la información a los electores. En vista de esto, no consideramos que el debate sobre los costos de la realización de estas elecciones sea relevante. La democracia, cuando funciona como método de selección de candidatos tiene costos como así también lo tiene el aumento de su calidad. En todo caso, el debate sobre si son caras o no debería darse en un marco más amplio, que incluya el sistema de votación, el financiamiento de los partidos políticos y otras erogaciones contempladas para el funcionamiento de las organizaciones partidarias y los comicios.

El futuro de las PASO

Ya sabemos qué son, para qué se usan y qué efectos tienen. Ahora, nos toca hablar de su futuro. Francos fue claro sobre la postura del Gobierno: quieren su derogación. Como sabemos, el gobierno nacional cuenta solamente con 38 diputados nacionales⁴ y 7 senadores nacionales⁵. Por eso, para intentar llevar adelante los cambios que propone el oficialismo que negociar con los sectores con los bloques denominados “dialoguistas”, que, en principio, tienen otras intenciones. Por lo tanto, se barajan dos posibilidades, además de la expuesta por el gobierno nacional: mantenerlas como están o reformarlas.

Reformar

Distintas fuentes periodísticas afirman que un sector de los “dialoguistas” estaría dispuesto a modificar la metodología de las PASO, que pasaría  a un sistema donde el Estado garantice los recursos para llevar adelante su consecución en los distritos donde efectivamente exista una competencia interna. Algo parecido a este sistema funciona actualmente en La Pampa. La diferencia sustancial con el caso nacional es que, en aquella provincia, las elecciones internas son obligatorias para los partidos, no así para los ciudadanos; y son obligatorias y simultáneas para aquellos partidos o alianzas que presenten más de un competidor interno. Quedaría así en los partidos la responsabilidad de movilizar a los ciudadanos a votar

Mantener

Otro grupo de diputados, del sector más cercano al gobierno, en cambio, no estaría dispuesto a modificarlas. Alegan que la doble obligatoriedad es aquello que le da sentido a la reforma introducida en 2009 y llevada adelante por primera vez en 2011.

Propuestas y conclusiones

A lo largo de este informe hemos dejado en claro que, desde su implementación en 2011, las PASO han sido objeto de críticas, principalmente en tiempos de crisis, cuando los oficialismos en dificultades han buscado su derogación bajo el argumento de ser costosas e innecesarias. Sin embargo, estos argumentos no siempre se sostienen al analizar el uso real y los efectos de las PASO en la política argentina.

Es innegable que las PASO cumplieron con su propósito ordenador. La evidencia muestra un uso creciente promedio de esta herramienta y una contribución a la reducción de la fragmentación electoral, evitando la proliferación de candidaturas unipersonales y promoviendo la formación de coaliciones más fuertes.

Sin embargo, las PASO no pudieron transformar significativamente las estructuras partidarias, las cuales continúan siendo dominadas por sectores que controlan el aparato partidario. Esta limitación subraya la dificultad de modificar dinámicas internas profundamente arraigadas mediante herramientas externas. Aun así, las PASO han generado un espacio de competencia que, aunque limitado, permite cierta disputa interna, promoviendo un nivel básico de democratización dentro de las alianzas y partidos políticos.

Creemos necesario no rehuir al debate que se daría en el Congreso, pero sobre la base sólida de mostrar que la existencia de un mecanismo de disputa que ordene la oferta electoral es saludable. Por lo que vamos a exponer tres ideas para comenzar a debatir.

1) Reducir los costes de primarias cambiando el tipo de boleta de votación. La boleta única, de papel preferentemente, permite ahorrar muchísimo dinero al Estado quien, con un nuevo sistema de votación, erogaría menos dinero, al no tener que garantizar una boleta partidaria. Actualmente, las listas de distrito nacional (presidente-vice, y parlamentarios del Mercosur) reciben aportes estatales para cubrir cerca de 35 millones de boletas, y los precandidatos a diputados y senadores nacionales, la cantidad necesaria para cubrir su distrito. Esto, con un cambio de sistema de votación, con la boleta única, reduciría drásticamente estos guarismos.

2) Acortar el período entre las elecciones primarias y las generales. El escenario de 2019 fue dramático. Muchos recordarán que lo que se vivió en aquel entonces fue una verdadera crisis de gobernabilidad, donde el oficialismo veía que sus posibilidades de reelección eran lejanas, y el período entre elecciones se volvió un verdadero problema, imponiendo una suerte de «transición anticipada».

3) Abrir el juego a los perdedores. La contienda por la presidencia parece un juego de suma cero. Por eso, dejar la fórmula vacía y presentando solamente precandidatos a presidente, mas no a vice, permitiría que haya más incentivos a reforzar la coaligabilidad entre los ganadores y los perdedores de las contiendas. Mientras que, para diputados, un piso mínimo con sistema D’Hont, que permita a los perdedores de las internas tener lugares expectantes para ingresar al Congreso Nacional, conlleva a la misma conclusión.

Bibliografía

Aguerre, T., Cruz, F. y Magnasco, M. (2023). La reivindicación. Usos y efectos de las PASO en las elecciones legislativas 2021 en clave comparada. Revista Argentina de Ciencia Política, Vol. I, Núm. 30, pp. 24-49.

Casullo, M. E. (2014). La reforma política en Argentina: las PASO, ¿elecciones internas, primarias o primera vuelta? Proyecto Reformas Políticas en América Latina. Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA); Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

Cruz, Facundo (2021). ¿Pero qué PASO? Balance del uso y los efectos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a 10 años de su implementación. En Claudio Contreras y Adrián Pérez (comps.) Reformas electorales y democracia (pp. 43-72). Buenos Aires: Prometeo Editorial.

Santoro, Ignacio (2020). ¿Menos Partidos Más Democracia? Análisis Del Impacto De Las Primarias Obligatorias En El Sistema De Partidos En Argentina. Revista Elecciones, 19 (20), 109–39. DOI:10.53557/ELECCIONES.2020.V19N20.05.

Page, M. M. & Straface, F. (2009). Reforma política 2009: ¿Cómo impacta en el sistema de partidos y en los electores? Documento de Políticas Públicas | Análisis N°71. CIPPEC.

1. https://twitter.com/alfredocornejo/status/1143160914859962370 ↩︎
2. https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/guillermo-francos-ratific%C3%B3-que-el-gobierno-buscar%C3%A1-eliminar-las-paso-porque-no-sirven-para-nada/ar-BB1pPgeV?ocid=BingNewsSerp ↩︎
3. La tasa de uso mide la proporción en que los partidos y coaliciones utilizaron las PASO como un mecanismo para decidir las candidaturas a cargos públicos legislativos. Este indicador calcula la proporción de toda la oferta que tuvo dos o más listas internas en comparación con el total de candidatos que compitieron en un año determinado. ↩︎
4. https://www.diputados.gov.ar/diputados/diputados-por-bloque.html ↩︎
5. https://www.senado.gob.ar/senadores/listados/agrupados-por-bloques ↩︎

Introducción

A principios de julio de 2024, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó las intenciones del Gobierno nacional de avanzar en una reforma electoral. Si bien el foco del anuncio estaba puesto en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según trascendidos periodísticos, los libertarios tienen la intención de modificar también el sistema de financiamiento electoral, que, actualmente, funciona con un esquema mixto: hay fondos públicos, distribuidos según criterios legales, y aportes privados de personas y empresas, que tienen límites establecidos por la ley y deben ser declarados ante la Justicia.

Aunque no hay mayores precisiones sobre cómo puede terminar quedando este aspecto, de ser incluido en lo que Francos viene negociando con los bloques dialoguistas del Congreso, se pueden encontrar algunas pistas en la primera versión de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos: mayor financiamiento privado y menores aportes públicos.

En este artículo, se expondrá cuáles son las características principales del sistema legal vigente en Argentina en materia de financiamiento electoral y partidario. Luego, se analizará el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 a modo de ejemplo práctico. En tercer lugar, se formulará un diagnóstico sobre la propuesta de reforma y, por último, se brindarán recomendaciones en torno a la temática.

Financiamiento político en Argentina

El financiamiento del sistema electoral en Argentina está regido por la Ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 27504). Según este marco legal, se establece un esquema mixto: público y privado. El Estado tiene la responsabilidad de distribuir fondos de manera equitativa entre todas las alianzas políticas para la impresión de boletas electorales. Concretamente, se cubre la impresión de 2,5 boletas por elector. Este financiamiento público es un componente esencial del proceso electoral, ya que asegura que cada frente político tenga los recursos necesarios para presentar sus candidatos ante el electorado. Además, para las actividades de campaña, el Estado distribuye fondos públicos basándose en dos criterios: la mitad de estos recursos se reparte de manera equitativa entre todos los frentes, sin importar su tamaño o influencia, mientras que la otra mitad se asigna en función de los votos obtenidos por cada frente en la última elección de la misma categoría. Este sistema busca mantener un equilibrio entre la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la representación previa en el electorado. En este punto, es importante mencionar que los partidos y candidatos no pueden comprar espacios publicitarios en medios por su cuenta. Las emisoras de radio y televisión sólo pueden transmitir la publicidad electoral que el Estado autoriza y deben ceder el 5% de su programación para fines electorales. La mitad de ese tiempo es gratuita, y la otra mitad se descuenta de los impuestos nacionales

En cuanto al esquema privado, juega un rol complementario en el financiamiento de las campañas electorales. Estos aportes, que pueden provenir tanto de personas físicas como de empresas, están sujetos a límites establecidos por la ley para evitar desequilibrios en la influencia económica dentro del proceso electoral. Los aportes privados deben realizarse mediante medios que permitan la identificación del donante, tales como transferencias bancarias, depósitos bancarios con acreditación de identidad, medios electrónicos, cheques, tarjetas de crédito o débito, y plataformas o aplicaciones digitales que aseguren la transparencia de las donaciones. También es posible realizar donaciones en especie, es decir, bienes o servicios que se utilizan en la campaña, como el préstamo de un estadio para un acto político o de un avión para un viaje de campaña. Estas donaciones en especie deben ser declaradas conforme a su valor de mercado, asegurando así la transparencia y equidad en el proceso electoral. Lo que no está permitido es realizar aportes en efectivo. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), “los aportes en efectivo facilitan el ocultamiento de aportes y donantes a través de la subdeclaración de ingresos y gastos, del fraccionamiento de las grandes donaciones y de los aportantes falsos. Además de la opacidad, la imposibilidad de conocer el origen de los recursos pone a toda la estructura en una situación de extrema vulnerabilidad: nadie está a salvo de recibir dinero ilícito o de donar a una campaña que haya recibido dinero ilícito”.

Respecto de quiénes pueden realizar estos aportes, la legislación argentina permite que personas físicas, sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas contribuyan a las campañas electorales. Sin embargo, existen restricciones importantes para ciertos actores. No pueden aportar a las campañas los organismos del Estado, entidades multilaterales, empresas concesionarias, contratistas o proveedoras estatales, empresas que explotan juegos de azar, asociaciones sindicales y profesionales, gobiernos extranjeros, ni empresas extranjeras sin domicilio en el país. En cuanto a las personas físicas, están prohibidos los aportes de extranjeros sin residencia en Argentina, personas que explotan juegos de azar, o aquellos que estén imputados por violaciones a la ley penal tributaria. Estas restricciones buscan prevenir conflictos de interés y asegurar que el financiamiento electoral sea transparente y esté libre de influencias indebidas.

Es importante destacar que, más allá de las campañas electorales, los partidos políticos en Argentina están obligados a cumplir con normas sobre la obtención y utilización de sus recursos financieros. El artículo 38 de la Constitución Nacional subraya la relevancia de los partidos políticos al afirmar que son «instituciones fundamentales del sistema democrático». En este contexto, la Carta Magna establece que «el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes», lo que refuerza el compromiso estatal con el apoyo financiero de las organizaciones políticas. En línea con este mandato, la Ley 27.504 introduce el Fondo Partidario Permanente, un mecanismo estatal destinado a distribuir fondos públicos entre los partidos reconocidos. Este fondo no sólo asegura que los partidos cuenten con recursos para cumplir sus funciones, sino que también impone criterios específicos sobre cómo deben utilizarse esos fondos. Por ejemplo, la ley determina que un porcentaje de los recursos públicos asignados debe destinarse obligatoriamente a la capacitación de los dirigentes y a la investigación. Además, los partidos están obligados a rendir cuentas de manera detallada sobre el origen y uso de estos fondos. Esta misma ley también establece directrices claras sobre la obtención de recursos privados, similares a las normativas que rigen durante las campañas electorales en cuestiones relativas a quiénes pueden o no pueden aportar económicamente a un partido político, entre otras.

Tanto para campañas como para funcionamiento iinstitucional, se permite un aporte anual máximo del 2% calculado en base al valor del módulo electoral, que es definido por la Dirección Nacional Electoral (DINE), multiplicado por el número de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior en el distrito correspondiente. Para los partidos nacionales, se consideran todos los electores del país, mientras que para los partidos distritales, solo los de la provincia en cuestión. Cabe destacar que, en Argentina, no está prohibido financiar simultáneamente a diferentes campañas o partidos, permitiendo a cada donante aportar el máximo permitido a varias agrupaciones políticas.

Ahora bien, todos los aportes privados deben ser declarados en el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Además, los partidos y alianzas que reciban estos fondos deben incluirlos en los informes de campaña que presentan al finalizar el proceso electoral. Si una agrupación política no cumple con la rendición de cuentas o presenta sus informes de campaña o balances anuales fuera de plazo, puede enfrentar sanciones económicas. Estas multas varían según la gravedad del incumplimiento y, en casos extremos, pueden llevar a la pérdida del financiamiento estatal. Sin embargo, en ningún caso se puede suspender a la agrupación ni impedirle participar en futuras elecciones.

Campaña presidencial de 2023

Dado que la última reforma electoral vinculada al financiamiento de la política data de 2019, es pertinente analizar, con datos de la Cámara Nacional Electoral, la campaña presidencial de 2023 con especial hincapié en el financiamiento de las fuerzas políticas que participaron de las distintas instancias electorales: PASO, generales y balotaje.

En el marco de las PASO, Juntos por el Cambio se consolidó como la fuerza política que más fondos recibió, acumulando un total de $1.009.179.658. De este total, un 64.06% provino de financiamiento privado, destacándose como espacio con mayor cantidad de aportes privados. En contraste, el Movimiento de Acción Vecinal y Política Obrera obtuvieron el 100% de su financiamiento a través de fondos públicos, sin registrar aportes privados, lo que subraya su total dependencia del financiamiento estatal.

Unión por la Patria recaudó un total de $696.534.717, de los cuales $394.135.098, es decir, el 56.57%, provino de fuentes públicas, y $302.399.619, un 43.43%, de financiamiento privado. Este reparto muestra una ligera inclinación hacia los fondos estatales, aunque manteniendo un equilibrio notable con los aportes privados. 

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el Movimiento al Socialismo también mostraron una alta dependencia del financiamiento público. El Frente de Izquierda, con un total de $303.278.846, obtuvo el 78.48% de sus recursos de fondos públicos ($237.118.757), mientras que el Movimiento al Socialismo, que recaudó $144.571.576, recibió el 87.10% ($126.566.006) de financiamiento estatal. Ambos casos reflejan una estrategia de campaña sostenida mayoritariamente por recursos públicos, con aportes privados muy limitados.

Por su parte, Hacemos por Nuestro País, que reunió un total de $280.863.915, presentó una combinación equilibrada de fuentes de financiamiento, con $131.199.068 provenientes de fondos públicos, representando el 50.47% del total, y $96.402.768 (37.09%) de aportes privados, complementados por $53.262.079 (12.44%) en otros aportes. Esta distribución sugiere una estrategia más diversificada, con una dependencia moderada tanto de recursos públicos como privados.

En otro orden, el partido Principios y Valores del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad del dirigente piquetero Raúl Castells y del periodista Santiago Cúneo; el Frente Patriota Federal; la Unión del Centro Democrático (UCEDÉ), y el Frente Liber.Ar no presentaron todavía ante la Cámara Nacional Electoral sus informes de campaña. 

En las elecciones generales, Juntos por el Cambio revalidó sus pergaminos como la fuerza política que más fondos recibió, acumulando un total de $1.268.817.280. De esta suma, un 47.67% provino de financiamiento privado, que equivale a $604.910.334, lo que resalta su capacidad para captar recursos del sector privado en comparación con otras agrupaciones. No obstante, pese a esta capacidad de recaudación, se quedó afuera del balotaje, obteniendo un lejano tercer puesto, detrás de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

En otro orden, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se posicionó como la fuerza con mayor dependencia de fondos públicos, recibiendo un notable 99,79% de su financiamiento a través de recursos estatales, que totalizaron $403.109.358. Esta situación ilustra su estrategia de campaña centrada en el financiamiento público, con escasos aportes privados de apenas $586.954. Siguiendo el hilo del financiamiento público, en segundo lugar se encuentra la Libertad Avanza, que, si bien se caracterizó por ser una fuerza política constituida en contra de la intervención estatal en todas sus formas, un 91,03% de su financiamiento provino de las arcas del Estado. Esta tendencia también se puede identificar en Hacemos por Nuestro País (90,34% público, 9,40% privado y 0,07% de otros aportes) y Unión por la Patria (82.52% público, 16.56% privado y 0.91% de otros aportes).

En el balotaje, Unión por la Patria recaudó más que La Libertad Avanza. El binomio de Sergio Massa y Agustín Rossi recibió un total de $542.151.731, de los cuales $398.045.690 (73.38%) provinieron de financiamiento público y $143.400.000 (26.42%) de financiamiento privado. Por su parte, La Libertad Avanza obtuvo un total de $442.045.689, con un notable 90.00% ($398.045.689) de su financiamiento proveniente de recursos públicos y sólo un 9.05% ($40.000.000) de financiamiento privado. Cabe destacar que los aportes públicos son similares en ambas fuerzas políticas dado que fue el monto establecido por la DINE. La diferencia de $139.239.474 en detrimento de Unión por la Patria refiere a dos multas que se le imputaron al Frente Grande y Unión Popular, dos fuerzas que integraron la alianza panperonista.

La propuesta libertaria

El Gobierno nacional todavía no ha presentado formalmente una propuesta para reformar el sistema de financiamiento electoral y político-partidario de Argentina. No obstante, hay trascendidos periodísticos que apuntan al interés libertario en avanzar con una agenda propia y hay algunos indicios en esta temática que se pueden encontrar en la primera versión de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

Concretamente, como sostiene el politólogo Facundo Cruz, “bajo el argumento de que nadie respeta (los límites del financiamiento privado) y que es necesario sincerar el gasto de la política partidaria, pensaron en soltar todas las amarras (y) pasar de un modelo equilibrado público-privado a uno donde el segundo le coma espacio al primero”. En detalle, la propuesta planteaba eliminar los límites existentes en las donaciones tanto de personas como de empresas a partidos o candidatos, abarcando tanto las campañas electorales como el funcionamiento institucional de los partidos. Además, buscaba derogar el tope de aportes privados que cada agrupación puede recibir de personas físicas o jurídicas durante las campañas. Al mismo tiempo, apuntaba a eliminar también los límites a los gastos permitidos durante las campañas electorales y la disminución drástica del financiamiento público de los partidos, incluida la eliminación de los espacios gratuitos en los medios de comunicación.

Un sistema a la libertaria transformaría drásticamente la dinámica política del dinero en la Argentina. Por un lado, los aportantes privados tendrían una influencia mucho mayor sobre los candidatos y sus propuestas, condicionando las hipotéticas políticas públicas que implementarían en caso de ser electos. Por el otro, esto no sólo implicaría una reducción en la diversidad de las fuentes de financiamiento, sino también una menor pluralidad de donantes, un factor clave para mantener la equidad en el proceso electoral. Además, este cambio pondría en una situación desfavorable a los partidos políticos más pequeños, que tradicionalmente dependen en gran medida del financiamiento estatal debido a su menor capacidad para atraer grandes aportes del sector privado, tal y como se ha analizado en el apartado sobre la campaña presidencial de 2023. Al reducirse el apoyo financiero del Estado, estos partidos podrían verse aún más marginados, afectando la pluralidad y representatividad dentro del sistema político argentino. 

El gráfico muestra los aportes públicos y privados en puntos porcentuales que recibió La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2023. Se puede ver que el financiamiento público es significativamente mayor en las tres elecciones. Esto destaca la importancia de los aportes del Estado para que los partidos políticos pequeños tengan los recursos necesarios para ser competitivos. (Fuente: elaboración propia con datos de la CNE).

Si a esto se le suma cerrar la canilla de los fondos públicos, el poder económico en la política se concentraría en un pequeño grupo de donantes privados. Esto significaría que el éxito electoral de un partido o candidato estaría estrechamente ligado al dinero y los intereses de unos pocos, limitando la diversidad de propuestas y la representación genuina de los ciudadanos. Llevando la cuestión al extremo, dado que la legislación argentina permite que un mismo donante financie simultáneamente a varias campañas o partidos, se podría generar un escenario en el que las fuerzas políticas se vuelvan prácticamente indistinguibles entre sí. Este alineamiento forzado, impulsado por la dependencia del financiamiento privado, podría llevar a que las agendas políticas se homogenicen, priorizando los intereses de los donantes sobre los de la población en general. En consecuencia, esto abriría la puerta a un aumento del lobby y a la influencia desproporcionada de ciertos sectores económicos en las decisiones políticas, erosionando la integridad y la pluralidad del sistema democrático.

Recomendaciones

De acuerdo a un informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hay una serie de problemáticas en torno al financiamiento electoral y partidario que bien podrían aplicar al caso argentino:

• Los fondos privados que se reportan no muestran toda la realidad de lo que los partidos o candidatos reciben. Muchos aportes no se registran ni por parte de los donantes ni por los partidos. Además, a pesar de que todos los fondos de campaña deben gestionarse a través de los partidos, los candidatos o sus equipos reciben dinero y hacen gastos por su cuenta. Estos fondos muchas veces provienen de aportes privados que buscan evitar la transparencia.

• Los fondos públicos que se distribuyen según el presupuesto no son los únicos que se usan en la campaña. Los candidatos oficiales reciben dinero adicional, directa o indirectamente, del gobierno.

• Las restricciones sobre los montos de los aportes se evaden dividiendo los aportes en partes más pequeñas. También, las limitaciones sobre quién puede donar o el tipo de actividad que realiza se eluden utilizando intermediarios que ocultan el origen real de los fondos. Asimismo, los aportes en especie siguen siendo una manera común de eludir las restricciones sobre el monto de los aportes y los gastos, a pesar de los intentos de regulación.

Asimismo, según consigna un documento de Poder Ciudadano, existen cuestiones conexas que también es importante tener en cuenta:

• Los candidatos, en general, no respetan los tiempos de la campaña electoral, comenzando con cuestiones proselitistas con anterioridad al tiempo que consigna la ley.

• Existe una falta de compatibilidad entre las normativas provinciales de control del financiamiento político y las leyes nacionales, generando contradicciones y grises en la interpretación.

• Las sanciones respecto a irregularidades o incumplimientos en la rendición de informes de campaña y balances anuales de los partidos son laxas. Las fuerzas políticas, incluso, aceptan anticipadamente el costo de la sanción económica viendo que pueden obtener mayor financiamiento que les permite solventar las multas.

• Como las fuerzas políticas sólo pueden utilizar espacios audiovisuales provistos por el Estado y sin posibilidad de, además, contratar por su cuenta, se genera una gran asimetría con el oficialismo que utiliza la publicidad oficial como un recurso electoral a disposición. 

Como sostiene la académica Alejandra Lázzaro, “la política necesita de partidos sólidos y modernos para desarrollarse en plenitud y proveer sus recursos contribuye a su fortalecimiento. Sin embargo, la relación entre el dinero y la política es muy compleja”. Si los recursos son públicos, su distribución es sensible porque provienen del bolsillo de todos los ciudadanos. Si son privados, la falta de transparencia sobre su origen puede dar lugar a prácticas ilícitas, generando desconfianza en la ciudadanía. La transparencia en el financiamiento de la política es fundamental para mejorar la calidad democrática y garantizar una participación ciudadana informada. Conocer quién financia a quién permite entender la coherencia de ciertas posturas, la credibilidad de los candidatos y la confianza que merecen las plataformas electorales. Tener acceso a información sobre el origen de los fondos de campaña o los que sostienen a los partidos es clave para auditar y controlar las acciones del gobierno.

La reforma del sistema debe tener como resultado una legislación coherente, ágil y eficaz. Para lograr esto, es esencial mantener el financiamiento público, ya que este recurso contribuye a nivelar el terreno de juego entre partidos grandes y pequeños, permitiendo que todos tengan acceso a los recursos necesarios para participar en elecciones de manera justa. El financiamiento público asegura que los partidos no dependan exclusivamente de donaciones privadas, lo que puede llevar a un aumento de la influencia de intereses particulares en la política. Las sanciones por incumplimientos deben ser más severas y no limitarse solo a multas económicas; se deben considerar sanciones que afecten a los candidatos directamente, pero sin perjudicar su representación ante la ciudadanía. Esto fomentará una mayor responsabilidad entre los políticos respecto al manejo de los fondos de campaña. En este sentido, para evitar la creación de partidos y candidaturas únicamente con el propósito de captar recursos estatales, se podrían establecer requisitos mínimos de participación, como la obtención de un número determinado de votos en elecciones anteriores. Esto ayudaría a asegurar que sólo aquellos partidos que realmente representen los intereses de la población puedan acceder a financiamiento estatal. También es crucial regular los tiempos de campaña de manera razonable, adaptándose a las necesidades reales de los partidos y la ciudadanía. Esta regulación permitirá una mejor organización de las actividades proselitistas y evitará que los candidatos inicien sus campañas prematuramente. También es importante establecer pautas para la publicidad oficial, reforzando la impersonalidad de los actos de gobierno y regulando para evitar que los recursos públicos beneficien a la fuerza oficialista.

En cuanto al financiamiento privado, se deberían permitir aportes de asociaciones profesionales y sindicatos, ya que desempeñan un papel crucial en la política argentina. Por un lado, estas entidades suelen ser fuentes de candidatos para múltiples fuerzas políticas. Por el otro, al regular y permitir explícitamente los aportes de estos actores, se estaría «blanqueando» una práctica que ya ocurre de facto, lo que a su vez aumentaría la transparencia en el sistema de financiamiento político. Esto facilitaría el seguimiento y la auditoría de las contribuciones, evitando que los fondos fluyan por canales oscuros que pueden dar lugar a prácticas corruptas. En otro orden, se sugiere avanzar en sistema de topes diferenciados de acuerdo a la capacidad económica del donante. Al categorizar a los donantes según su capacidad económica, se facilitaría el seguimiento y la auditoría de los aportes, lo que aumentaría la transparencia del sistema. Por último, sería deseable comprometer a los Estados subnacionales a sancionar leyes compatibles y complementarias con la normativa nacional.

Sin embargo, contar con una buena ley no es suficiente. La efectividad de la democracia depende del comportamiento de todos los actores involucrados. Esto implica que quienes participan en la política deben cumplir de manera genuina con las leyes establecidas. Sin un verdadero compromiso, incluso la normativa más bien intencionada no logrará su objetivo. Además, si no se asume este compromiso, siempre habrá prácticas opacas y falta de rendición de cuentas, lo que genera corrupción y desconfianza en las instituciones. Por lo tanto, es fundamental que los actores del sistema reconozcan la importancia de la transparencia para fortalecer la democracia y fomentar la confianza de la ciudadanía en los procesos políticos.

Introducción

A mediados de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que plantea la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que permite incluir toda la oferta electoral de un distrito en una sola papeleta. Después de varios meses de debate y con un cambio de gobierno en el medio, el Senado modificó la iniciativa original, incluyendo la eliminación de la opción de voto por lista completa mediante un solo casillero. Esta versión revisada fue devuelta a la cámara baja, donde fue aprobada con 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones.

La BUP ha ganado protagonismo en el Congreso, con el oficialismo logrando su rápida aprobación antes del cierre del año parlamentario para garantizar su implementación en las elecciones legislativas de 2025, lo que promete simplificar el acto de votar, reducir costos, y evitar el histórico problema de la falta de boletas de ciertos partidos en los comicios. A esto se suman dos iniciativas clave que, por el momento, quedarían congeladas: la implementación de la «Ficha Limpia», que impediría que personas condenadas por corrupción sean candidatas, y la posibilidad de que los argentinos residentes en el extranjero voten por correo.

En este ensayo, se presentarán las características principales del sistema de voto en las elecciones nacionales de Argentina. Posteriormente, se analizará la propuesta de la BUP, destacando las modificaciones introducidas y su posible impacto en la dinámica electoral. También se abordarán las propuestas de “Ficha Limpia” y del voto por correo de los residentes en el exterior. Finalmente, se ofrecerán conclusiones en torno a la temática.

Votamos con boleta partidaria

La forma de voto utilizada en las elecciones nacionales de Argentina se la conoce como boleta partidaria, que organiza la oferta electoral disponible por partido o frente. De esta forma, cada agrupación política presenta una papeleta propia que incluye todas las categorías de cargos en disputa y los nombres de todos los candidatos correspondientes. Normalmente podemos encontrar otra acepción para este tipo de papeleta: la famosa «lista sábana». Este término es usado en el debate político argentino de manera imprecisa para referirse a boletas electorales largas, donde el votante tiene poca capacidad de influir en la selección de candidatos. En general, se asocia a esta boleta con la falta de representatividad y transparencia.

El fenómeno de la lista sábana fue investigado por la literatura politológica y tiene una definición concreta: es la boleta partidaria usada en distritos plurinominales grandes, en la que se eligen más de diez representantes y los candidatos están organizados en una lista cerrada y bloqueada. La condición necesaria para hablar de “lista sábana” es que exista una magnitud efectiva de distrito de más de diez representantes, lo que, en la Argentina, se da en pocos distritos. Concretamente, en las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (cada cuatro años), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por lo tanto, “el problema” de esta lista no pareciera ser un fenómeno federal, sino más bien localizado en la percepción “ambacéntrica”. Sin embargo, existe un problema concreto con este sistema: el financiamiento de la política y la distribución de las boletas.

En el marco de este sistema, los partidos políticos asumen la responsabilidad de diseñar, imprimir y distribuir las boletas de votación, aunque su financiamiento proviene del Estado. Esta configuración genera una serie de incentivos negativos y prácticas desviadas, que incluyen la posibilidad de sustracción de boletas durante el proceso electoral, y el debilitamiento de los partidos políticos debido a una competencia desigual en términos de recursos y capacidades organizativas para garantizar una adecuada fiscalización. Asimismo, se advierte un incentivo para la creación de partidos “sellos”, cuya única finalidad es acceder a financiamiento público y ofrecer servicios electorales (como la fiscalización), en lugar de participar en la competencia política de manera representativa. Esto vulnera el derecho democrático tanto de elegir como de ser elegido, ya que la falta de boletas puede incidir en los resultados de una elección y distorsiona el propósito fundamental de la participación partidaria en los comicios. Por eso, los principales problemas de la boleta partidaria no son tanto su caracterización (“sábana”), sino los incentivos incorrectos.

¿Una solución?

La BUP, recientemente aprobada por el Congreso, es un sistema de votación que integra todas las categorías de cargos electivos en una única boleta. Con este formato, las categorías de cargos están organizadas en filas horizontales, cada una representando un puesto electivo con su respectiva lista de candidatos o precandidatos. A su vez, las columnas verticales están asignadas a las diferentes agrupaciones políticas que presentan listas de candidatos o precandidatos, lo que permite que el electorado pueda identificar las opciones y elegir entre los distintos partidos y frentes. El votante podrá optar por marcar un casillero en blanco junto a cada categoría de cargos que desee votar individualmente.

La BUP varía en tamaño según el número de listas que compiten en cada elección, adaptándose al volumen de candidatos para evitar confusión. Cada boleta debe contener información clave, como el nombre de la agrupación política, la categoría de cargos a elegir, el nombre y la foto de los candidatos, además del casillero correspondiente para marcar la opción deseada. Si alguna agrupación no presenta candidatos en una categoría, en el espacio correspondiente se incluirá la inscripción “No presenta candidato”. Además, en los centros de votación se dispondrán afiches con las listas completas de candidatas y candidatos, incluyendo sus suplentes, para asegurar que los electores puedan consultar toda la oferta electoral de manera clara y visible. La impresión de las boletas será suficiente para cubrir la totalidad del padrón electoral, sumando un 5 % adicional para reposición en caso de contingencias.

Ejemplo de cómo debería ser la Boleta Única de Papel aprobada por el Congreso de la Nación (Fuente: elaboración propia con base en la BUP de la Provincia de Mendoza) 

Una de las principales ventajas es que su diseño, impresión y distribución están a cargo del Estado, lo que garantiza que la totalidad de la oferta electoral esté disponible en todos los centros de votación. Esto resuelve uno de los problemas más recurrentes del sistema de boletas partidarias, como la manipulación, desaparición o falta de boletas en algunas mesas, cuestiones que dependen de la capacidad logística de los partidos políticos. Con la BUP, se asegura que cada elector podrá votar por los candidatos de su preferencia sin importar las limitaciones logísticas de las agrupaciones políticas, promoviendo una mayor equidad en la competencia electoral.

Si bien su implementación no elimina la necesidad de contar con fiscales en cada mesa de votación, sí transformaría en gran medida sus funciones. En lugar de estar constantemente controlando la presencia o ausencia de boletas partidarias en el cuarto oscuro, los fiscales podrían enfocarse en garantizar que el conteo de votos durante el escrutinio provisorio, realizado en cada escuela o centro de votación, se lleve a cabo de manera correcta y transparente. Entre las ventajas más significativas de este sistema destaca el ahorro económico, ya que la impresión de una sola boleta para todas las agrupaciones políticas reduce considerablemente los costos asociados a la impresión y distribución de boletas partidarias. Además, al evitar la necesidad de disponer de decenas de boletas en el cuarto oscuro, el espacio destinado para la votación podría ser más reducido, utilizando boxes de votación en lugar de ocupar aulas completas, lo que agilizaría el proceso y mejoraría la logística electoral.

A pesar de las ventajas que ofrece, su implementación también presenta desventajas significativas que han generado un intenso debate. Una de las principales críticas radica en su complejidad operativa, especialmente en distritos grandes, donde incluir a todos los candidatos en un solo documento puede resultar en una boleta excesivamente extensa. Esta longitud podría dificultar la comprensión del proceso para los votantes, especialmente aquellos con menor alfabetización política o en elecciones con múltiples categorías de cargos en juego. La dificultad para identificar a los candidatos deseados podría derivar en un aumento de votos nulos o impugnados, lo que sería especialmente problemático durante las primeras elecciones con este nuevo sistema. En este sentido, la BUP podría presentar desafíos de familiarización, complicando la experiencia de voto para algunos sectores del electorado.

También es necesario puntualizar que la transición implicaría un esfuerzo considerable en términos de capacitación tanto para los votantes como para los funcionarios electorales y fiscales. Esta adaptación inicial podría generar confusión y descontento en los primeros comicios bajo este esquema, aunque los costos asociados a la transición se consideran inevitables en cualquier proceso de reforma electoral.

Lista completa

Otra preocupación relevante se refiere al impacto político que podría tener sobre la dinámica electoral y el sistema de partidos la individualización de las elecciones, al quitar el casillero “lista completa”, que fue parte importante del debate parlamentario. Si bien la exclusión de optar por todas las categorías de un partido puede facilitar el acceso de fuerzas minoritarias o provinciales al Congreso, reduciendo el efecto “arrastre hacia arriba”, también podría fomentar una mayor atomización del sistema político. Al incentivar un voto más individualizado, la BUP debilita el efecto «arrastre» de las boletas partidarias tradicionales, que suelen consolidar votos para listas completas. Este debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales podría derivar en cuerpos legislativos más fragmentados, dificultando la gobernabilidad. A su vez, esta nueva realidad electoral obligaría a los partidos políticos a buscar figuras carismáticas que encabecen las listas, poniendo en riesgo la cohesión interna de las fuerzas políticas tradicionales. Un candidato con gran visibilidad pública podría tener las mismas oportunidades de éxito que aquellos respaldados por partidos consolidados, lo que alteraría la dinámica habitual del proceso electoral.

Otros cambios

Además de la aprobación de la Boleta Única de Papel, el Congreso de la Nación también aprobó otros cambios significativos en el marco electoral. Uno de los principales ajustes se refiere a la fecha de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se trasladó del segundo domingo de agosto al primer domingo del mismo mes. Asimismo, se introdujeron cambios en los plazos de cierre de listas y el inicio de la campaña electoral. El cierre de listas ahora será 70 días antes de las PASO, en lugar de los 50 días establecidos anteriormente. En cuanto a la campaña, su inicio se adelantará a 60 días antes de las elecciones, en lugar de los 50 días que regían hasta ahora.

Reformas congeladas

La votación de la “Ficha Limpia” ha vuelto a ser postergada en el trámite legislativo argentino, pero esta vez la demora no responde a especulaciones políticas. En lugar de ello, los diputados aún no logran unificar los diversos proyectos que circulan en la cámara baja. La principal controversia gira en torno a si la restricción para que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas debería aplicarse sólo a aquellas con condenas en primera instancia o si estas condenas deben ser confirmadas por un tribunal superior. Esta falta de consenso ha llevado a que la discusión sobre esta iniciativa se mantenga abierta y en el aire.

Los críticos de la «Ficha Limpia» plantean preocupaciones desde un punto de vista constitucional. Argumentan que la propuesta podría violar el principio de presunción de inocencia, al impedir la participación en elecciones a individuos que aún no tienen una condena firme. Este enfoque puede ser visto como una forma de justicia populista que, en lugar de proteger la democracia, limitaría el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes. Proscribir a un ciudadano sin una sentencia definitiva podría considerarse una condena anticipada, afectando no solo a los postulantes, sino también a millones de votantes que perderían la opción de elegir a figuras con una representatividad significativa.

En otro orden, defensores de la «Ficha Limpia», como Jorge Enríquez, diputado nacional (MC) por la Ciudad de Buenos Aires, argumentan que el principio de inocencia no se ve afectado si una persona no puede ser candidata. Según Enríquez, la ley tiene la facultad de establecer razonablemente las condiciones para las candidaturas, enfatizando que la idoneidad es un requisito fundamental para ocupar cargos públicos, tal como lo establece el Artículo 16 de la Constitución Nacional. Además, sostiene que la implementación de la «Ficha Limpia» podría ser un paso crucial para restaurar la confianza en las instituciones democráticas, evidenciando un compromiso con la transparencia y la ética en la política.

También se pospuso el tratamiento del voto por correo para los argentinos residentes en el exterior. De aprobarse el proyecto, los ciudadanos argentinos en el exterior tendrían el mismo derecho a votar que aquellos dentro del territorio nacional, con la opción de emitir su voto de manera presencial o mediante correo postal. Sin embargo, el dictamen que se tratará, en algún momento, en la cámara baja se limita a los cargos electivos a nivel nacional y no incluye las PASO, lo que generó disidencias entre algunos legisladores que solicitaron que se incorporara esa instancia en la normativa. 

Conclusiones

La reciente aprobación de BUP marca un hito significativo en el sistema electoral argentino, transformando la forma en que los ciudadanos ejercen su derecho al voto. Este nuevo formato, que agrupa toda la oferta electoral en una sola boleta, promete simplificar el proceso de votación, reducir los costos asociados a la impresión y distribución de boletas, y mitigar problemas históricos como la falta de boletas en ciertos centros de votación. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos. La complejidad operativa, especialmente en distritos grandes, y la necesidad de capacitación para votantes y funcionarios electorales son aspectos que deberán ser abordados cuidadosamente para evitar confusiones durante las primeras elecciones bajo este sistema.

Además, su impacto político puede ser profundo. Al individualizar el voto y eliminar el casillero de «lista completa», se corre el riesgo de fragmentar aún más el sistema político argentino, debilitando la cohesión de los partidos tradicionales y abriendo la puerta a una mayor atomización del espacio político. Esta nueva dinámica podría fomentar la creación de candidatos carismáticos que, en lugar de estar respaldados por partidos consolidados, podrían arrastrar a la política hacia un mayor personalismo, afectando la gobernabilidad en el futuro.

Junto a la BUP, también se han introducido modificaciones importantes en el calendario electoral y los plazos para la presentación de listas y el inicio de campañas, lo que indica un esfuerzo por optimizar la organización del proceso electoral. Sin embargo, las iniciativas complementarias, como la «Ficha Limpia» y el voto por correo de los argentinos residentes en el extranjero, han sido postergadas, lo que refleja la complejidad del proceso legislativo en Argentina y la necesidad de un consenso amplio para avanzar en reformas electorales, especialmente en un escenario político de alta fragmentación, donde ni el oficialismo ni la oposición pueden constituir mayorías absolutas en ninguna cámara.