por 1° de mayo – Día Internacional del Trabajo
Introducción
Como cada 1° de mayo, el mundo conmemora el Día Internacional del Trabajo como una fecha histórica de lucha por los derechos laborales, por condiciones de vida dignas y por la construcción de sociedades más justas, desde el foco de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de las economías y las sociedades.
Actualmente no puede pensarse dicho espíritu de lucha si no se observa el mercado laboral con una mirada crítica y transformadora sobre las desigualdades estructurales que persisten en el acceso al empleo, la calidad del trabajo y la distribución de las tareas de cuidado y que reflejan la posición desventajosa en la que se encuentran especialmente las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en el mercado laboral argentino.
Por medio de este informe, desde el Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Moisés Lebensohn, proponemos generar un análisis de los principales indicadores del mercado laboral y su evolución desde el año 2019 a través de una lectura interseccional y federal sobre la situación actual del empleo en nuestro país. Partiendo del reconocimiento de que las mujeres, las diversidades y las juventudes enfrentan mayores barreras para acceder al trabajo registrado, bien remunerado y con derechos; y que esas desigualdades no son coyunturales, sino estructurales.
En un contexto económico marcado por crisis sucesivas, alta inflación, pérdida de poder adquisitivo y reformas regresivas en materia de derechos laborales, este documento busca poner en el centro del debate público las múltiples formas en que se expresa la desigualdad laboral en Argentina. Desde el acceso limitado a empleos de calidad, pasando por las brechas salariales y la informalidad, hasta el trabajo no remunerado de cuidados que sigue recayendo casi exclusivamente sobre las mujeres, el panorama actual exige respuestas urgentes y transformadoras.
De esta forma, a partir del análisis de datos recientes, la recopilación de experiencias territoriales y el aporte con una serie de propuestas concretas, este informe se propone visibilizar los principales desafíos que enfrentan las mujeres y diversidades en el ámbito laboral, contribuyendo a la construcción de políticas públicas que garanticen una igualdad sustantiva en el acceso, las condiciones y el ejercicio de los derechos laborales, económicos y sociales.
Porque no hay trabajo digno sin equidad, y porque reconocer, redistribuir y valorar el trabajo en todas sus formas es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Radiografía del empleo en Argentina
En Argentina, el trabajo se encuentra contemplado en la Constitución Nacional a través del art. 14 bis que dispone los derechos al trabajo, a ejercer dicha labor en condiciones dignas y equitativas, a una retribución justa, al descanso pago, así como los derechos a la agremiación y a garantizar los beneficios de la seguridad social. Además, existe legislación laboral diversa que regula este derecho consagrado constitucionalmente, que incluyen la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos, los regímenes especiales y las normativas que regulan la seguridad social.
Sin embargo, en los últimos años el mundo laboral ha experimentado diversos desafíos a nivel mundial relacionados al talento, la irrupción con mayor potencia de la automatización y la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el surgimiento de nuevos empleos y del teletrabajo – en especial pospandemia – y la búsqueda por parte de los/as trabajadores de un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, que requieren una revisión y discusión profunda del escenario laboral y las normativas que lo rigen.
Nuestro país no se encuentra exento a las consecuencias de dicho contexto, por lo que, sumado a la crisis sanitaria del COVID-19, las crisis económicas, los altos niveles de inflación y los cambios en las políticas laborales impulsadas por los diferentes gobiernos nacionales, el mercado laboral argentino se vio perjudicado, o por lo menos, arrastra de hace décadas los mismos problemas, que impactan especialmente a la población joven, a mujeres y diversidades. En este sentido, la evolución de los principales indicadores laborales entre el 4° Trimestre del año 2019 y el 4° Trimestre del año 2024, permite vislumbrar los impactos de la pandemia en la sociedad, así como las tendencias de recuperación y estancamiento posteriores a la misma.
Como consecuencia de las restricciones sanitarias previstas en el ASPO – Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (Decreto 297/20 y modificatorias) y la contracción de la actividad económica, la Tasa de Actividad descendió del 47% al 45% entre el 2019 y el 2020, mientras que la Tasa de Empleo cayó del 43 al 40% registrando la mayor caída interanual desde la crisis del 2001, especialmente en sectores de servicios, hotelería, gastronomía, construcción y trabajo informal, y un aumento en la Tasa de Desocupación del 8.9% al 11% en el mismo período.
A partir del 2021 la actividad y el empleo retomaron niveles cercanos a los del período pre-pandemia, siendo de 46.9% y 43.6% respectivamente. Asimismo, la desocupación se redujo al 7%, evidenciando una recomposición parcial del mercado de trabajo, dada en gran parte por la flexibilización de las restricciones determinadas por la DISPO y la reactivación de los sectores de servicios.
Hacia el 2023 las tasas continuaron mejorando, alcanzando un 48.6% la tasa de actividad y un 45.8% la tasa de empleo, pero las políticas de desregulación económica junto a la inflación afectaron fuertemente los ingresos reales de la población trabajadora. Asimismo, si bien la desocupación descendió hasta el 5.7% en el mismo año (tasa más baja desde el 2019), en el 2024 se advierte un incremento en la tasa al 6.4%, lo que podría estar señalando una mayor presión sobre el mercado laboral. En la población desocupada destaca un incremento del peso relativo de los grupos de edades de 30 a 63 años (4° Trimestre 2024).
Asimismo, cabe decir que el INDEC en un nuevo informe que aborda la informalidad laboral, revela que un 42% de los trabajadores empleados al 4° Trimestre del 2024 en los conglomerados urbanos se encuentra en la informalidad, es decir, desarrollan sus actividades al margen de las normas que la regulan, lo que repercute seriamente en el acceso a derechos esenciales tales como la seguridad social y las jubilaciones. Presenta un leve incremento respecto al mismo trimestre del año anterior (41,4%).
Si se analizan las tasas específicas del empleo informal según la categoría ocupacional puede verse que la informalidad alcanza al 62.4% de los cuentapropistas, a un 19.7% de patrones y a un 36.1% de los asalariados. Según el sexo, las más afectadas son las mujeres con una tasa del 43.4%, y según la edad los jóvenes hasta 29 años con una tasa del 58.7%. Cabe destacar que según las ramas de actividad, las tasas de empleados sin aportes lo encabeza el sector de servicio doméstico (77%), seguido por la construcción (76.6%), el comercio (51.9%) y la industria manufacturera (36.1%), no contemplándose en el análisis al sector rural (el cual se estima posee alta informalidad en las labores).
Respecto al poder adquisitivo de los/as argentinos/as, este ha experimentado una disminución sostenida como consecuencia de la brecha entre los ingresos y el ritmo de la inflación. Si bien se registraron incrementos en las remuneraciones, estos no lograron acompañar la aceleración del nivel general de precios. Como resultado, se produjo una pérdida significativa del salario real, que impactó con mayor fuerza en los sectores más vulnerables, quienes, aun con los aumentos salariales, ven reducida su capacidad de compra año tras año.
Como se puede ver en la evolución entre 2020 y 2024, esta tendencia se fue profundizando. en 2020 la inflación acumulada alcanzó el 36 %; aunque los controles de precios, el congelamiento de tarifas y la caída de la demanda en ciertos sectores moderaron parcialmente su avance, los salarios reales empezaron a deteriorarse. En los años siguientes, la emisión monetaria, el desequilibrio fiscal y las persistentes brechas cambiarias dispararon aún más los precios, ampliando la brecha entre ingresos e inflación y obligando a los hogares a recortar gastos en consumo no esencial.
El salario promedio de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables – RIPTE – pasó de $239.882,73 en marzo de 2023 a $705.832,58 en marzo de 2024, con una suba nominal del 194,2%. Sin embargo, en ese mismo período, la inflación acumulada fue del 287,9%, lo que implicó que los ingresos reales de los trabajadores formales sufrieran una pérdida considerable frente al costo de vida, obligando a los hogares a ajustar drásticamente sus patrones de consumo, priorizando alimentos básicos y servicios esenciales como transporte y vivienda.
Durante 2024, si bien se implementaron medidas de ajuste fiscal y la inflación comenzó a mostrar señales de desaceleración, los niveles de precios continuaron siendo elevados. La inflación interanual alcanzó el 118%, y aunque hubo una recomposición parcial de los salarios, ésta no fue suficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo. En marzo, el ingreso promedio de los trabajadores formales seguía por debajo de la canasta básica total, que ya superaba los $770.000 sin contemplar el costo del alquiler. Esto dejaba a muchas familias trabajadoras por debajo de la línea de pobreza, incluso dentro del empleo formal. A su vez, los aumentos en servicios públicos y transporte ejercieron una presión adicional sobre el ingreso disponible. Por ejemplo, el boleto de colectivo pasó de $18 en 2022 a $426 en 2025, mientras que la tarifa del subte escaló de $67 a $869 en el mismo período. Estos incrementos impactaron directamente en el presupuesto de los hogares, reduciendo aún más su capacidad de cubrir necesidades básicas y limitando el acceso a bienes y servicios esenciales.
En este contexto de creciente desigualdad, la pobreza continúa sosteniéndose en niveles alarmantemente elevados. Este panorama evidencia cómo la constante erosión del poder adquisitivo, profundizada por la disparidad entre los aumentos salariales y la inflación, ha empujado a una proporción significativa de la población por debajo de la línea de pobreza. La precarización laboral y los ingresos insuficientes no solo han limitado la capacidad de consumo, sino que también han incrementado la vulnerabilidad de millones de hogares, ampliando la brecha entre los sectores más favorecidos y los más empobrecidos.
A pesar de que en los primeros meses de 2025 la inflación muestra signos de desaceleración y los salarios logran, en algunos casos, superar la inflación de manera nominal, esta mejora sigue siendo insuficiente para cubrir los costos fijos de las familias. Esto obliga a muchas de ellas a continuar reduciendo el consumo de productos no esenciales o, en situaciones aún más críticas, a resignar incluso necesidades básicas. En este escenario de retracción del consumo, la recuperación del salario real y el acceso equitativo a los servicios esenciales se vuelven condiciones clave para frenar la caída en el nivel de vida. Sin embargo, la mejora parcial de los salarios no ha logrado contrarrestar la pérdida acumulada del poder adquisitivo, lo que sigue afectando gravemente la calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. La situación permanece crítica, y resulta urgente implementar políticas públicas que fomenten una recuperación efectiva del salario real, garantizando, al mismo tiempo, el acceso universal y equitativo a los servicios esenciales para la población.
Mujeres y diversidades en el mundo laboral
La participación de las mujeres y diversidades en el mercado laboral continúa enfrentando desafíos significativos en nuestro país, por lo que en este apartado se analiza el escenario actual, dando cuenta de las brechas estructurales que persisten e impiden alcanzar una plena igualdad de oportunidades en la experiencia laboral. Se profundiza en la magnitud del problema y la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas que garanticen un mercado laboral más justo e inclusivo.
En primer término, se deja constancia que existe una escasez de datos desagregados por identidad de género en Argentina, lo que dificulta la generación de un análisis preciso y exhaustivo, dado que los datos del INDEC y otras fuentes oficiales realizan sus análisis desagregando a la población, principalmente por sexo y grupos de edad. Sin embargo, algunos de los principales indicadores del mercado laboral correspondientes al 4° trimestre del 2024 ya dan cuenta de esta desigualdad estructural entre las mujeres y varones. La brecha comienza en la participación en el mercado laboral, siendo la tasa de actividad de las mujeres del 53.1% frente a un 70.8% de los varones, una diferencia de 17.7 p.p. que refleja las barreras que enfrentan las mujeres para insertarse laboralmente, muchas de ellas que pueden relacionarse a una desigual distribución de las tareas de cuidado no remuneradas.
También respecto la tasa de empleo refleja la desigual posición en la que se encuentran las mujeres, ubicándose en un 49.4% frente a una tasa del 66.5% de los varones, lo que indica que, aún entre quienes participan del mercado laboral, las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Respecto a la tasa de desocupación, aunque la diferencia es más leve, continúa siendo desfavorable, ya que la tasa de desocupación de las mujeres alcanza el 6.9% frente al 6.1% de los varones, lo que puede ser indicativo de una inserción laboral más vulnerable y con menor estabilidad, encontrando las mujeres no sólo mayores dificultades para conseguir empleo, sino también para sostenerlo.
Uno de los indicadores significativos de desigualdad es la brecha salarial, estimándose que las mujeres perciben entre un 25% y un 30% menos que los varones por el mismo trabajo. Esta brecha se amplía para aquellas mujeres que se desempeñan en sectores informales y para las personas del colectivo LGBTIQ+, quienes enfrentan aún mayores dificultades para acceder a trabajos formales con remuneraciones acordes a las tareas que desempeñan.
En este sentido, las mujeres continúan enfrentando una marcada segregación ocupacional que se expresa en su desempeño en sectores y roles tradicionalmente feminizados, con menores remuneraciones, posibilidades de ascenso y reconocimiento profesional, como ser los sectores de servicios, enseñanza, salud y trabajo doméstico (siendo éste el sector más feminizado, con los niveles más altos de informalidad y una de las remuneraciones más bajas de todo el mercado laboral), mientras que los varones se concentran mayoritariamente en actividades como la construcción, la industria manufacturera y el transporte, rubros que suelen registrar mayores salarios. Esta división sexual del trabajo no sólo reproduce estereotipos tradicionales de género, sino que profundizan aún las desigualdades. Además, las mujeres tienen una representación muy baja en cargos jerárquicos y de decisión, lo que evidencia un techo de cristal persistente, limitando su acceso a oportunidades de crecimiento profesional.
La tasa de informalidad es del 39,3% en las mujeres y del 36,6% en los varones, con una brecha de 2,7 puntos porcentuales. La citada brecha es 0,9 puntos porcentuales menor a la registrada en el segundo trimestre de 2021. También, es destacable que además de las tareas realizadas, las mujeres trabajan más horas por semana en total, considerando el trabajo remunerado y el no remunerado, que los hombres, reflejando una mayor carga de trabajo y responsabilidades. De hecho, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INDEC, 2021) las mujeres dedican el doble de horas que los varones al trabajo no remunerado —como tareas domésticas y de cuidado— lo cual limita su disponibilidad para empleos de jornada completa, puestos de responsabilidad o capacitaciones que impulsen su carrera profesional. Esta carga invisible incide en su menor inserción en sectores dinámicos de la economía y las empuja, en muchos casos, hacia trabajos informales, de tiempo parcial o en roles de apoyo operativo.
Trabajo no remunerado y sistema de cuidados
Cuando abordamos a las mujeres en el ámbito laboral, no puede dejar de mencionarse el trabajo no pago y el sistema de cuidados, que constituyen el corazón invisible de la economía doméstica del hogar, que sostienen la economía y permiten el funcionamiento de las demás actividades productivas. En nuestro país, el abordaje integral del trabajo no remunerado y los sistemas de cuidados continúan siendo una deuda pendiente, ya que a diario, miles de mujeres realizan tareas de cuidado de niñas, niños, personas mayores o con discapacidad, y el trabajo doméstico, sin recibir un salario ni reconocimiento económico por ello.
Estas tareas, fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, no están distribuidas de manera equitativa entre los géneros ni sostenidas por políticas públicas acordes, situación que se agrava por el contexto económico, ya que la pérdida del poder adquisitivo, la inflación y la inestabilidad del empleo hacen que cada vez más familias no puedan afrontar los gastos de los servicios de cuidado, recayendo las responsabilidades de ese cuidado aún más sobre las mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021), 9 de cada 10 mujeres argentinas realiza trabajo doméstico frente a casi 7 de cada 10 varones. También, las mujeres dedican el doble del tiempo en el trabajo doméstico que los varones (04:06 horas vs. 02:38 horas), así como del trabajo de cuidado (06:07 horas vs. 03:30 horas). Asimismo, la Encuesta de la Deuda Social Argentina – EDSA – (2024) 3 de cada 10 personas de la población urbana del país son demandantes de cuidado y entre ellas, el 80% son niños y niñas de hasta 13 años de edad que requieren cuidados regulares por su sola condición de niños/as. El 20.2% son personas que demandan cuidados especiales, por tener limitaciones o dificultades que afectan su vida diaria.
Respecto a las responsabilidades de dichas tareas de cuidado, un 97,2% de las tareas de cuidado en los hogares no son remuneradas. Estos cuidados son asumidos en su mayoría por algún miembro del hogar (86,9%); familiares y amigos (16%) y, en pocos casos, personal remunerado (2,8%), mientras que en un 2,6% de los hogares, las tareas de cuidado las asumen instituciones públicas u organizaciones gratuitas. Y en cuanto al perfil de las personas que cuidan, el informe subraya la predominancia de las mujeres en dichos roles, la cantidad de tiempo diario dedicado a estas tareas, así como las diversidad características socioeconómicas y demográficas de quienes asumen estas responsabilidades.
Personas trans y acceso al empleo
Según el Censo del año 2022, casi 200.000 personas en nuestro país no se identifican con el género asignado al nacer: un 38.6% se identifica como varón o masculinidad trans, el 30.8% como mujer o feminidad trans y el 19% como persona no binaria. Cabe decir que es la primera vez en nuestro país que se cuenta con información respecto a las identidades de género en nuestro país que no sea de mujer o varón cisgénero.
Las personas trans han sido históricamente excluidas debido a factores estructurales y culturales heteropatriarcales que atraviesan a la sociedad, enfrentando muchas veces la estigmatización social que lleva al aislamiento y a la baja autoestima de la persona que la sufre. La identidad de género sigue siendo un objeto de prejuicio, que genera discriminacion en entrevistas laborales, en ambientes de trabajo y oportunidades de ascenso tanto en el ámbito laboral como en el ámbito privado. Por otro lado, es importante mencionar que las personas trans enfrentan muchas veces la violencia institucional que, desde el ámbito estatal, los/as empujan a vivir en la marginalidad, con dificultades en su pleno desarrollo.
En el 2024, en el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina, en el cual además de detectar las discriminaciones que sufren en el ámbito educativo y laboral, en donde se detalla el índice de su condición de actividad y la inserción laboral. Según la condición de actividad, el 77.4% de las personas que participaron se encontraban ocupadas, mientras que un 7.3% estaba desocupada. Las tasas de desocupación son mayores entre varones y masculinidades trans (14.3%), feminidades y mujeres travesti/trans (12.3%) y no binaries (10.1%).
La realidad que atraviesan las personas trans muestran que en 2024, 4 de cada 10 mujeres o feminidades trans (38%) afirman haber sido despedidas de su trabajo por su identidad de género y 3 de cada 10 varones o masculinidades trans (30%). Además, son alarmantes los ingresos totales por hogar de las personas trans, siendo dicho ingreso menor a $199.999 en el 54% de los hogares, dando cuenta que la mayoría no llega a cubrir los gastos del hogar.
Asimismo, la marginalidad a la que se ven forzadas las personas trans llevan en su mayoría a las mujeres o feminidades trans a trabajar sexualmente. De hecho, un 48.6% afirma haber recibido dinero u otro pago a cambio de sexo o contenido sexual alguna vez en su vida.
Si bien se avanzó en algunas legislaciones y políticas tendientes a respetar la diversidad de identidades de género existentes a través de la Ley de Identidad de Género (2012), la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti-Trans (2021) y el Programa de Inclusión Laboral para capacitar en herramientas de empleabilidad a personas trans, todavía los desafíos son grandes debido a los retrocesos del gobierno de Javier Milei en materia de diversidad no sólo en políticas públicas, sino también en los discursos de odio, especialmente en redes sociales y medios de comunicación, que alimentan la transfobia y llevan nuevamente a invisibilizar la realidad de miles de personas.
Situación de la juventud en el acceso al empleo
El mercado de trabajo en Argentina continúa siendo un desafío para la juventud, quienes enfrentan altos niveles de desempleo y condiciones laborales precarias en comparación a sus pares adultos, desigualdad que se ve aún más agudizada si consideramos la situación de las mujeres jóvenes.
En este sentido, según los datos del INDEC al último trimestre de 2024, las tasas de actividad y de empleo en mujeres (43.6% y 37.6%) y de varones (52.2% y 45.7%) de 14 a 29 años son considerablemente menores respecto a la población de 30 a 64 años: la tasa de actividad y de empleo en mujeres (72.3% y 68.8%) y de varones (91.7% y 88%). Y la tasa de desocupación entre las mujeres de 14 a 29 años fue del 13.8% en 2024, ligeramente superior a la de los varones, que se situó en 12.5%.
En los últimos años, las cifras de desempleo juvenil han mostrado fluctuaciones significativas. En 2019, la tasa de desocupación para las mujeres jóvenes era del 18.9%, mientras que para los varones era del 16.9%. La pandemia de 2020 agravó la situación, alcanzando un 26% para las mujeres y un 19% para los varones. Sin embargo, a medida que la economía comenzó a recuperarse, las tasas de desempleo fueron disminuyendo, pero las mujeres jóvenes siguen teniendo más dificultades para encontrar un empleo. En el año 2021, la tasa de desempleo juvenil fue del 16.2% para las mujeres y del 13.5% para los varones. En 2022 y 2023, las mujeres experimentaron una ligera mejora, con tasas de 13.6% y 13.4% respectivamente, pero continuaron estando por encima de la de los varones, que en 2023 alcanzó el 11.5%.
De esta forma, puede observarse que el desempleo juvenil en nuestro país se caracteriza por altos niveles de informalidad, precariedad y bajos ingresos, afectando especialmente a quienes dan sus primeros pasos en el mercado laboral. La mayoría de las personas jóvenes enfrenta contratos temporales, prácticas profesionales no remuneradas, escasa cobertura social y condiciones desfavorables que deben aceptar para “entrar al sistema”. Esta inestabilidad limita sus posibilidades de proyectar un futuro autónomo, acceder a una vivienda o continuar estudios, generando un clima de incertidumbre que impacta en su salud mental y en su permanencia en empleos formales.
En este contexto, las mujeres jóvenes enfrentan barreras estructurales adicionales: sesgos de género en la selección, discriminación por edad o maternidad, sobrecarga de tareas de cuidado y una inserción laboral restringida a sectores feminizados, mal remunerados y con alta informalidad. Aunque muchas veces superan en formación a sus pares varones, siguen accediendo con mayor dificultad a empleos estables y de calidad. Incluso en momentos de recuperación económica, las brechas persisten y su reincorporación al trabajo es más lenta, profundizando las desigualdades.
Mujeres rurales y la informalidad extrema
Las mujeres rurales representan un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola, viviendo y habitando espacios rurales muy diversos y dedicándose a una gran variedad de actividades (desde su participación en la producción agroalimentaria hasta su contribución con soluciones en la visibilización de los impactos del cambio climático)
No obstante, como señala ONU las mujeres rurales sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser productoras y gestoras como sus pares masculinos, no disponen del mismo acceso y control sobre la tenencia de la tierra y otros recursos productivos, capacitación, servicios financieros y digitales, tecnologías, mercados, trabajo decente y enfrentan una sobrecarga de trabajo no remunerado. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a bienes y servicios públicos, como la educación y asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua, el saneamiento o el acceso a internet. Esto se traduce, entre otras cosas, en un menor nivel de ingresos, ganando en promedio casi el 20% menos que los hombres asalariados que trabajan en el sector agrícola.
En nuestro país, un 11% de la población total vive en la ruralidad, representando más de 5 millones de personas (Censo 2022) que se caracteriza por atravesar un proceso de envejecimiento y de masculinización de las zonas rurales, que se contrapone al contexto de crecimiento de la feminidad de la población a nivel nacional. Sin embargo, no existe información específica actualizada sobre los trabajos rurales que las mujeres desarrollan. Todo esto conlleva dificultades en algunas zonas a las posibilidades de acceder a la educación, a la profesionalización y a las nuevas tecnologías, así como a la atención sanitaria. De hecho, las barreras geográficas para acceder a los centros de salud, tiene gran impacto en las mujeres rurales, campesinas e indígenas, reduciendo el seguimiento de los embarazos, el acceso a métodos anticonceptivos y los controles ginecológicos.
Asimismo, las brechas económicas entre mujeres y varones en el ámbito rural siguen existiendo, solo el 20% de la tierra se encuentra en posesión de ellas; el 22% gestiona sobre un promedio no mayor a 5 hectáreas y un 0.5 % del total trabaja arriba de 10 mil hectáreas. El crecimiento económico, da poder, eleva a la mujer colocándola en pie de igualdad con el hombre. El poder trae consigo la paridad y, por lo tanto, esa independencia económica resulta ser una fuerte barrera para cualquier tipo de violencia.
Conclusión y líneas de acción para una agenda laboral equitativa
Desde hace años, desde el Observatorio de Género y Diversidad analizamos las desigualdades laborales entre mujeres y varones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que permite ver que las brechas continúan siendo una constante, sin avances sustanciales hacia una mejora significativa.
Es por ello, que planteamos diferentes acciones y propuestas tendientes a visibilizar y combatir estas disparidades generando conciencia, promoviendo la formación con perspectiva de género y la adopción de políticas públicas con foco en abordar no sólo a las problemáticas que aún arrastran las mujeres en el mercado laboral, sino también que trabajen con aquellas poblaciones que presentan las tasas laborales más desfavorables como son las personas travestis-trans, las mujeres rurales, las mujeres indígenas y la juventud. Éstas deben ser impulsadas por empresas, instituciones y gobiernos, y subrayamos que reducir la brecha salarial de género no solo es una cuestión urgente, sino también un derecho humano fundamental, ya que implica garantizar igualdad de oportunidades y condiciones laborales para todas las personas, sin importar su género.
En este marco, resulta esencial avanzar en una serie de acciones que aborden de manera integral las desigualdades laborales de género. Primero, es necesario fortalecer la formación y sensibilización con perspectiva de género en todos los niveles del ámbito educativo y laboral. Los programas de formación deben ser inclusivos, de manera que no sólo se capacite a los/as trabajadores, sino también a los liderazgos empresariales y funcionarios/as públicos, con el fin de generar una comprensión común de la equidad de género en el trabajo. Esta sensibilización debe acompañarse de políticas claras que promuevan la igualdad salarial y de oportunidades en las empresas, con mecanismos transparentes para la asignación de roles, promociones y salarios, garantizando que estos procesos no estén condicionados por prejuicios de género. Además, se debe fomentar el acceso de las mujeres a puestos de decisión en todos los sectores, eliminando las barreras estructurales y culturales que limitan su participación. Esto puede lograrse mediante programas de mentoría, redes de apoyo y la creación de un entorno laboral inclusivo.
En paralelo, es necesario impulsar la corresponsabilidad entre el trabajo y las responsabilidades domésticas, ofreciendo políticas laborales que incluyan licencias parentales equitativas, flexibilidad horaria y acceso a servicios integrales de cuidados, lo cual permitiría que tanto mujeres como hombres puedan equilibrar sus responsabilidades de manera más justa.
Es igualmente fundamental implementar medidas eficaces para prevenir y erradicar el acoso laboral y la violencia de género en los entornos de trabajo. Las instituciones deben contar con normativas claras, canales confidenciales para denuncias y protocolos eficaces para abordar estos casos. Este enfoque integral debe ser promovido no sólo por los gobiernos, sino también adoptado de forma voluntaria por las empresas, con el apoyo de la sociedad civil. La colaboración internacional también juega un papel crucial, ya que compartir buenas prácticas y establecer estándares globales ayudará a nivelar las condiciones laborales para todos los géneros, en cualquier parte del mundo.
En definitiva, avanzar hacia una mayor equidad de género en el mundo del trabajo requiere voluntad política, compromiso institucional y una transformación cultural sostenida. Desde este observatorio, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de conocimiento, el diseño de propuestas y la articulación con actores públicos y privados que permitan construir entornos laborales más justos, inclusivos e igualitarios.